El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, condenó enérgicamente los ataques perpetrados contra comunidades vulnerables en el municipio de Bajo Baudó ( Chocó), en medio del paro armado decretado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
“Quienes atacan a las personas que viven en condiciones de mayor vulnerabilidad solamente pueden recibir el calificativo de criminales, criminales y criminales”, afirmó Sánchez, al referirse al ELN como los responsables de amenazar a la población civil y perpetrar crímenes de guerra y de lesa humanidad.
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El ministro sostuvo que la acción sistemática de confinar y amenazar a los habitantes configura delitos graves según el derecho internacional. “Atacar a la población civil, confinarla, amenazarla, es un crimen de guerra, pero cuando se hace de manera sistemática, como lo han hecho, es un crimen de lesa humanidad”, advirtió.
Sánchez recalcó que el ELN, lejos de defender los intereses del pueblo, atenta contra su supervivencia.
Frente al actual escenario, el jefe de la cartera de Defensa afirmó que desplegó miembros de las Fuerzas Militares con el objetivo de recuperar el control, especialmente en los ríos del Bajo Baudó.
Según el ministro, la Brigada de Infantería de Marina número dos, la Brigada número 15 del Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana están articuladas en la zona para garantizar la seguridad de los habitantes y neutralizar a los responsables del paro armado.
En respuesta a la emergencia, el Gobierno también confirmó la recompensa de hasta mil millones de pesos por información que permita capturar al cabecilla del ELN responsable de los hechos violentos en la región.
En particular, se ofrece esa suma por Edwin Londoño Arango, alias Genaro, cabecilla principal del grupo del ELN en el sector. “La invitación aquí es que se desmovilice. De lo contrario, será capturado o iremos absolutamente con toda la fuerza legítima del Estado”, puntualizó el ministro.
Crisis en el Bajo Baudó por disputa entre grupos criminales
El paro armado impuesto por el ELN desde el 17 de marzo mantiene confinadas a más de 6.000 personas pertenecientes a 16 comunidades afrocolombianas y nueve indígenas en el Bajo Baudó.
La Defensoría del Pueblo emitió un llamado urgente para atender la emergencia, debido a que el acceso a alimentos, agua y servicios básicos se encuentra gravemente restringido.
Fuerzas militares refuerzan la seguridad en los ríos del Bajo Baudó tras los crímenes y amenazas de grupos armados ilegales - crédito Faustino Murillo Ramírez/Facebook
La secretaria del Interior y Gobierno de Chocó, Jenny Rivas, informó que la alcaldía de Bajo Baudó prepara el envío de ayudas para mitigar la crisis, pues la población está quedándose sin alimentos y los niños no pueden asistir a clases.
“Esto era prioritario y era muy importante hacerlo y de manera urgente, teniendo en cuenta que estas familias, más de 6.000 personas, se encuentran confinadas en este momento por cuenta del constreñimiento armado ilegal, presentan desabastecimiento, presentan dificultades”, explicó.
Las primeras ayudas consisten en 500 kits alimentarios y 500 con implementos de aseo. Sin embargo, la entrega se vio obstaculizada por condiciones climáticas adversas que impidieron el aterrizaje de la aeronave en Orpúa. Posteriormente, funcionarios lograron llegar a Pizarro, cabecera municipal del Bajo Baudó, donde se realizó un consejo de seguridad y se entregaron 10 toneladas de kits a disposición de la Alcaldía para su distribución entre las comunidades afectadas.
Familias enteras se han desplazado de sus territorios por la violencia. Según Rivas, aproximadamente 150 personas de Santa Rosa de Ijuá se trasladaron a Puerto Meluk Pacífico, dentro del mismo municipio.
Alerta por presencia de otros grupos armados y agravamiento de la crisis
La gobernadora Córdoba alertó sobre la posible incursión de disidencias de las Farc en el sur del departamento en medio del paro armado del ELN, lo que podría agravar la crisis humanitaria en Chocó.
“El permanente acecho del residual o las disidencias de las Farc, que está tratando de ingresar al departamento del Chocó justamente por esta zona sur, genera para nosotros una alerta”, declaró la mandataria.
La confrontación y acciones criminales entre el ELN y otros grupos armados que operan en la región incrementa la presión sobre las comunidades, y agudiza la inseguridad y el desabastecimiento.
Las comunidades de los ríos Orpúa, Hijúa y Docampadó están entre las más afectadas, con desplazamientos forzados, restricciones a la movilidad y la imposibilidad de acceder a actividades básicas como la pesca y el cultivo.
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