Procuraduría formuló pliego de cargos contra Mello Castro González, exalcalde de Valledupar: investigado por presuntas omisiones

El análisis disciplinario se relaciona con la presunta omisión de reportar su declaración juramentada de bienes y rentas durante 2022 y 2023

Tres días de cárcel deberá pagar el alcalde de Valledupar, Mello Castro González. por imcumplir un fallo de tutela.
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exalcalde de Valledupar, Mello Castro (EFE)
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La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Mello Castro González, el domingo 1 de noviembre del 2026, exalcalde de Valledupar y actual representante a la Cámara, por la presunta omisión de la declaración juramentada de bienes y rentas de 2022 y 2023.

La actuación disciplinaria se refiere a la información que los funcionarios deben presentar en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (Sigep), y según la Procuraduría, Castro habría omitido la presentación de datos de carácter público durante las vigencias de 2022 y 2023, cuando era alcalde de Valledupar.

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El Ministerio Público sostuvo que, por ser la máxima autoridad del municipio, el entonces alcalde tenía un deber reforzado de cumplir las normas sobre declaración de bienes y rentas, y calificó provisionalmente la presunta omisión como falta grave a título de culpa gravísima.

El anuncio de la Procuraduría General de la Nación sobre la presunta omisión de deberes del exalcalde Mello Castro - crédito @PGN_COL/X
El anuncio de la Procuraduría General de la Nación sobre la presunta omisión de deberes del exalcalde Mello Castro - crédito @PGN_COL/X

La Procuraduría investiga la omisión de declaraciones en 2022 y 2023

La declaración juramentada de bienes y rentas es una obligación legal para los servidores públicos. En este caso, el organismo disciplinario determinará si Mello Castro González dejó de presentar la información requerida en el Sigep durante dos años de su administración municipal.

El sistema reúne datos sobre el empleo público en Colombia. La comunicación oficial señala que la información sobre bienes y rentas debe ser pública, por lo que su presentación se relaciona con los principios que rigen la función pública.

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“A juicio del Ministerio Público, al supuestamente no reportar dicha información que debe ser de conocimiento público y que lo requiere el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público en Colombia (Sigep), el implicado presuntamente vulneró los principios de transparencia, moralidad y publicidad que rigen la función pública”, indicó la Procuraduría en el anuncio que realizó a través de su sitio web.

La formulación del pliego de cargos no constituye una decisión definitiva sobre la responsabilidad del exmandatario, por lo que esta etapa del proceso busca esclarecer las circunstancias de los hechos y establecer si Castro González incurrió en una falta disciplinaria.

Mello Castro es investigado en medio de su trabajo como representante a la Cámara

Castro fue concejal de Valledupar entre 2012 y 2015 y diputado del Cesar durante el período 2016-2019; más tarde, ocupó la Alcaldía de Valledupar entre 2020 y 2023. Tras dejar el cargo, el dirigente liberal aspiró a la Cámara de Representantes, por lo que en las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026, obtuvo una curul con 59.222 votos.

El primer pronunciamiento oficial de Mello Castro después de conocerse la decisión de la Procuraduría General de la Nación - crédito @mellocastro/Instagram
El primer pronunciamiento oficial de Mello Castro después de conocerse la decisión de la Procuraduría General de la Nación - crédito @mellocastro/Instagram

El antecedente judicial de Mello Castro

El 12 de mayo de 2023, el diario El Tiempo reportó que el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Valledupar impuso, en primera instancia, una sanción de cinco días de arresto y una multa equivalente a tres salarios mínimos mensuales legales vigentes a Mello Castro González.

La medida correspondía a un incidente de desacato por el cumplimiento de una tutela relacionada con el desalojo de ocupantes del predio La Sabana I y la reubicación de familias desplazadas.

La decisión estaba vinculada con la sentencia T-946 de 2011 de la Corte Constitucional, que abordó la situación de familias desplazadas asentadas en el predio y ordenó adoptar medidas para su reubicación. El caso involucraba sectores como Los Guasimales, Altos de Pimienta y Bello Horizonte II, en Valledupar.

Parte de la sentencia T-946 de 2011 de la Corte Constitucional en Colombia - crédito  Corte Constitucional/Web
Parte de la sentencia T-946 de 2011 de la Corte Constitucional en Colombia - crédito Corte Constitucional/Web

De acuerdo con los medios que reprodujeron apartes de la providencia, la administración municipal reportó avances mediante el proyecto habitacional El Porvenir. Sin embargo, el juzgado consideró insuficientes las medidas frente a las órdenes impartidas.

Alerta Caribe publicó que, según el fallo, se habían entregado 556 viviendas, otras 202 permanecían pendientes de entrega y 171 estaban invadidas de forma permanente.

“Si bien es cierto que la orden impartida es compleja, habida cuenta de que requería de un lapso significativo de tiempo, y para una planificación de acciones administrativas y del concurso de diferentes autoridades, no lo es menos que el plazo otorgado para su cumplimiento ha sido excesivo”, precisó el Juzgado Quinto Civil del Circuito, según los apartes reproducidos por ese medio.

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