Idrd respondió tras escándalo de presunto acoso laboral sistemático de uno de sus funcionarios: no lo despidieron

Tras conocerse públicamente la denuncia sobre un posible caso sistemático de acoso laboral por parte de Hugo Alexander León, jefe de la Oficina Asuntos Locales El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Idrd), desde la Oficina de Comunicaciones emitieron un pronunciamiento oficial.

A través de un comunicado informaron que en la entidad activaron los protocolos institucionales tras las manifestaciones públicas sobre las situaciones que habrían ocurrido al interior de la entidad desde 2024.

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“Se ha actuado de manera oportuna, diligente y conforme a la normatividad vigente desde el momento en que tuvo conocimiento de los hechos”, consta en el documento.

Según las declaraciones, dieron inicio a un proceso interno en el momento en que se tuvo conocimiento de los hechos, en seguimiento a la normativa vigente.

En la Oficina Asesora de Comunicaciones precisaron que el caso fue remitido al Comité de Convivencia Laboral, instancia encargada de promover el diálogo y la conciliación entre los involucrados, pese a que, de acuerdo con sus competencias, no cuenta con facultades para imponer sanciones ni tomar decisiones de carácter judicial, por lo que cualquier determinación de este tipo corresponde a otras autoridades.

Aseguraron que, durante el desarrollo del proceso, se han garantizado la confidencialidad y la trazabilidad de todas las actuaciones, así como el respeto al debido proceso.

Además confirmaron que el funcionario acusado continúa trabajando en la entidad, en tanto que no afronte una determinación superior que signifique su retiro del cargo.

“El servidor mencionado continúa en el ejercicio de sus funciones, ya que no existe decisión disciplinaria o judicial en su contra que limite su permanencia”, subrayó la entidad en su declaración.

La institución reiteró su compromiso con la protección de los servidores públicos, la promoción de entornos laborales seguros y el respeto estricto a los principios legales y de transparencia. Desde el organismo ratificaron que estarán al tanto de las instrucciones de las autoridades competentes y reafirma los principios de legalidad y servicio público.

Concejal de Bogotá denunció presunto acoso laboral sistemático, represalias y eliminación de pruebas

El concejal de Bogotá Leandro Castellanos fue el que expuso en una sesión plenaria del Concejo el presunto caso sistemático de acoso laboral, represalias y eliminación de pruebas al interior del Instituto Distrital de Recreación y Deporte.

Señaló que varias funcionarias y funcionarios de la entidad habrían resultado afectados por estas prácticas. De hecho, en su denuncia incluyó la exposición de un intento de suicidio por parte de una trabajadora y el señalamiento de posibles irregularidades en el manejo de pruebas fundamentales.

Según informó el propio Castellanos, las denuncias recibidas desde 2024 apuntan a una serie de conductas reiteradas de acoso laboral y abuso de autoridad Cortés León.

De acuerdo con el cabildante, estas conductas se habrían traducido en un ambiente laboral hostil, presiones, amenazas, traslados arbitrarios y presunta persecución contra quienes optaron por denunciar. El concejal aseguró durante la plenaria que “lo que está ocurriendo en el Idrd es gravísimo. No solo hablamos de acoso laboral, sino de posibles actos de encubrimiento, eliminación de pruebas y una institucionalidad que estaría fallando en proteger a sus funcionarios. Bogotá merece respuestas y acciones inmediatas”.

Uno de los elementos más sensibles de la denuncia, según expuso Castellanos, es la supuesta eliminación del audio de una reunión del Comité de Convivencia Laboral del Idrd, donde se debatieron pruebas clave relacionadas con los hechos.

Según los registros presentados ante el Concejo, la radicación de la denuncia ante las autoridades ocurrió el 13 de mayo de 2025, mientras que la queja formal ante el Comité de Convivencia Laboral se interpuso el 27 de septiembre del mismo año. Los hechos denunciados se remontan a febrero de 2024.

El expediente leído por Castellanos indicó que la trabajadora que intentó atentar contra integridad “se encuentra medicada sin que tenga una solución efectiva a la fecha, por lo que acudimos a las entidades externas en el entendido que no contamos con garantías dentro de la entidad para solucionar los hechos de atención urgente”.

El caso ya fue notificado a la Procuraduría General de la Nación y a otros organismos de control, que deberán adelantar las investigaciones correspondientes y determinar posibles responsabilidades administrativas o disciplinarias.