
El Pacto Histórico expresó su rechazo a las amenazas denunciadas contra dirigentes y candidatos de su movimiento en Norte de Santander, luego de que se conociera un mensaje intimidatorio dirigido a varios integrantes de la colectividad.
“Rechazamos amenazas de muerte y estigmatización contra senador electo Alonso Caicedo, candidatos a la Cámara y equipos de campaña de Norte de Santander. Ni el miedo ni las amenazas contra integrantes de nuestro movimiento político, frenan nuestro camino. Exigimos protección inmediata”, señaló el partido en un pronunciamiento público en el que manifestó su respaldo a los dirigentes mencionados en la denuncia.
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Según el comunicado difundido el 10 de marzo de 2026 en San José de Cúcuta, los integrantes del movimiento habrían recibido un mensaje intimidatorio en el que se les advierte que tienen un plazo de 48 horas para abandonar el territorio o enfrentar represalias violentas. De acuerdo con la colectividad en ese departamento, el mensaje habría sido enviado presuntamente por integrantes de las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).

En el comunicado, el Pacto Histórico informó que entre las personas señaladas en el mensaje intimidatorio se encuentra el senador electo Martín Alonso Caicedo Carabalí, junto con varios candidatos a la Cámara de Representantes por el departamento.
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La colectividad detalló que los nombres mencionados en las amenazas son los de Jaime Gómez, Liliana Barragán, Laura Amaya, Luis Alberto García y Andrés Obando, quienes participan como aspirantes a la Cámara en Norte de Santander.
Asimismo, el comunicado incluye a dirigentes regionales vinculados al equipo de campaña del movimiento. Entre ellos figuran Rafael Romero, presidente departamental de la Unión Patriótica y copresidente del Pacto Histórico en la región, y Manuel Hernández, que se desempeña como gerente de campaña.
La colectividad sostuvo que las amenazas ponen en riesgo la seguridad de sus integrantes y afectan el ejercicio de la actividad política en el departamento.
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El contenido del mensaje intimidatorio

Según el documento divulgado por el movimiento político, el texto atribuido al también conocido Clan del Golfo contiene expresiones directas de intimidación contra los miembros del movimiento.
En el comunicado, el partido reprodujo el mensaje que habría sido enviado a los dirigentes y candidatos: “Guerrillero del pacto los tenemos identificados no permitiremos que en NDS exista insurgencia. Sabemos quiénes son sus líderes y cómo operan. Tienen 48 horas vamos por sus cabezas muertas. ATT AGC”.
De acuerdo con la denuncia, el mensaje advierte que los integrantes del movimiento deben abandonar el territorio en un plazo de 48 horas. La colectividad señaló que la comunicación fue interpretada como una amenaza directa contra la vida de quienes fueron mencionados en el texto.
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El documento también indica que las amenazas fueron denunciadas públicamente a través de redes sociales, con el objetivo de alertar a las autoridades y a las organizaciones que monitorean la situación de seguridad de los líderes políticos en el país.
Solicitan medidas de protección

Tras dar a conocer la situación, el Pacto Histórico hizo un llamado a diversas instituciones del Estado para que adopten medidas que garanticen la seguridad de los candidatos y dirigentes mencionados.
En el comunicado, la colectividad solicitó la intervención de la Fiscalía General de la Nación para investigar el origen del mensaje intimidatorio y determinar la responsabilidad de quienes lo enviaron. También pidió a la Unidad Nacional de Protección evaluar la implementación de esquemas de seguridad para las personas señaladas en las amenazas.
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El movimiento político también solicitó acciones de acompañamiento a la Defensoría del Pueblo, a la Misión de Observación Electoral (MOE) y a organizaciones defensoras de derechos humanos para monitorear la situación en el departamento.
En el documento, el partido expresó su preocupación por el riesgo que enfrentan los dirigentes mencionados y pidió la actuación de las autoridades departamentales, incluida la Gobernación de Norte de Santander, para coordinar medidas de protección.
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