Crece la alerta por los problemas que habrá con lo que hay que pagar por el salario mínimo y las reformas pensional y laboral

La publicación del Plan Financiero 2026 y las proyecciones fiscales que hizo el Ministerio de Hacienda generaron inquietud en los principales organismos de control fiscal y centros de pensamiento. Por ejemplo, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) cuestionó la viabilidad del recorte y advirtió que el desequilibrio real podría ser mayor. Centros de pensamiento coinciden en que son necesarias reformas estructurales para enfrentar la magnitud del desafío fiscal.

Dicen estos que el ajuste fiscal propuesto en el Plan Financiero 2026 es considerado insuficiente y riesgoso porque no detalla mecanismos efectivos para reducir el gasto, basa las previsiones en ingresos tributarios optimistas y no incorpora de forma adecuada los efectos de reformas como la pensional y la laboral. Según los mismos, la falta de claridad puede aumentar el déficit y poner en riesgo la confianza y la estabilidad económica de Colombia.

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De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, el balance del Gobierno Nacional Central cerró en -6,4% del PIB en 2025, una mejora de 0,3 puntos porcentuales (pp) con respecto a 2024, debido a la reducción en el gasto de intereses lograda por medio de operaciones de manejo de deuda. A pesar de ello, el déficit primario subió a 3,5%, el mayor nivel en tres décadas sin crisis macroeconómica. Por su parte, la deuda neta disminuyó a 58,5% del PIB, cifra inferior a la prevista anteriormente, gracias a la apreciación cambiaria y la gestión activa de la deuda.

Para 2026, el Gobierno estima que el déficit total alcanzará 5,1% y el primario 2,1%, lo que requeriría un ajuste de 1,5 pp frente al cierre anterior. La estrategia para lograr estos recortes, según el Ministerio de Hacienda, dependerá de un decreto de aplazamiento presupuestal y un control más estricto del Programa Anual Mensualizado de Caja, aunque dichas medidas no están precisadas en el alcance y composición.

Déficit fiscal y ajustes del Gobierno

El Ministerio de Hacienda reconoció que parte de la desviación fiscal corresponde a las estimaciones optimistas sobre ingresos tributarios y a un crecimiento constante del gasto público. El déficit primario del 3,5% refleja la insuficiencia de los ingresos tributarios y la tendencia inercial del gasto, mientras que la reducción del déficit total se debió al menor pago de intereses logrado por la gestión de la deuda.

Según la entidad, herramientas jurídicas como decretos de recorte presupuestal y límites en la ejecución del gasto pueden ser eficaces si se aplican con disciplina. La mejora reciente en los indicadores de deuda pública respondió principalmente a las operaciones financieras y la apreciación del peso. Sin embargo, la cartera no especificó cómo se hará el recorte definitivo de gastos para cumplir los objetivos planteados para 2026.

Preocupaciones y riesgos fiscales

El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) calificó el plan oficial como “poco creíble” en su pronunciamiento del 13 de marzo de 2026, debido a la falta de detalles sobre los mecanismos para reducir el gasto primario. La entidad prevé que, sin medidas de ajuste concretas, el déficit primario de 2026 podría elevarse hasta 3,7% del PIB, lo que generaría un faltante de recursos de alrededor de 32,1 billones de pesos respecto a la meta oficial.

Dentro de los riesgos identificados están:

• Aumento del gasto por la reforma pensional: 0,2% del PIB.
• Incremento del salario mínimo: 0,3% del PIB.
• Efectos de la reforma laboral: 0,2% del PIB.

Las variables podrían elevar el déficit primario a 4,2% del PIB, el déficit total a 7,2% y la deuda neta a 60,7% del PIB, una cifra histórica fuera de los periodos de emergencia como la pandemia.

