En medio del debate sobre la política de inteligencia financiera del país, el director del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, cuestionó la iniciativa del Gobierno nacional orientada a recuperar el acceso pleno de Colombia al Canal Seguro del Grupo Egmont (ESW).
Galán se pronunció a través de su cuenta en la red social X, donde hizo referencia directa al presidente Gustavo Petro y al momento en el que se impulsa la medida. “¡Qué gran noticia, presidente Gustavo Petro! Lástima que a menos de cinco meses de terminar su periodo se dé cuenta de la importancia de la inteligencia financiera como activo estratégico”, escribió.
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El dirigente agregó que, mientras se reconoce dicha importancia, el país enfrenta consecuencias acumuladas. “Mientras tanto, hay vidas destrozadas, organizaciones criminales fortalecidas y un Estado que llegó tarde”, señaló en su mensaje, en el que también cuestionó el carácter reactivo de las decisiones en esta materia.
El pronunciamiento de Galán se produjo luego de que el Ministerio de Hacienda publicara para comentarios de la ciudadanía un borrador de decreto que pretende restablecer el acceso de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) al Canal Seguro del Grupo Egmont, una plataforma electrónica que permite el intercambio de inteligencia financiera entre países bajo estrictos protocolos de confidencialidad.
En su mensaje, el dirigente político también hizo referencia a propuestas de cara a un eventual gobierno futuro. “Como dice el dicho, mejor tarde que nunca. Pero Colombia no puede seguir reaccionando cuando el daño ya está hecho”, expresó. Asimismo, indicó que en una eventual administración alternativa se buscaría anticipar acciones contra estructuras criminales mediante el seguimiento a sus recursos económicos.
“En el gobierno de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se va a anticipar: se va a golpear a los criminales donde más les duele, en sus finanzas, desmantelando sus redes, cerrándoles el flujo de dinero y recuperando el control del territorio. Porque sin plata, no hay crimen”, afirmó.
Suspensión del acceso y efectos operativos
Colombia hacia parte del Grupo Egmont desde febrero del año 2000, una red internacional que reúne a más de 180 Unidades de Inteligencia Financiera (Uiaf) con el objetivo de combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Sin embargo, el acceso del país al Canal Seguro fue suspendido el 11 de septiembre de 2024.
La decisión se originó luego de que el presidente Gustavo Petro hiciera públicos fragmentos de un documento confidencial remitido por la autoridad de inteligencia financiera de Israel (Impa). En ese documento se mencionaba un presunto movimiento de 11 millones de dólares en efectivo relacionado con la compra del software Pegasus durante el gobierno de Iván Duque en 2021.
Dicha información había sido compartida a través de los canales del Grupo Egmont, cuyos protocolos establecen que los datos deben utilizarse exclusivamente para fines de investigación y no pueden ser divulgados sin el consentimiento de la entidad que los suministra. La organización concluyó que existían vacíos normativos y procedimentales en la legislación colombiana, particularmente en lo relacionado con el principio de consentimiento previo para la difusión de la información.
Alcances del decreto propuesto
De acuerdo con la memoria justificativa del proyecto de decreto, la suspensión generó un escenario de aislamiento internacional que limita la capacidad operativa de la Uiaf para rastrear flujos financieros ilícitos fuera del país. Ante este escenario, el documento plantea la necesidad de fortalecer los mecanismos legales y administrativos que regulan el uso de la información de inteligencia financiera, con el fin de garantizar el cumplimiento de los estándares internacionales exigidos por el Grupo Egmont.
Entre los aspectos centrales se encuentra el ajuste de los procedimientos internos para asegurar que la información recibida de otras unidades sea utilizada conforme a los principios de confidencialidad y consentimiento.
Asimismo, el borrador busca establecer lineamientos claros sobre la circulación de la información dentro del Estado colombiano, delimitando las condiciones bajo las cuales puede ser compartida con otras entidades nacionales, siempre en concordancia con los compromisos internacionales adquiridos por el país.
El Gobierno nacional sostiene que estas modificaciones permitirían recuperar el acceso pleno a la plataforma ESW, lo que facilitaría nuevamente el intercambio de información clave para la identificación de operaciones sospechosas, el rastreo de activos ilícitos y la cooperación con otros países en investigaciones financieras.
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