Empleada de un banco que filtró datos de clientes a red de extorsión desde cárceles fue judicializada: así operaba la estructura criminal

La Fiscalía General de la Nación judicializó a una empleada de una entidad bancaria en La Dorada, Caldas, señalada de ser el enlace clave de una red dedicada a la extorsión desde centros carcelarios.

Se trata de Queila Maryuri Orozco Trujillo, que, según el ente acusador, habría suministrado información sensible de clientes a integrantes de una estructura delictiva que operaba desde la Cárcel de Mediana y Máxima Seguridad Doña Juana.

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De acuerdo con la investigación, la mujer presuntamente accedía a datos de usuarios de la sucursal bancaria donde trabajaba y los compartía con reclusos que hacían parte de la red criminal. Con esta información, los delincuentes suplantaban a las víctimas y adelantaban trámites financieros, especialmente solicitudes de crédito a su nombre.

Posteriormente, el esquema contemplaba una fase de seguimiento en la que la empleada bancaria habría alertado al cabecilla del grupo sobre el momento exacto en que los recursos eran desembolsados. Esto permitía que los responsables contactaran de inmediato a las víctimas para intimidarlas y exigir dinero mediante llamadas extorsivas.

Red estructurada desde prisión

El material probatorio recopilado por la Fiscalía da cuenta de que Orozco Trujillo sostuvo más de 670 comunicaciones con el articulador de la red delictiva, quien se encontraba privado de la libertad. En dichas interacciones, según las autoridades, se habría entregado información detallada sobre clientes del banco.

Como resultado de estos hallazgos, una fiscal especializada de la Seccional Caldas imputó a la procesada el delito de concierto para delinquir con fines de extorsión. Durante las audiencias preliminares, la mujer no aceptó los cargos.

Por decisión de un juez de control de garantías, se le impuso una medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de residencia, mientras avanza el proceso judicial en su contra.

Este caso se suma a una serie de investigaciones que han evidenciado la participación de civiles y funcionarios en redes criminales que operan desde centros penitenciarios, facilitando el acceso a información clave para la comisión de delitos.

Crecimiento de la extorsión carcelaria

El contexto en el que se enmarca este proceso judicial refleja un fenómeno en expansión en Colombia. Las autoridades han advertido que las llamadas extorsivas originadas desde cárceles han alcanzado niveles significativos, con estructuras capaces de movilizar hasta 2.000 millones de pesos al año.

Además, se ha identificado que desde un solo teléfono móvil dentro de prisión pueden realizarse hasta 250 llamadas extorsivas diarias, lo que evidencia la magnitud operativa de estas redes.

Este delito consiste en contactar a una persona desde un número desconocido para amenazarla o engañarla y obtener transferencias de dinero, una modalidad que se ha sofisticado con el tiempo y que afecta a ciudadanos de distintas regiones del país.

El funcionamiento de estas organizaciones se apoya en múltiples factores, entre ellos el ingreso ilegal de teléfonos móviles y tarjetas SIM a los centros penitenciarios. Según las autoridades, esto ocurre en algunos casos con la complicidad de funcionarios corruptos o debido a fallas en los sistemas de control.

También se ha identificado que los inhibidores de señal, instalados para bloquear comunicaciones no autorizadas, facilitan la operación de los delincuentes desde el interior de las cárceles.

Las autoridades han señalado que estas redes operan con niveles de organización comparables a los de centros de atención telefónica. En operativos realizados al interior de cárceles, la Policía Nacional ha encontrado cuadernos con registros detallados de llamadas, datos personales y listados de posibles víctimas, lo que evidencia la sistematicidad del delito.

Ante este panorama, las instituciones han reiterado el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier intento de extorsión. La línea 165 del Gaula de la Policía Nacional está habilitada para recibir estos reportes y activar los protocolos de atención.

Asimismo, se recomienda verificar siempre la información recibida en llamadas sospechosas y evitar realizar transferencias de dinero sin confirmar la veracidad de la situación. El uso de aplicaciones identificadoras de llamadas también puede contribuir a detectar números reportados previamente como fraudulentos.