Concejal Rolando González llama “therian” al secretario Roberto Angulo y desata polémica en el Concejo de Bogotá

El intercambio surgió tras la difusión de un video donde funcionarios reaccionaron durante denuncias de madres sobre la eliminación de espacios pedagógicos.

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Concejal Rolando González llama “therian”
Concejal Rolando González llama “therian” al secretario Roberto Angulo - crédito Alcaldía de Bogotá y Concejo de Bogotá

El concejal de Bogotá, Rolando González, generó controversia luego de calificar como “therian” al secretario de Integración Social, Roberto Angulo, en publicaciones realizadas en sus redes sociales. El hecho ocurrió después de una sesión de la Comisión Primera del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, celebrada el 13 de marzo, y reavivó el debate sobre el respeto en el ejercicio del control político en la capital.

La discusión se originó tras la difusión de un video donde se observa a Roberto Angulo y a Isabel Segovia, secretaria de Educación de Bogotá, sonriendo durante una sesión en la que madres de niños con discapacidad exponían el cierre de las Aulas de Apoyo Pedagógico. El material provocó cuestionamientos públicos sobre la actitud de los funcionarios en un contexto que involucra demandas de grupos vulnerables.

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En este ambiente de tensión, la concejala Quena Ribadeneira señaló que, después del episodio, Angulo habría respondido en redes sociales refiriéndose a quienes ejercen control político como “roedores” y “eugenésicos”. El secretario negó haber utilizado esos términos, precisando que tales palabras se dirigieron hacia integrantes del gobierno durante el debate en el Concejo y no desde la administración distrital. “Ese tipo de ofensas le restan altura a la discusión”, sostuvo Angulo.

Publicaciones y reacciones en redes sociales

En sus cuentas oficiales, el concejal Rolando González empleó el término “therian” para referirse a Angulo, en medio de críticas sobre el manejo del debate acerca de la atención a menores con discapacidad. El término, que internacionalmente identifica a personas que se asocian con características animales, fue interpretado como un calificativo despectivo y motivó una cadena de reacciones entre sectores políticos y ciudadanos en Bogotá.

González justificó el uso del término como respuesta a lo que calificó como una actitud inapropiada de la administración. Además, en sus declaraciones públicas, manifestó su inconformidad con el uso de la palabra “liliputiense” por parte del funcionario para describir la polémica surgida en torno al tema de las aulas. “Ahora resulta que los funcionarios de la administración distrital son quienes nos califican los debates”, expresó el concejal, quien reconoció haber recurrido a expresiones despectivas como una reacción a lo que consideró un despropósito.

Posiciones institucionales y llamados al respeto

La situación llevó al secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, a intervenir públicamente y solicitar a los actores involucrados que moderen el tono de sus intervenciones. Quintero subrayó la importancia de mantener el control político dentro de los márgenes del respeto institucional. “El control político siempre será válido, pero debe darse en el marco del respeto y de las palabras amables entre unos y otros”, afirmó el funcionario.

Este episodio puso en primer plano el debate sobre los límites del lenguaje en escenarios de control político y la necesidad de preservar el respeto entre los servidores públicos y los integrantes de los órganos de representación ciudadana. Aunque la controversia se centró en el intercambio de expresiones entre González y Angulo, el trasfondo del debate se mantiene en el cierre de las Aulas de Apoyo Pedagógico para niñas y niños con discapacidad en Bogotá.

El trasfondo: aulas y derechos de la infancia

El cierre de estos espacios educativos fue el punto de partida de la discusión y ha generado preocupación entre madres de familia y organizaciones de la sociedad civil, quienes advierten sobre los riesgos para la inclusión y el acceso a la educación de menores con necesidades especiales. La administración de Bogotá sostiene que la reestructuración de los servicios responde a una estrategia de integración, mientras que sectores de la oposición consideran que las medidas adoptadas afectan los derechos de la niñez con discapacidad.

La controversia en torno al lenguaje y los calificativos utilizados en el debate político evidencia la complejidad del diálogo entre el Concejo de Bogotá y el Ejecutivo distrital, en un contexto donde la atención a la infancia y los mecanismos de control institucional permanecen en el centro de la discusión pública.