Se acerca la hora cero de la emergencia económica en la Corte Constitucional: magistrados tomarán una decisión de fondo en los próximos días

El 29 de enero la Sala Plena de la Corte Constitucional adoptó una decisión inédita al suspender temporalmente los efectos de la emergencia económica decretada por el presidente Gustavo Petro a finales de 2025, como medida para enfrentar el hueco fiscal que, según su gobierno, deja el hundimiento en el Congreso de una reforma tributaria clave para el presupuesto de 2026.

La decisión se tomó mientras se adelantaba la revisión de fondo de la norma, en un procedimiento que ha captado la atención de distintos sectores del país y de medios de comunicación.

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Como parte del expediente, seguido de cerca por Infobae Colombia, la Corte Constitucional ha tenido que asumir el conocimiento de varios recursos mientras, paralelamente, estudia las pruebas allegadas por el Gobierno y los conceptos de varias entidades.

Uno de los recursos que el alto tribunal resolvió recientemente fue la recusación presentada por la Presidencia de la República contra siete magistrados que participan en el estudio de los decretos emitidos bajo la declaratoria de emergencia. La decisión se dio a conocer mediante el Auto 247 de 2026, en el que se determinó que la solicitud no cumplía con los requisitos procesales exigidos para este tipo de actuaciones y, por ende, rechazó el recurso.

Con esa decisión, los magistrados Lina Marcela Escobar Martínez, Paola Andrea Meneses Mosquera, Natalia Ángel Cabo, Héctor Alfonso Carvajal Londoño, Miguel Polo Rosero, Carlos Camargo Assis y Vladimir Fernández Andrade, continuarán en el estudio de la emergencia.

En medio del proceso que se adelanta en la Corte, la Procuraduría General de la Nación solicitó al alto tribunal que avalara parte de las medidas relacionadas con la declaratoria de la emergencia: “Por las razones expuestas, la Procuraduría General de la Nación le solicita a la Corte Constitucional que declare la EXEQUIBILIDAD del Decreto Legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025, ‘por el cual se decreta el estado de emergencia económica y social en todo el territorio nacional’, únicamente respecto de los hechos y consideraciones relacionados con la garantía del aseguramiento en salud producto de la equiparación de la unidad de pago por capacitación”, señala el documento oficial.

El concepto presentado ante la Corte destaca que “es cierto que las afectaciones al sector salud datan de varias décadas atrás y que todos los gobiernos de turno se han visto convocados al cumplimiento de órdenes proferidas con ocasión de la Sentencia T-760 de 2008, y por ello han sido partícipes en la implementación de la política pública pertinente”.

El documento añade que factores como la inversión de la pirámide poblacional, la ampliación del catálogo de enfermedades raras y huérfanas, el incremento de los costos asociados a la innovación y desarrollos tecnológicos, sumados al acelerado deterioro de la sostenibilidad financiera y del acceso a los servicios de salud, han generado una importante afectación y vulneración de los derechos fundamentales de los usuarios.

Asimismo, se subraya el aumento de los reclamos por acceso a servicios de salud, lo que obliga a fortalecer los mecanismos de protección establecidos en el decreto. “Optimizar la prestación del servicio de salud sin duda contribuirá a garantizar los derechos fundamentales de las personas, con énfasis en el derecho a la salud y a la materialización del derecho a una vida digna, tanto del paciente como de sus familias y redes de cuidado, quienes son el núcleo de este sistema y en torno a quienes se erige el Estado social de derecho”.

Para el Ministerio Público, esta medida “tendrá resultados notorios en la disminución de quejas interpuestas por parte de los pacientes, acciones de tutela y el uso adecuado de los recursos, por los que el Estado debe mantenerse priorizado en la agenda pública”.

La decisión que tome el alto tribunal a finales de marzo sobre la ponencia del magistrado Carlos Camargo definirá la continuidad del estado de emergencia económica y social y determinará la validez de las medidas adoptadas por el Gobierno Petro para atender compromisos financieros y garantizar derechos fundamentales, especialmente en el sector salud.

Ese día, la Corte analizará tanto constitucionalidad del decreto, como de los apartes que buscan atender obligaciones pendientes de diversos sectores del Estado. El resultado impactará directamente en la disponibilidad de recursos para emergencias, pago de sentencias judiciales y sostenimiento del sistema de salud, así como en la forma en que se implementen políticas públicas de carácter urgente bajo un estado de emergencia.