Ecuador niega que bombardeo en frontera con Colombia fuera contra una granja lechera

El Gobierno de Ecuador rechazó este miércoles 25 de marzo las afirmaciones del New York Times sobre el bombardeo realizado a inicios de marzo en la frontera con Colombia, asegurando que la operación militar no afectó una finca de producción de leche y que estuvo dirigida contra el grupo armado colombiano “Comandos de la Frontera”.

El Ministerio de Defensa Nacional de Ecuador emitió un comunicado en el que detalló que la operación, ejecutada en el marco de la fase Ofensiva Total, contó con apoyo de Estados Unidos y tuvo como objetivo estructuras del crimen organizado transnacional vinculadas a los Comandos de la Frontera.

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El texto del ministerio establece: “En el sector donde se ejecutó la operación militar se registraron hallazgos vinculados a actividades ilícitas, entre ellos un fusil semiautomático y un alimentador con 30 cartuchos.

Durante la intervención, se aprehendió a cuatro ciudadanos colombianos, presuntamente vinculados al Grupo Armado Organizado ‘Comandos de la Frontera’, con fines investigativos. Esta acción fue resultado de información de inteligencia validada en cooperación con los Estados Unidos.”

El ministerio enfatizó que antes, durante y después de la operación, el área fue asegurada y aislada para evitar daños colaterales, y que el lugar intervenido no correspondía a una granja lechera, ya que no había presencia de ganado ni actividad productiva de ese tipo.

Además, recordó que los 40 kilómetros de frontera son zonas de seguridad del Estado donde no está permitida la construcción de asentamientos no autorizados, y que cualquier edificación irregular constituye un delito.

En el comunicado también se resaltó que la operación buscaba prevenir acciones criminales que ya habían tenido consecuencias graves para Ecuador, incluyendo el asesinato de 11 militares en Alto Punino y un ataque armado contra personal de inteligencia que dejó un militar fallecido y cuatro heridos.

Alias “Mono Tole”, vinculado a estas estructuras, es considerado un objetivo de alto valor por las autoridades de ambos países y figura en la lista de los más buscados en Colombia. El ministerio concluyó que las Fuerzas Armadas continuarán actuando con firmeza frente al crimen organizado transnacional, en defensa de la población ecuatoriana.

Contexto de la versión del New York Times

El New York Times publicó que el bombardeo habría destruido una finca ganadera y de producción de leche en San Martín, localidad del norte de Ecuador, y no un campamento de narcotraficantes. Según el medio, los soldados ecuatorianos habrían rociado con gasolina y quemado varias estructuras, sometiendo a cuatro trabajadores a golpes y descargas eléctricas, mientras que los helicópteros regresaron días después para lanzar explosivos sobre los restos.

El informe señala que, aunque el Pentágono afirmó haber participado en la planificación de la operación, los soldados estadounidenses no habrían participado directamente en el bombardeo.

Según el The New York Times, el propietario de la finca, identificado solo como Miguel, aseguró que la propiedad de 350 acres se utilizaba para la producción de leche y carne y mostró documentos de propiedad que respaldan su versión.

Detalles sobre la zona y la operación militar

Ecuador no produce cocaína, pero es un país de tránsito clave para el narcotráfico desde Colombia y Perú. La frontera norte ha sido históricamente un territorio donde operan grupos armados colombianos, y el Comandos de la Frontera ha sido señalado como responsable de diversas acciones violentas en la región.

El gobierno ecuatoriano informó que, durante la operación, se recuperaron armas y otros indicios relacionados con actividades ilícitas. La intervención fue parte de una ofensiva militar mayor destinada a proteger al país y a sus ciudadanos, en coordinación con Estados Unidos, sin que esto implique que se buscara atacar a la población civil.

Reacciones locales

De acuerdo con el medio ya mencionado, residentes de San Martín y trabajadores de la finca denunciaron abusos por parte de los militares, incluidos interrogatorios, golpes y amenazas de muerte, y cuestionaron la versión oficial sobre el uso de la finca como campamento de narcotraficantes.

La Alianza por los Derechos Humanos presentó una denuncia ante las autoridades ecuatorianas y la ONU, señalando que las acciones militares podrían constituir ataques contra la población civil.