El tráfico ilegal de fauna silvestre volvió a encender las alarmas en Colombia, justo en una época del año en la que estas prácticas tienden a intensificarse. A pocas semanas de la Semana Santa, las autoridades ambientales reportan cifras que reflejan la presión que enfrentan especies como la iguana y la tortuga hicotea, altamente demandadas en algunas regiones del país.
Detrás de cada decomiso hay una historia que rara vez se cuenta, la de ecosistemas alterados y animales sometidos a prácticas crueles. En lo corrido de 2026, más de 15.500 huevos de iguana y alrededor de 1.000 tortugas fueron recuperados por las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), en operativos realizados junto a la Policía y con apoyo de comunidades locales.
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Los datos, entregados por Asocars, evidenciaron una problemática persistente que se agudiza en temporadas específicas. Magdalena encabeza la lista de incautaciones, con 8.505 huevos decomisados, seguido por departamentos como Cesar y Córdoba, donde también se registraron cifras significativas.
“Para la obtención de los huevos, las iguanas hembras son sometidas a prácticas crueles que afectan de manera irreversible su capacidad reproductiva y ponen en riesgo la sostenibilidad de la especie”, advirtió Corpamag. “Recordemos que la extracción y comercialización ilegal de huevos de iguana constituye una grave afectación ambiental, con impactos ecológicos, poblacionales y biológicos de alta magnitud”.
El impacto no se limita al bienestar animal. La iguana verde cumple un papel clave en los ecosistemas del Caribe, especialmente en el bosque seco tropical, donde contribuye a la dispersión de semillas y a la regeneración natural. Su disminución, alertan expertos, puede alterar el equilibrio ambiental y acelerar la pérdida de biodiversidad.
A esto se suma un riesgo adicional que suele pasar desapercibido en medio de estas prácticas, la salud humana. Las autoridades advirtieron que tanto quienes manipulan estos productos como quienes los consumen pueden exponerse a enfermedades zoonóticas, es decir, aquellas que se transmiten de animales a personas. Entre ellas, la salmonelosis es una de las más frecuentes, con síntomas que pueden ir desde cuadros gastrointestinales leves hasta complicaciones más severas, especialmente en niños y adultos mayores. Esta situación no solo compromete el bienestar individual, sino que amplía el problema a un plano de salud pública, al generar posibles brotes asociados a la manipulación inadecuada de fauna silvestre.
En paralelo, las tortugas también figuran entre las principales víctimas de este fenómeno. Más de 1.000 ejemplares han sido rescatados en lo que va del año, en su mayoría pertenecientes a la especie hicotea, altamente demandada en ciertas regiones. Las cifras reflejan la magnitud del problema: solo en Sucre se recibieron 456 individuos, mientras que en Córdoba la cifra asciende a 354. A estos casos se suman reportes de entregas voluntarias, como las 130 tortugas morrocoy registradas en Cesar, lo que evidencia que, aunque persiste el tráfico, también hay una mayor conciencia en algunos sectores de la ciudadanía sobre la importancia de proteger estas especies.
El panorama se volvió aún más preocupante al revisar las estadísticas generales. Durante 2025, las Corporaciones Autónomas Regionales atendieron cerca de 40.000 animales, de los cuales el 47,6% eran reptiles, consolidándose como el grupo más afectado por el tráfico ilegal de fauna en el país. Aunque más de 21.000 lograron ser reintegrados a su hábitat natural, el impacto ambiental no desaparece. Cada extracción altera los ecosistemas, rompe ciclos biológicos y debilita la biodiversidad, dejando consecuencias que no siempre son visibles de inmediato, pero que se acumulan con el tiempo.
Frente a este escenario, las autoridades intensifican operativos y campañas de sensibilización, especialmente en temporadas críticas. La cercanía de la Semana Santa, cuando aumenta la demanda de estas especies por tradiciones culturales, representa un reto adicional para los controles. Desde las CAR insisten en que la protección de la fauna no depende únicamente de las autoridades. El llamado es directo a la ciudadanía: evitar el consumo de estos productos, no adquirir animales silvestres como mascotas y denunciar cualquier actividad ilegal.
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