La Corte Suprema de Justicia decidió ordenar la captura del senador Wadith Manzur y la representante a la Cámara Karen Manrique.
Los congresistas están señalados por su presunta participación en el escándalo de corrupción al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Manzur y Manrique enfrentan cargos por cohecho impropio, pues habrían recibido beneficios a cambio de realizar actos inherentes a sus funciones legislativas. Además, se les imputa interés indebido en la celebración de contratos, por la supuesta manipulación en la asignación de recursos y proyectos de la Ungrd en diferentes regiones del país.
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Cabe recordar que en los comicios del 8 de marzo, Wadith Manzur obtuvo 134.914 votos, mientras que Manrique fue reelegida con 5.640, lo que le alcanzó para mantener una curul de paz por Arauca.
Tras la decisión del alto tribunal, una de las dudas que existen es qué pasará con las curules de Manrique y Manzur, que, en teoría, estarían en el Congreso de la República entre 2026 y 2030.
En diálogo con Infobae Colombia, Paula Camila Díaz, abogada de la Universidad Incca de Colombia, especialista en Derecho Penal y Ciencias Forenses de la Universidad Católica, explicó que la figura aplicable en estos casos es la de la “silla vacía”.
Este mecanismo, regulado por la legislación electoral, impide que los escaños ocupados por funcionarios investigados o condenados por delitos relacionados con la administración de recursos públicos sean reemplazados por el siguiente candidato de la lista o suplente de su partido.
“Esto significa que el partido político al que pertenecen Manzur y Manrique perderá temporalmente la representación en el Congreso, pues la curul permanecerá sin ocupar”, indicó la jurista.
La aplicación de la “silla vacía” tiene como propósito evitar que los movimientos políticos con miembros investigados por corrupción puedan preservar el control de cargos legislativos mediante relevos internos. Manzur, senador del Partido Conservador, y Manrique, representante electa por la curul de paz, fueron acusados por el delito de cohecho impropio, que sanciona la recepción de beneficios o dádivas a cambio de la gestión de recursos públicos o la realización de actos propios del cargo.
Según la abogada Díaz, “en el cohecho impropio no se requiere que el funcionario actúe de forma ilegal, basta con que reciba algún beneficio por ejercer sus funciones, lo que vulnera la moralidad y transparencia de la función pública”.
Mientras la Corte Suprema avanza en el proceso judicial y no se emita una sentencia condenatoria en firme, tanto Manzur como Manrique mantienen la presunción de inocencia. Sin embargo, la medida de aseguramiento adoptada y la imputación de cargos activan de forma automática la restricción de reemplazo y la suspensión de los derechos políticos de los investigados en el Congreso. “El Congreso pierde esos puestos y la ciudadanía que los eligió se queda sin representación directa”, agregó la especialista.
El rol de los congresistas en el escándalo de corrupción
En el caso de Wadith Manzur, congresista del Partido Conservador, figura como uno de los principales señalados en el escándalo de corrupción en la Ungrd. Según la investigación de la Corte Suprema, Manzur actuó como vocero de un grupo de congresistas que condicionaron su apoyo a proyectos legislativos a la asignación de millonarios contratos y obras financiadas por la entidad en sus regiones.
Por su parte, Karen Manrique, representante a la Cámara por Arauca, aparece involucrada en el escándalo de la Ungrd tras haber sido parte de varias reuniones con el exdirector Olmedo López y otros funcionarios. La representante habría gestionado contratos por más de 90.000 millones de pesos para obras en Arauca, Córdoba y Bolívar, a cambio de respaldar proyectos del Gobierno en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.
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