El Carf sostiene que el ordenamiento fiscal vigente cuenta con herramientas suficientes, como el decreto de recorte presupuestal, para realizar el ajuste necesario sin recurrir a estados de excepción. Sin embargo, advierte que el camino para retornar a la regla fiscal será cada vez más exigente, ya que el ajuste requerido entre 2026 y 2028 es de 4,5 pp del PIB, superior al ajuste anual promedio de 0,9 pp observado históricamente.

Por eso, hizo un llamado conjunto al Gobierno, Congreso y sociedad civil para avanzar en reformas estructurales que reviertan el deterioro de las finanzas públicas.

Reformas y mecanismos de ajuste fiscal

Tanto el Carf como el Ministerio de Hacienda coinciden en que el desequilibrio fiscal colombiano tiene causas estructurales y crónicas, agravadas por la rigidez del gasto y el insuficiente recaudo de ingresos. El impacto de las reformas pensional y laboral podría deteriorar aún más el panorama fiscal.

Asimismo, el Comité advierte que, aunque la mejoría en la relación deuda-PIB se logró gracias a maniobras financieras y la apreciación del tipo de cambio, estas no sustituyen la necesidad de un ajuste estructural. Además, alerta sobre la eventual reducción de liquidez en el mercado de deuda pública interna, lo que podría incrementar las tasas de interés si el déficit primario supera las proyecciones oficiales.

En cuanto al manejo presupuestal, apoya el uso de decretos de recorte presupuestal como principal mecanismo de ajuste, en lugar de instrumentos extraordinarios o la declaración de estados de excepción, que considera económicamente y constitucionalmente inconvenientes.

Consideraciones de Anif, Eafit, EIA y Observatorio Fiscal

Ante esto, por medio de un comunicado, la Anif, Universidad Eafit, Universidad EIA y el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana respaldaron las advertencias del Carf y expusieron las siguientes consideraciones:

• Las cifras del Plan Financiero de 2026 confirman la naturaleza estructural y crónica del desequilibrio fiscal colombiano.
• El déficit primario de 3,5% constituye la profundización de tendencias acumuladas en varios años que se explican por un crecimiento inercial del gasto, la rigidez presupuestal y la insuficiencia en el recaudo.
• El propio Ministerio de Hacienda reconoce en su análisis de desviaciones que las proyecciones de ingresos tributarios presentaron un sesgo optimista sistemático, mientras que el gasto efectivo tiende a superar lo previsto.
• Las evaluaciones que hace el Carf refuerzan nuestra conclusión de que las presiones fiscales eran gestionables mediante instrumentos ordinarios que están claramente previstos en el manejo de las finanzas públicas.
• El hecho de que el Comité estime un faltante de $32,1 billones, y que también señale que un decreto de recorte presupuestal sería el mecanismo efectivo para garantizar el ajuste, demuestra que el ordenamiento presupuestal vigente ofrece herramientas jurídicas suficientes ante una planeación fiscal y presupuestal que corrija los desfases en ingresos y gastos hechos por el propio Gobierno.
• La opción de recurrir a estados de excepción para cubrir brechas de financiación que derivan de desequilibrios crónicos no solo es económicamente deficiente —ya que se elevan las primas de riesgo soberano y se deprime la inversión y la actividad económica—, también es problemática constitucionalmente.
• La estrategia de manejo de deuda que ayudó a mejorar indicadores de corto plazo no es en ninguna medida un sustituto para el ajuste fiscal estructural necesario.
• Incluso, el Comité resalta la posible reducción de la liquidez del mercado de deuda pública interna, lo cual podría presionar —aún más— las tasas de interés al alza en un contexto en el que el déficit primario a financiar sea mayor al previsto.

Así las cosas, los centros de pensamiento apuntaron que el desafío fiscal que enfrenta Colombia requiere reformas inmediatas y compromiso institucional para recuperar la confianza y asegurar la sostenibilidad de la economía. Las decisiones tomadas en materia fiscal y presupuestaria serán clave para evitar que la brecha de financiamiento se amplíe y que la estabilidad macroeconómica se vea comprometida.