Estudiante enfrentó al alcalde de Ciénaga, Magdalena, por estar “pegado” al celular en reunión educativa: “Falta de respeto”

Durante una reunión con docentes y representantes estudiantiles en el municipio de Ciénaga, Magdalena, se registró un momento de tensión cuando un estudiante interpeló al alcalde Luis Alberto Fernández Quinto por usar, al parecer en exceso, su teléfono móvil durante el encuentro.

La joven reclamó que, durante las intervenciones de los docentes sobre temas escolares y problemáticas relacionadas con el sector educativo, la autoridad local no prestaba atención a las solicitudes de la comunidad educativa, lo que consideró una falta de respeto.

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Con voz firme y sin temor, la estudiante se levantó delante de todos los asistentes para intervenir, antes de las declaraciones de una docente.

“Profe, antes de que a usted se le ceda la palabra, yo le quería decir algo al alcalde”: “Me parece, de verdad, una falta de respeto, que en tanto los alumnos, profesores y demás personal que está aquí, que estemos charlando, cada quien está dando su punto de vista del problema que está pasando, usted está pegado en el teléfono”.

El alcalde, molesto, respondió que utilizaba el dispositivo para tomar notas de las intervenciones. “No, estoy copiando, estoy copiando lo que están diciendo”, fue la explicación del funcionario. La estudiante lo volvió a confrontar: “Esto me parece, o sea, me parece un atrevimiento”.

La situación generó comentarios y reacciones entre los asistentes, algunos de los cuales compartieron con gestos el sentir del estudiante frente a la actitud del mandatario local. Otros se impresionaron por la valentía de la joven, que sostuvo una comentario crítico ante la máxima autoridad administrativa del municipio de Ciénaga. Otros simplemente se rieron.

El video fue difundido en redes sociales en cuentas informativas como Colombia Oscura. En su sección de comentarios, los internautas dejaron sus impresiones de la escena, calificada principalmente como “digna de aplausos”.

“No todos los héroes llevan capa, algunos colita de caballo”; “Recuerden que los políticos solo sirven cuando están en campañas políticas”; “Diosito deseo que esa niña con ovarios de acero llegue muy lejos en la vida, con salud y éxito”; “Excelente por la niña que intervino y le dijo al alcalde su opinión de forma respetuosa. Ella tiene toda la razón y es una completa falta de respeto aquí, en Pekín y en la Cochinchina. Eso es muy grosero. Este haciendo lo que justifique que este haciendo en su cel. La opinión de la gente se respeta y más la de los niños y jóvenes”, se leyó en redes.

Otros usuarios, sin embargo, defendieron al alcalde y expresaron que el mandatario municipal podía usar los recursos tecnológicos para tomar apuntes, aunque pareciera que estuviera concentrado en la pantalla.

“Me pasó y la persona pensó que yo estaba distraído y así como respondió ese señor yo también estaba tomando notas en el celular. ¿Qué quería, entonces, que tomara el esfero y escribiera en el cuaderno?“, cuestionó un internauta. Otros escribieron: ”Pero y si en verdad estaba tomando nota?!(sic)“; “Lo que la niña no sabe es que una persona de esas tiene que atender múltiples situaciones y que en medio de una reunión no saca un celular al menos para decir que en un momento responde, envía o llama”, alegó otro.

En la mira el alcalde de Ciénaga por contratos con presuntas irregularidades

De manera paralela, la Contraloría del departamento Magdalena reveló un presunto detrimento patrimonial de $21.972 millones en el Instituto de Tránsito y Transporte de Ciénaga, Intraciénaga, durante la administración del actual alcalde Fernández Quinto.

Según el informe AEF Q-47-25-0012, citado por el diario local Córdoba Prensa, el desfalco habría sido posible mediante un esquema financiero que entregó el recaudo de las fotomultas a la empresa Ciénaga Movilidad Segura S.A.S., con transferencias de recursos a una fiducia privada y eludiendo el control fiscal.

Las auditorías señalaron que solo una fracción de los ingresos era reportada oficialmente, mientras que el grueso de los fondos quedaba fuera del circuito legal del Estado.

El reporte de la Contraloría advirtió que esta estructura permitió pagos al contratista por el 50% del recaudo, y se superó ampliamente el límite legal del 10% con un daño patrimonial superior a $11.400 millones.