Más de 2.400 personas intentaron cruzar ilegalmente la frontera desde Venezuela hacia Cúcuta, Colombia, la mañana del 8 de marzo, en vísperas de las elecciones legislativas, en un hecho que activó una amplia respuesta militar y policial y desató investigaciones sobre presunto fraude electoral.
El operativo, documentado, expuso posibles conexiones políticas y empresariales con la movilización masiva detectada.
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Un grupo de aproximadamente 2.400 personas fue identificado por las autoridades colombianas mientras trataba de ingresar por pasos irregulares en la vereda Santa Cecilia, en Cúcuta, cuando las fronteras se encontraban cerradas debido a la jornada electoral.
La identificación de cerca de 60 buses cerca del punto de cruce irregular desencadenó investigaciones por su posible uso en la trashumancia electoral.
Según el coronel Libardo Fabio Ojeda, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, los vehículos quedaron bajo revisión de la Fiscalía General de la Nación para determinar su relación con el traslado de personas.
Diversos buses pertenecían a la empresa Transoriental S.A., señalada por El Tiempo como vinculada a la campaña de la entonces candidata al Senado, Yirley Vargas, del Partido Liberal y esposa del alcalde de Cúcuta.
Alfonso Castro Pérez, representante legal de la empresa, negó vínculos directos con actores políticos, aunque reconoció investigaciones internas para esclarecer la presencia de estos buses en la zona.
Durante el operativo, las autoridades incautaron propaganda electoral y detuvieron a una persona con $1.000.000, quien fue judicializada por el delito de constreñimiento al elector, informó el coronel Ojeda en declaraciones recogidas por RCN Noticias. A lo largo de la jornada, se reportaron siete capturas y la incautación de 63 millones de pesos, casos relacionados con delitos electorales.
Las indagaciones apuntan a determinar si el traslado buscaba influir en resultados específicos en Norte de Santander y evalúan la posible participación de grupos armados como parte de la logística irregular.
La rápida acción del Ejército Nacional, de la Policía Nacional, de Migración Colombia y de la Fiscalía General de la Nación permitió interceptar la movilización, revisar unos 60 buses encontrados en la zona e iniciar procesos judiciales para establecer los responsables y el posible delito de trashumancia electoral.
Las autoridades colombianas interceptaron a un grupo de miles de personas que intentaban entrar desde Venezuela a Cúcuta poco antes de la apertura de las urnas, en el contexto de la jornada electoral.
El operativo, apoyado por drones y fuerzas conjuntas, forzó la dispersión del grupo y puso bajo inspección a decenas de buses localizados cerca de la frontera. Según fuentes oficiales, la intervención permitió frenar intentos de fraude electoral y activar pesquisas sobre los vínculos políticos y económicos implicados.
Las cámaras del Ejército Nacional detectaron el avance del grupo desde las 6:30 a.m en Santa Cecilia, captando cómo se preparaban para cruzar el río en planchones y dirigirse hacia los vehículos estacionados en el lado colombiano, según recogió El Tiempo. El despliegue de soldados y policías bloqueó los pasos irregulares, logrando que los implicados se dispersaran y abandonaran la zona antes del mediodía.
De acuerdo con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien coordinó la activación del Puesto de Mando Unificado en Norte de Santander, las unidades estatales actuaron de forma oportuna.
“El reporte actual indica que las personas se dispersaron y en el sector de Santa Cecilia ya no permanece nadie. La respuesta de las instituciones fue oportuna y efectiva”, señaló Sánchez, según citó El Tiempo.
El presidente Gustavo Petro calificó los hechos como un “fraude a escala del Norte de Santander” y exigió una investigación inmediata sobre la empresa de transporte y los funcionarios municipales involucrados.
Petro afirmó: “Esta avalancha de votación ilícita proveniente de la frontera hacia Cúcuta debe ser asumida por @mindefensa. Esto se llama fraude a escala...”.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó el avance de procesos judiciales y sostuvo la hipótesis de una posible autoría intelectual por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupo armado con presencia en la región, de acuerdo con El Colombiano. “Las autoridades ya se encuentran en el punto para verificar los hechos y tomar las medidas legales contra quienes están detrás de esta posible maniobra para alterar la voluntad democrática”, explicó Sánchez.
El comandante general William Rincón ratificó la coordinación entre Ejército y Policía para bloquear el ingreso y reforzar la seguridad regional. La empresa Transoriental S.A. y personas vinculadas a las campañas políticas continúan bajo investigación, mientras se evalúa jurídicamente si el delito electoral llegó a consumarse o el operativo logró impedirlo.
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