La detención inmediata de dos congresistas reelectos por presunta venta de votos y solicitud de beneficios ilegales en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público ha generado un impacto significativo en la política colombiana.
La Corte Suprema de Justicia ordenó la captura de Wadith Manzur y Karen Manrique, señalando el peligro que representarían para el proceso judicial sobre el desvío de recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y su posible influencia en la investigación.
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Las pruebas que vinculan a Manzur y Manrique con el escándalo del desvío de recursos de la Ungrd incluyen registros de reuniones con el Gobierno, testimonios de testigos principales y evidencia sobre la supuesta coordinación de favores y beneficios a cambio de votos.
Entre septiembre y diciembre de 2023, ambos habrían participado en un esquema de solicitud de cupos indicativos y respaldo a proyectos gestionados ilegalmente mediante la Ungrd, lo que motivó la decisión judicial de su detención.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema explicó que su fallo que la decisión de ordenar la detención responde al riesgo de que los congresistas, desde sus cargos, continúen interviniendo en el caso o dificulten la investigación del desvío de fondos públicos gestionados a través de la Ungrd.
Tanto Manzur como Manrique serían parte de un grupo de congresistas que negociaron “dádivas” con el entonces ministro de Hacienda Ricardo Bonilla para favorecer operaciones de crédito público.
La ponencia inicial de la Corte sostiene que la negociación, que comenzó en septiembre y culminó el 5 de diciembre de 2023, implicó un mecanismo en el que cupos indicativos millonarios pasaron a convertirse en proyectos financiados por la Ungrd. Este proceso habría desviado la función legislativa hacia la obtención de beneficios personales y habría involucrado a otras entidades estatales.
Una investigación de Noticias Caracol detalló que los encuentros decisivos para concretar estos acuerdos se desarrollaron entre el 27 de noviembre y el 15 de diciembre de 2023. Durante ese periodo, los congresistas implicados sostuvieron diversas reuniones, presenciales y virtuales, con funcionarios del Ministerio de Hacienda y asesores clave. Las pruebas recopiladas muestran el presunto compromiso de avalar iniciativas económicas a cambio de recursos y contratos dirigidos a sus regiones.
Pruebas y testimonios clave en el caso Ungrd
Las investigaciones, de acuerdo con Cambio, se fortalecieron gracias a los testimonios de María Alejandra Benavides (asesora ministerial), Sneyder Pinilla y Olmedo López (exdirectivos de la Ungrd), quienes colaboraron como testigos tras negociar beneficios judiciales.
Sus declaraciones ante la Corte Suprema describen la supuesta coordinación directa de Manzur y Manrique en la entrega de contactos y la gestión de proyectos canalizados a través de la Ungrd, con objetivos técnicos y operativos para asegurar apoyo en la comisión parlamentaria.
Según la corte, Manzur habría asumido el papel de vocero del grupo, sugiriendo procesar los cupos indicativos mediante la entidad y encabezando reuniones esenciales. De igual manera, la Corte identificó una participación activa de Manrique, quien se encargaría de vigilar el cumplimiento de los acuerdos y mantener la comunicación con entidades estatales y representantes regionales.
Un episodio clave para la corte fue la reunión en el Centro Comercial Santa Ana de Bogotá, entre Manzur y Benavides, cuando el caso ya era de conocimiento público.
Durante ese encuentro, Manzur habría afirmado: “ahí no hay nada… Los contratos nunca se dieron. Lo que yo estaba gestionando nunca pasó”, lo que la Sala interpretó como un indicio para incidir en testigos relevantes del expediente.
Bitácora de reuniones y modus operandi en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público
La bitácora, según una investigación de Noticias Caracol, indica que la primera de las reuniones centrales tuvo lugar el 28 de noviembre de 2023, vía Teams, contando con la presencia de Benavides, Manzur, Bitar, Gallo, Peinado y Manrique.
Estos parlamentarios estarían señalados de recibir beneficios contractuales en Saravena, Cotorra y Carmen de Bolívar, sumando recursos por $92.000 millones.
El 4 de diciembre se produjo una sesión presencial de 48 minutos en el Ministerio de Hacienda, en la que Manrique fue recibida por Benavides antes de ir al despacho del ministro Bonilla.
El 5 de diciembre se efectuaron dos pre-sesiones de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público; la primera, de 39 minutos, con participación de Bitar, Manzur y Peinado. En la segunda, se sumaron Gallo, Manrique, Muñoz y otro parlamentario.
El 15 de diciembre, Manzur retornó al ministerio en calidad de vocero, después de que la última sesión de la comisión fuera reprogramada. Durante esa época, se presentó el aumento inusual en la aprobación de conceptos favorables: 13 conceptos positivos en poco más de un mes, comparados con cinco en los cinco meses anteriores.
La reiterada presencia de Manzur y Manrique en estas reuniones, así como su participación activa en las gestiones sobre créditos estatales, reforzó la hipótesis de una operación coordinada para intercambiar respaldo político por recursos públicos.
Defensa de los congresistas y próximos pasos judiciales
Ambos congresistas rechazan las acusaciones de haber aceptado dádivas. Según declaraciones recogidas por Cambio, sostienen que únicamente defendieron necesidades regionales legítimas. La defensa de Manrique alega la inexistencia de pruebas documentales que sustenten un pacto ilegal y resalta el carácter humanitario de su gestión, especialmente ante emergencias en Arauca durante 2023.
La Sala de Instrucción desestimó la exigencia de pruebas escritas, al señalar que las delegaciones de vocería y los acuerdos ilícitos raramente quedan documentados formalmente. El tribunal sostiene que la influencia de los implicados se consolidó mediante relaciones clientelares y prácticas fuera de la legalidad.
Manzur y Manrique podrán interponer recursos legales ante la decisión judicial. Manrique, quien se entregó a la Sijín en Tame, Arauca, solicitó ser recluida en una guarnición militar tras denunciar amenazas relacionadas con el caso.
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