
Jeison Javier Pinzón Sandoval, un joven de 20 años diagnosticado con leucemia aguda, falleció el 14 de marzo de 2026 sin haber recibido blinatumumab, un medicamento considerado fundamental para su tratamiento y cuya entrega estaba a cargo de Nueva EPS, entidad intervenida por el Gobierno de Gustavo Petro desde 2024.
Pinzón Sandoval recibió el diagnóstico de leucemia en febrero de 2025. Desde octubre del mismo año, enfrentó dificultades para acceder a blinatumumab, un fármaco de inmunoterapia recetado para tratar la leucemia linfoblástica aguda de precursores de células B. Este medicamento actúa uniendo las células cancerosas con las células T del sistema inmunitario, facilitando su destrucción.
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Durante cinco meses, el joven no recibió el tratamiento, aunque existía un fallo judicial y una orden de desacato que exigían a la EPS el suministro del medicamento.
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“Por parte de Nueva EPS siempre se reciben evasivas, pero ninguna respuesta clara sobre qué pasa con el medicamento”, expresó Pinzón Sandoval en una de sus declaraciones públicas.
A través de su cuenta oficial de X, Funcolombiana había dado a conocer el caso del joven de 20 años, señalando que tenía una tutela a su favor.
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“Paciente con Leucemia aguda sin medicamento prescrito desde octubre. Qué dice Nueva EPS? El paciente tiene tutela con fallo a favor y desacato y esta demora lo expone a riesgo de recaída y muerte (sic)”, expresaron.
Al no obtener respuesta, Pinzón Sandoval presentó peticiones, quejas y reclamos ante la Superintendencia Nacional de Salud. También solicitó la intervención del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y del Gobierno nacional.
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En sus últimas declaraciones públicas, señaló que su caso no había sido escuchado. “La sola quimioterapia no es suficiente”, afirmó, pues consideraba que el medicamento era fundamental dentro del esquema médico ordenado por sus médicos tratantes.

El caso fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con la esperanza de recibir apoyo para garantizar la entrega completa del tratamiento. A pesar de haber acudido a entidades como la Superintendencia de Salud y el Ministerio de Salud, y de contar con una orden judicial, el joven murió sin que se le garantizara el acceso al medicamento, según la organización.
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Tras su fallecimiento, Funcolombiana manifestó: “No hay palabras para describir el dolor y la frustración que nos embarga hoy. Jeisson ha muerto prematuramente y su muerte es responsabilidad del Estado. Desde octubre esperó por el tratamiento que podía salvarlo, pero este no llegó”.
La organización hizo un llamado a la Corte Constitucional, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría para que se investigue el caso y se garantice la protección de los derechos de los pacientes.
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Caso Kevin Acosta
Kevin Acosta, un niño diagnosticado con hemofilia, murió en Bogotá el 13 de febrero de 2026. Según la familia y la Liga Colombiana de Hemofílicos, durante los dos meses previos no habría recibido el medicamento Emicizumab, suministro que correspondía a la Nueva EPS, después de un accidente que habría afectado su condición.
A partir de este caso, la Superintendencia Nacional de Salud anunció la apertura de una auditoría sobre el proceso de atención, señalando que evaluará las posibles barreras administrativas y la entrega del tratamiento para enfermedades huérfanas como la hemofilia. La indagación busca establecer si las instituciones actuaron conforme a los protocolos y si se gestionaron las autorizaciones y el suministro del medicamento en los tiempos adecuados.
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La entidad supervisora indicó que, de hallarse omisiones o irregularidades, podrían aplicarse sanciones administrativas o medidas correctivas. El proceso pretende resguardar los derechos de los pacientes dentro del sistema de salud, en especial los que padecen condiciones raras. La investigación se mantiene activa para determinar los hechos y las responsabilidades en torno a la atención médica recibida por Kevin Acosta.
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