Alertan por el costo de las leyes en Colombia: solo 17 normas aprobaron gastos por $11,4 billones

El costo de las decisiones que toma el Congreso no siempre se ve a simple vista, pero termina impactando directamente las finanzas del país. Así lo advirtió el Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana, que puso el foco en un aspecto poco visible del debate legislativo, cuánto cuestan realmente las leyes que se aprueban.

En los últimos años, ese impacto está en aumento. Las normas que implican gasto no solo responden a necesidades sociales o económicas, también crean compromisos que el Estado debe sostener en el tiempo. En ese escenario, 2024 marcó un punto de quiebre.

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Las últimas cifras muestran que ese año se alcanzó el mayor costo fiscal registrado en décadas recientes. Un dato que, más allá de su magnitud, pone sobre la mesa una pregunta clave: ¿está el país midiendo adecuadamente el impacto de sus decisiones legislativas?

El Congreso que entrará en funciones para el periodo 2026-2030 tendrá un papel determinante en esa respuesta. Compuesto por 103 senadores y 161 representantes, no solo definirá el rumbo político del país, también será responsable de aprobar el presupuesto nacional y tramitar iniciativas que pueden aumentar el gasto público.

Cada ley que crea subsidios, programas o beneficios introduce nuevas obligaciones. Algunas son temporales, pero muchas otras se convierten en gastos permanentes que se integran al presupuesto año tras año. Esto reduce la flexibilidad fiscal y condiciona las decisiones futuras. De acuerdo con el Marco Fiscal de Mediano Plazo (Mfmp) de 2025, en 2024 se sancionaron 98 leyes. De ese total, 49 no generaron costos adicionales, mientras que 32 implicaban gasto, aunque no fue posible calcularlo con precisión por falta de información. Solo 17 pudieron ser cuantificadas.

Esas 17 normas representaron un costo fiscal estimado de $11,4 billones, el más alto desde que se tiene registro comparable. Sin embargo, la cifra podría ser mayor, ya que no incluye el impacto de las leyes cuyo costo no pudo ser determinado. Cuando se observa la evolución histórica, el salto es evidente. Entre 2003 y 2010, el impacto anual promedio rondaba los $2,8 billones. Hubo picos en años como 2011 y 2016, pero el nivel alcanzado en 2024 supera ampliamente esos registros.

El problema no es solo el monto, sino la naturaleza del gasto. Buena parte corresponde a obligaciones estructurales, es decir, recursos que deben asignarse de forma recurrente. Esto incrementa las rigideces del presupuesto y reduce el margen de maniobra del Estado.

A esa situación se suma una característica histórica de las finanzas públicas colombianas, su alta inflexibilidad. Más del 85% del gasto del Gobierno nacional está previamente comprometido por normas legales o constitucionales, como el pago de pensiones, el servicio de la deuda o las transferencias territoriales. En ese contexto, cada nueva ley con impacto fiscal estrecha aún más el espacio disponible. La acumulación de compromisos limita la capacidad de respuesta ante crisis o nuevas prioridades.

La legislación colombiana establece que los proyectos que generan gasto deben incluir una estimación de su impacto fiscal y su coherencia con el Mfmp. No obstante, en la práctica, esta exigencia no siempre se cumple con la rigurosidad necesaria.

Aquí es donde cobra relevancia una herramienta que aún no se ha puesto en marcha, la Oficina de Asistencia Técnica Presupuestal (Oatp). Creada por la Ley 1985 de 2019, su propósito es fortalecer la capacidad técnica del Congreso para analizar el presupuesto y evaluar el costo de las iniciativas legislativas. A pesar de estar contemplada en la norma desde hace varios años, la oficina no ha comenzado a operar. Esto ha mantenido al Legislativo dependiendo, en gran medida, de la información que produce el Ejecutivo.

El costo de ponerla en funcionamiento es relativamente bajo. Se estima en cerca de $3.000 millones anuales, una cifra marginal si se compara con el presupuesto del Congreso o con los billones de pesos que pueden comprometerse a través de nuevas leyes. De hecho, el contraste es contundente. El gasto permanente asociado a las normas aprobadas en 2024 equivale a miles de veces el costo de operar esta oficina. Aun así, su implementación sigue pendiente.

Otros países optan por fortalecer sus instituciones fiscales independientes para mejorar la calidad del debate público y la toma de decisiones. Modelos como el Congressional Budget Office en Estados Unidos o la Office for Budget Responsibility en Reino Unido muestran la importancia de contar con análisis técnicos sólidos. El nuevo Congreso tendrá la oportunidad de avanzar en esa dirección. No se trata solo de aprobar leyes, sino de entender plenamente sus consecuencias.