
La fiscal General Luz Adriana Camargo denunció que el principal testigo contra el presidente de Ecopetrol en la investigación por la violación de topes electorales en la campaña Petro Presidente 2022, Ricardo Roa, ha recibido amenazas.
Según sus declaraciones en una rueda de prensa, la Fiscalía está realizando la evaluación de riesgo correspondiente a este testigo. Camargo precisó que el programa de protección de testigos de la entidad se encuentra “haciendo en este momento la evaluación de riesgo y qué medidas entraríamos a adoptar para su protección”.
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La funcionaria no identificó públicamente al testigo, pero recalcó que las amenazas han sido tomadas en serio y que se están considerando medidas de resguardo: “En el caso de Ricardo Roa, tenemos un testigo que es clave para la fiscalía, que ha sido amenazado".
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El caso involucra a Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol, la principal empresa petrolera de Colombia.

La Fiscalía no ha precisado el tipo de amenazas ni su origen, pero enfatizó que el proceso avanza bajo el esquema regular de protección a colaboradores judiciales.
Proceso judicial y antecedentes recientes
El caso contra Roa se enmarca en investigaciones recientes sobre posibles irregularidades en la gestión de Ecopetrol y otros hechos de interés público. La mención a un testigo clave bajo amenaza refuerza la relevancia que la Fiscalía asigna a este proceso y el nivel de riesgo asumido por quienes colaboran con la justicia.
La Fiscalía reiteró que continuará con los protocolos establecidos para la protección de testigos y que informará sobre nuevas medidas si las circunstancias lo exigen.
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El testimonio de exdirectivo de Hocol activa investigación sobre Ricardo Roa en Ecopetrol
El testimonio de Luis Enrique Rojas, exdirectivo de Hocol, desató una crisis en la dirección de Ecopetrol al presentar ante autoridades de Estados Unidos pruebas que implican de manera directa a Ricardo Roa, presidente de la petrolera colombiana, en presuntas presiones indebidas para otorgar un contrato de gas y movimientos financieros irregulares asociados a la adquisición del apartamento 901 en Bogotá.
La junta directiva de Ecopetrol desarrolló una revisión interna y adelantó el cumplimiento de protocolos de gobierno corporativo ante la inestabilidad generada, al mismo tiempo que notificó formalmente a la SEC, al Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) y a tribunales federales, en respuesta a la legalización de la imputación a Roa el 11 de marzo de 2026, según informó El Tiempo.
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A este panorama se suma un dato singular: Rojas entregó a autoridades e instancias judiciales de Estados Unidos evidencia concreta, incluidos chats, grabaciones de audio y correspondencia digital, correspondientes a hasta quince reuniones en las que, según el testigo, Roa habría intentado influir en la adjudicación del contrato a Gaxi S. A. ESP, una empresa vinculada a Juan Guillermo Mancera, expolicía e intermediario en la transacción inmobiliaria.
Las pruebas también señalan la participación de Julián Caicedo, pareja del presidente de Ecopetrol. Por este motivo, la Fiscalía colombiana ejecutó auditorías forenses internas en Hocol para rastrear la trazabilidad de la documentación y evaluar la existencia de transacciones por debajo del valor comercial, ya que el apartamento cuestionado fue vendido a Roa por $1.800.000.000, cuando el avalúo alcanzaba los $2.727.000.000.
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Una amenaza transnacional intensifica la protección al testigo y la presión judicial
El 28 de febrero de 2024, Luis Enrique Rojas recibió una llamada intimidatoria desde un número de Países Bajos. Durante 38 segundos, con uso de distorsionador de voz, le advirtieron que tenía “cinco días para salir del país” si continuaba colaborando con la investigación en contra de Roa. Rojas narró a El Tiempo: “Me dijeron que si seguía declarando, me mataban a mí y a mi familia”. Este hecho llevó a que autoridades estadounidenses evalúen mecanismos de protección especial para garantizar la integridad del testigo ante el riesgo evidenciado.
El propio Rojas, en declaraciones al mismo medio, sostuvo: “Tengo cómo respaldar lo que digo y no hay riesgo alguno para que se me comprometa con algo irregular. Nunca accedí a las presiones y, por el contrario, dilaté la entrega del contrato a Gaxi con argumentos técnicos y financieros”.
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Con la legalización de la imputación a Ricardo Roa, la junta directiva de Ecopetrol decidió notificar de inmediato al mercado, así como a las autoridades estadounidenses, utilizando el formato 6-K para informar sobre la situación y proteger la posición legal de la empresa tanto en Colombia como en el exterior. De acuerdo con una ejecutiva de la compañía consultada por El Tiempo, Roa es “el único CEO de una empresa que cotiza en la Bolsa de Nueva York que permanece en el cargo con un proceso judicial abierto”.
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