Así es como el Clan del Golfo usaba a funcionarios estatales y sobornaba policías para para acceder a información confidencial

Una investigación judicial en Colombia reveló cómo altos mandos y agentes de la Policía, la Fiscalía General de la Nación y el Inpec (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario) colaboraron activamente con el Clan del Golfo, una de las organizaciones criminales más poderosas del país.

De acuerdo con las pesquisas, los funcionarios mediante la venta de información confidencial, manipulación de investigaciones y sobornos que, entre 2020 y 2021, permitieron al cartel evadir a la justicia y tomar represalias contra las autoridades, según documentos a los que accedió en exclusiva el medio regional El Colombiano.

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En el expediente de más de 200 folios al que tuvo acceso El Colombiano, se detallan los chats desencriptados de Sky ECC que la Interpol entregó a las autoridades colombianas en 2021.

Entre las pruebas más contundentes figura un pago de $10 millones por el análisis clandestino de llamadas, así como transacciones de hasta $80 millones por listas de colaboradores judiciales y rutas de narcotráfico, datos que formaron parte de la audiencia de control de garantías de Jhon Henry González Herrera, alias Medio Labio, quien recibió medida de aseguramiento el 6 de marzo tras su captura el 19 de febrero en Envigado.

La red quedó al descubierto cuando un policía de la Dirección de Investigación Criminal (Dijín) recibió, a través de Sky ECC, una solicitud directa de “Medio Labio” para interceptar la línea de celular de la esposa de un narcotraficante rival.

El policía facilitó el acceso a los sistemas estatales para poner la información al servicio del grupo mafioso, práctica que luego documentó con informes detallados sobre movimientos y localizaciones en Cali y Cerritos —incluyendo un registro de 2.000 llamadas, según revela el expediente publicado por El Colombiano.

Acceso a datos sensibles

En el corazón de la estructura criminal, las operaciones de González Herrera se extendieron a distintas esferas estatales; las pruebas reunidas por la Fiscalía documentan la colaboración de oficiales de bajo y alto rango de la Policía y la participación de agentes adscritos al Inpec, quienes ofrecían servicios que iban desde traslados internos de presos hasta la obtención de documentos confidenciales.

Una de las pruebas más ilustrativas se centra en el intento de frenar una investigación por lavado de activos contra González Herrera y su esposa, donde un agente de la Dijín reclutaba colegas para obstaculizar el proceso y buscaba sobornar incluso a un coronel encargado del caso.

En chats revelados por el medio regional mencionado, González Herrera especificaba: “La idea es tratar de ubicarle la casa, por si la reacción no es positiva cuando lo frentiemos”, frase acompañada de la decadactilar —con foto y huellas— del coronel, información que solo puede obtenerse formalmente por solicitud judicial. El grupo también trató de trasladar y amenazar al suboficial a cargo de la investigación, incluso publicando su fotografía y detalles personales.

La red de aliados se expandía a funcionarios del Gaula y altos oficiales venezolanos, incluyendo al general Rodrigo Guerrero Contreras, quien en 2020 ocupaba el cargo de Contralor General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Los chats consignan gestiones para obtener rutas de narcotráfico a través de contactos en Venezuela y para manipular inspecciones migratorias en el aeropuerto de Medellín, donde, por $10 millones, funcionarios supuestamente borraban registros negativos e incluso ofrecían sacar pasajeros de los listados de vuelos a cambio de $25 millones.

La venta de información clasificada fue clave para operaciones críticas. En una de esas transacciones documentadas, un agente le ofreció a González Herrera la lista de “narcos invisibles” definida por la Fiscalía con base en testimonios de colaboradores de la justicia. La negociación oscilaba entre $60 y $100 millones, como revela la conversación entre “Medio Labio” y un policía asesor.

El objetivo: saber quiénes de su organización aparecían en la lista y así bloquear las investigaciones. De acuerdo con fuentes citadas por El Colombiano, esa lista permanece bajo estricta custodia, y ya permitió la captura y solicitud de extradición por parte de Estados Unidos de mafiosos como Juan Valencia Zuluaga, “Falcon”, John Zapata Garzón, “Messi” y Jorge Fuentes Gulfo, “Cholo Banano”.

A lo largo del expediente consultado por El Colombiano, se registran operaciones para alterar investigaciones en marcha, desplazar funcionarios incómodos y amenazar con represalias a quienes no colaboraran con el clan. Un ejemplo fue el intento de sustraer una memoria USB decomisada en 2019 a Carlos Mario Úsuga David (“Cuarentano”), hermano de Dairo Úsuga (“Otoniel”), que contenía datos de actividades en Holanda y resultó clave para imputar cargos de homicidio, desplazamiento y terrorismo contra la cúpula del clan.

La relación entre “Medio Labio” y los agentes corruptos no se limitaba a la obtención de datos. El expediente refiere reuniones coordinadas para negociar sobornos, manejo de judicializaciones y compras de información sobre órdenes de captura contra allegados, como Sebastián Mosquera Herrera, primo de Daniel Rendón Herrera (“don Mario”).

Una de las citas más elocuentes en los chats reproducidos por El Colombiano expone la naturalidad con que se negociaba la filtración de procesos judiciales: “Amigo, dígale que me deje esa lista en 60 palos, para que se la muestre a usted y la deje fotografiar (...). Si quiera unos 80. Vale la pena tener esa lista, en caso Dios no lo quiera salga alguien ahí, se pueda manejar la situación para desviar la investigación”.