La puesta en marcha de jueces especializados para resolver los conflictos por la tierra en Colombia dio un paso clave en el Congreso. El Legislativo aprobó la ley estatutaria de la Jurisdicción Agraria y Rural, una norma necesaria para que este nuevo sistema judicial pueda comenzar a funcionar y atender disputas históricas relacionadas con la propiedad y el uso de la tierra en el país.
La aprobación de esta ley era uno de los trámites que estaban pendientes desde que en 2023 se creó formalmente esta jurisdicción mediante una reforma constitucional. Sin embargo, sin la ley estatutaria no era posible poner en marcha los tribunales ni los jueces agrarios, por lo que el Gobierno nacional había insistido en la urgencia de sacar adelante esta norma.
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El nuevo sistema judicial agrario permitirá la creación de una Sala Civil, Agraria y Rural tanto en la Corte Suprema de Justicia como en el Consejo de Estado. Además, se crearán tribunales agrarios y rurales y jueces especializados en este tipo de conflictos, algo que hasta ahora no existía en el país y que, según el Gobierno, es una de las razones de los retrasos en procesos relacionados con tierras.
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El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, había reiterado la importancia de que esta jurisdicción comenzara a operar lo antes posible, incluso en medio de debates jurídicos sobre su implementación. “La Corte Constitucional ya reconoció que esta jurisdicción tiene función estructural en la Rama Judicial. Su operación no puede quedar frenada indefinidamente a la espera de una ley ordinaria. El país necesita ya un juez natural agrario”, había dicho el ministro ante la Corte Constitucional.
Uno de los principales argumentos para la creación de esta jurisdicción es que actualmente muchos conflictos relacionados con la tierra, como deslindes, clarificación de baldíos, restitución, propiedad rural o disputas entre campesinos, terminan siendo resueltos por jueces civiles que no necesariamente tienen formación en derecho agrario o conocimiento de la realidad rural. Esto generó demoras en los procesos, barreras de acceso a la justicia para comunidades rurales y conflictos de competencia entre despachos judiciales.
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Desde el Ministerio de Justicia señalaron que la nueva jurisdicción busca precisamente solucionar ese problema y crear decisiones más rápidas y especializadas. “La Jurisdicción Agraria y Rural permitirá decisiones oportunas, técnicas y con enfoque territorial”, explicaron desde esa cartera.
Otro de los objetivos centrales de esta reforma es mejorar el acceso a la justicia en las zonas rurales. La idea es que campesinos, comunidades étnicas y poblaciones rurales puedan acudir a jueces más cercanos a sus territorios, que entiendan las dinámicas del campo, los conflictos por la tierra y la normatividad agraria, algo que hoy no siempre ocurre dentro del sistema judicial ordinario.
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Además, la creación de la Jurisdicción Agraria también está ligada al cumplimiento del Acuerdo de Paz firmado en La Habana con las Farc. El punto uno del acuerdo, relacionado con la reforma rural integral, contemplaba la creación de una jurisdicción especializada para resolver conflictos por la tierra, una medida que durante años quedó pendiente y que ahora comienza a materializarse con esta ley.

El Gobierno insistió en que esta jurisdicción también representa una forma de saldar una deuda histórica con las poblaciones rurales que fueron víctimas del conflicto armado, del desplazamiento forzado y del despojo de tierras durante décadas de violencia en el país. Muchas de estas comunidades tuvieron que enfrentar largos procesos judiciales para recuperar sus tierras o resolver disputas de propiedad, en medio de un sistema que no estaba diseñado específicamente para este tipo de conflictos.
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Con la aprobación de la ley estatutaria, el siguiente paso será la implementación progresiva de los tribunales y jueces agrarios en el país. La expectativa del Gobierno es que esta nueva jurisdicción permita resolver conflictos de manera más rápida, con conocimiento técnico del sector rural y con un enfoque territorial que tenga en cuenta las particularidades de las regiones.
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