El presidente de la República, Gustavo Petro, pidió la salida de Luis Óscar Galves Mateus como interventor de la Nueva EPS, reveló Caracol Radio, cargo que ocupa desde el 14 de noviembre de 2023, tras haber sido posesionado por Angie Rodríguez, entonces superintendente ad hoc de la entidad.
La solicitud se conoció en un contexto de presunto descontento presidencial con la gestión de Galves, de acuerdo con la información de autoridades oficiales.
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La intervención estatal sobre la Nueva EPS comenzó el 3 de abril de 2024, con la promulgación de la Resolución 2024160000003012-6, por deficiencias financieras. La medida afecta a más de 11 millones de afiliados, según datos oficiales.
Los nuevos problemas de Nueva EPS
Más de 700.000 afiliados en el departamento de Santander quedaron sin acceso a medicamentos básicos debido a la suspensión de la dispensación por parte de Offimédicas, empresa gestora del servicio para la Nueva EPS.
Esta situación, resultado de una deuda acumulada de $61.000.000.000 del Gobierno del presidente Gustavo Petro hacia el gestor farmacéutico, se suma a un panorama de deterioro financiero que amenaza la atención en salud de millones en Colombia, según el documento divulgado recientemente y citado por la fuente original.
La Nueva EPS, que reúne a más de 11 millones de afiliados y se reconoce como la entidad con la mayor cobertura en el país, enfrenta una crisis agravada en los últimos meses. Entre 2022 y la fecha actual, la deuda total de la institución prestadora de servicios se elevó de $6 billones a $24 billones, una cifra que cuadruplica las obligaciones financieras previas y que evidencia un colapso en la gestión de recursos, según el mismo reporte. En paralelo, la empresa acumula más de 120.000 tutelas sin responder y ha rotado cinco interventores en apenas 21 meses, lo que refuerza el diagnóstico de inestabilidad organizativa.
El conflicto detonó cuando Offimédicas—firma encargada de la distribución de medicamentos, insumos médicos y soportes nutricionales tanto en el régimen contributivo como en el subsidiado—informó de la terminación de sus contratos con la Nueva EPS tras identificar “reiterados incumplimientos en las obligaciones contractuales” por parte de la aseguradora, según el documento distribuido por la entidad.
Los pagos pendientes evidencian una cadena de incumplimientos que se remonta a finales de 2023: Offimédicas señaló deudas específicas por $3.478.000.000 en diciembre, $7.079.000.000 en enero, $6.856.000.000 en febrero y $5.879.000.000 en marzo. La empresa precisó que estos montos corresponden a servicios efectivamente prestados, facturados y debidamente radicados, sin que exista respuesta o solución desde la directiva de la Nueva EPS.
La decisión de Offimédicas implica que, desde el 17 de marzo de 2026, cesarán las entregas de medicamentos y productos contratados, aunque la Nueva EPS permanece legalmente obligada a “reconocer, liquidar y pagar la totalidad de las obligaciones económicas pendientes a favor de Offimédicas S.A.”.
“No encontramos respuesta ni compromiso para mejorar esta difícil situación que impide el correcto funcionamiento”, afirmó Offimédicas en el documento distribuido públicamente, enfatizando la falta de diálogo con los directivos de la aseguradora.
La Nueva EPS enfrenta una crisis sin precedentes por deudas y falta de gestión
En menos de dos años, la deuda de la Nueva EPS se ha multiplicado por cuatro, alcanzando $24 billones, según lo reportado en el informe citado. Este crecimiento no sólo impacta a proveedores como Offimédicas, sino que ha generado una acumulación de reclamos judiciales sin precedentes, con más de 120.000 tutelas no resueltas hasta la fecha.
La rotación de interventores —cinco en 21 meses— ilustra la dificultad para establecer una gestión estable en la entidad, lo que ha repercutido en la imposibilidad de establecer acuerdos de pago sostenibles. La crisis actual amenaza con dejar sin servicios a amplios sectores de la población afiliada en regiones críticas como Santander.
La cadena de incumplimientos en la dispensación de medicamentos amplifica la presión sobre el sistema de salud colombiano, ya afectado por la falta de liquidez, la sobrecarga judicial y la intermitencia en los nombramientos de responsables de la intervención estatal.
El caso Offimédicas–Nueva EPS refleja con precisión los desafíos estructurales que enfrenta el sistema, donde los problemas de liquidez y la gestión contractual deficiente colocan en riesgo la continuidad de la atención, dejando a cientos de miles de usuarios sin acceso a medicinas vitales en cuestión de semanas.
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