Tras la detención de los congresistas Wadith Manzur y Karen Manrique, se han generado avances en las investigaciones en el caso de corrupción al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Precisamente, en la tarde del 20 de marzo se registró un nuevo operativo que involucra a un excongresista que ha sido mencionado en la investigación como una de las piezas claves en el escándalo de corrupción.
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El CTI de la Fiscalía General de la Nación, por orden la Corte Suprema de Justicia, adelantó un allanamiento en la residencia del exrepresentante a la Cámara Andrés Calle, en Montería.
Cabe recordar que en la investigación se ha mencionado que el exrepresentante habría recibido alrededor de 1.000 millones de pesos por parte de Sneyder Pinilla para gestionar la aprobación de proyectos que desencadenaron el escándalo.
La importancia de Calle en el caso de corrupción
Andrés Calle, expresidente de la Cámara de Representantes de Colombia, está involucrado en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) por presuntamente haber recibido un soborno de 1.000 millones de pesos.
Según las investigaciones y testimonios de exfuncionarios de la Ungrd, ese dinero habría sido entregado en octubre de 2023 para que Calle apoyara, desde el Congreso, las reformas sociales impulsadas por el Gobierno de Gustavo Petro.
En las declaraciones ante la justicia de Sneyder Pinilla, ex subdirector de Manejo de Desastres de la Ungrd, sostuvo que él mismo le entregó a Calle una maleta con billetes en su apartamento de Montería. Además, existen chats que probarían ese encuentro. Parte del dinero, según la investigación, habría sido destinado a financiar campañas electorales de familiares de Calle.
La Corte Suprema de Justicia ordenó la captura de Andrés Calle en mayo de 2025 y en la actualidad, enfrenta cargos por cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros. El excongresista negó haber recibido el dinero, rechazó cualquier relación con contratos irregulares de la Ungrd y aseguró que confía en que la justicia esclarecerá los hechos.
En la investigación se sostiene que Calle sería parte de un esquema mayor de corrupción que implica el pago de sobornos a congresistas para garantizar apoyo a proyectos del Gobierno nacional, utilizando recursos públicos de la Ungrd.
Hermano de Calle se pronunció
El diputado Gabriel Calle Aguas informó que la inspección judicial al apartamento de su hermano Andrés Calle, ubicada en Montería, se realizó tras una solicitud de la defensa. La diligencia fue ordenada por la Corte Suprema de Justicia como parte del proceso para esclarecer el escándalo relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres en la administración de Olmedo López.
Calle Aguas explicó que la inspección, efectuada el 20 de marzo, busca verificar la veracidad de las declaraciones de Sneyder Pinilla y forma parte de la etapa de práctica de pruebas. Afirmó que estos procedimientos permiten construir la verdad con base en hechos y expresó confianza en que las pruebas demostrarán la inocencia de Andrés Calle.
Cómo avanza la investigación por la corrupción al interior de la Ungrd
Wadith Manzur y Karen Manrique fueron capturados por su presunta participación en el escándalo de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Las autoridades judiciales los vinculan a una red que habría desviado recursos públicos destinados a la atención de emergencias y desastres, utilizando contratos y pagos irregulares a cambio de favores políticos y beneficios personales.
Según la investigación, Wadith Manzur, excongresista, habría facilitado la asignación de contratos de la Ungrd a empresas cercanas, recibiendo a cambio pagos o comisiones. Las pruebas obtenidas incluyen interceptaciones telefónicas, registros de transferencias y declaraciones de testigos que señalan su papel en la gestión y direccionamiento de contratos a cambio de apoyo político en el Congreso.
Karen Manrique, funcionaria vinculada al área administrativa de la Ungrd, está señalada por supuestamente haber participado en la estructuración de los procesos contractuales cuestionados. Se le atribuye la manipulación de expedientes y la autorización de pagos irregulares, permitiendo el flujo de dinero hacia los implicados en la red de corrupción.
Ambos detenidos enfrentan cargos por concierto para delinquir, cohecho propio y peculado por apropiación, dentro del proceso que investiga el desfalco de fondos públicos asignados a la gestión de desastres en el país.
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