El Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia adjudicó $900.000 millones en Títulos de Tesorería a Corto Plazo (TES TCO) con vencimiento el 23 de febrero de 2027, en una subasta que registró una demanda de $2,1 billones, lo que equivale a 2,3 veces el monto finalmente otorgado. La tasa de corte establecida fue de 13,175%, una cifra que refleja las condiciones actuales de financiación del Estado y el contexto de creciente presión fiscal.
La subasta de estos instrumentos, parte de la estrategia del Gobierno de Gustavo Petro para fortalecer el mercado de capitales local, está dentro de un escenario de controversia por el manejo de la deuda pública y las crecientes necesidades de financiamiento del país. El Ministerio detalló que el programa de colocaciones de TES TCO busca aportar liquidez en el tramo corto de la curva de rendimientos y contribuir al desarrollo del mercado interno.
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La emisión se hizo en medio de críticas sobre el nivel de endeudamiento del país. Y es que la deuda neta de Colombia pasó de representar 45% del PIB antes de la pandemia a 61,3% en 2026, según cifras del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf). El organismo advirtió que superar el umbral del 71% podría poner en riesgo la confianza de los inversionistas y encarecer aún más el costo del crédito para Colombia.
El exministro de Hacienda José Manuel Restrepo, candidato vicepresidencial, señaló por medio de X que “el costo de emitir deuda pública se ha incrementado cerca de 40% en los últimos dos años”, lo que implica que “una mayor proporción del presupuesto nacional se está destinando al pago de intereses y menos a inversión social o infraestructura”.
A las críticas de Restrepo se sumó el exdirector ejecutivo de Fedesarrollo Luis Fernando Mejía, que advirtió: “Estamos al borde de un precipicio fiscal. Esta situación es inusual para nuestro país”. Enfatizó que el déficit previsto por el Gobierno para 2025 ronda el 7,1% del PIB, aunque algunos analistas calculan que podría acercarse al 7,5%, niveles similares a los observados durante la pandemia.
Suspensión de la regla fiscal
El endeudamiento y las emisiones de TES son objeto de controversia adicional por la decisión del Gobierno de invocar una cláusula legal que le permitió suspender la regla fiscal para 2025 (norma que establecía que el límite de deuda es igual a 71% del Producto Interno Bruto -PIB- y el ancla de deuda es igual a 55% del PIB). La decisión, liderada por el actual ministro de Hacienda Germán Ávila, generó críticas de entidades financieras y motivó rebajas en la calificación crediticia de Colombia por parte de Moody’s y Standard & Poor’s.
Desde la administración de Gustavo Petro, la explicación oficial apunta a que una parte significativa de las emisiones recientes responde a la necesidad de refinanciar obligaciones heredadas de gobiernos anteriores. El presidente declaró en su cuenta de X que “la deuda que asumimos no es nueva, solo la tomamos para pagar deuda vieja”. Sostiene el mandatario que el país atraviesa semanas de baja liquidez y que la estrategia de deuda busca sortear estos períodos sin comprometer la estabilidad macroeconómica.
Transparencia de las operaciones
No obstante, varios economistas y líderes políticos expresaron dudas sobre la transparencia de ciertas operaciones de venta de TES, como la hecha a finales de 2025 por $23 billones a un solo inversionista extranjero. El exministro Mauricio Cárdenas, excandidato presidencial, calificó la operación como “un retroceso de 25 años” en cuanto a transparencia del mercado de deuda, al señalar que “se colocaron $23 billones a un inversionista privado en condiciones opacas”.
Por su parte, el expresidente de Anif Mauricio Santa María lamentó que “la confianza en el mercado de deuda colombiano se vea afectada por operaciones poco claras que parecen resultado de una situación fiscal desesperada”.
La controversia se trasladó también al ámbito judicial: el candidato presidencial Abelardo de la Espriella interpuso una acción popular ante el Consejo de Estado para solicitar la suspensión provisional de la operación y proteger el patrimonio público. De la Espriella argumenta que “el Gobierno vendió directamente, sin subasta pública, títulos de deuda por $23 billones a un solo inversionista extranjero”, lo que considera una violación de los principios de competencia y transparencia.
Emergencia económica
El clima de tensión se agudizó cuando la administración de Petro declaró un estado de emergencia económica para permitir la expedición de impuestos por decreto, ante el fracaso de su proyecto de reforma tributaria en el Congreso. Los gremios calificaron la medida como un “abuso flagrante del Estado de derecho”, mientras que el profesor de economía Jorge Restrepo afirmó que “no se trata de una situación inesperada: la crisis fiscal se veía venir desde mediados del año pasado”.
El Gobierno insiste en que la mayor parte de los recursos captados mediante deuda se destinan a cubrir pagos de vencimientos previos y a evitar incumplimientos, mientras que la oposición y expertos independientes advierten sobre el riesgo de que el peso del servicio de la deuda desplace otras prioridades del presupuesto nacional y limite el espacio para inversión social y productiva.
El Ministerio de Hacienda defendió la decisión y adujo que la subasta de los TES TCO refuerza la liquidez en el tramo corto de la curva y que la alta demanda demuestra confianza en los instrumentos colombianos.
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