El Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechazó el recurso presentado por la Cancillería de Colombia con el que buscaba frenar la demanda interpuesta por la Procuraduría General de la Nación para declarar la nulidad absoluta del contrato firmado con la empresa portuguesa Casa da Moeda, S.A., encargada de la elaboración de pasaportes y visas colombianos.
Con esta decisión, el proceso judicial sobre el millonario convenio internacional continuará su curso.
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La controversia se remonta a octubre del 2025, cuando el magistrado José Élver Muñoz admitió para estudio la demanda presentada por Marcio Melgosa, procurador primero delegado para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública.
En esa acción, el Ministerio Público solicitó la nulidad del acuerdo suscrito entre el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Imprenta Nacional de Colombia y la firma portuguesa, al considerar que podría contravenir normas aplicables a los contratos estatales con entidades extranjeras de derecho público.
Tras la admisión de la demanda, el Fondo Rotatorio de la Cancillería presentó el 14 de enero un recurso de reposición para que el tribunal reconsiderara la decisión.
En su argumentación, sostuvo que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca carecía de jurisdicción para conocer la controversia y que la Procuraduría debía haber cumplido previamente con el requisito de conciliación extrajudicial obligatorio antes de acudir a la vía judicial.
No obstante, el tribunal descartó los planteamientos de la Cancillería y de la Imprenta Nacional de Colombia.
En la decisión, conocida por medio como El Tiempo y Caracol Radio, la corporación judicial sostuvo que la Procuraduría está legitimada para promover la acción contractual con el propósito de proteger el interés público y, por tanto, no está obligada a agotar el requisito de conciliación extrajudicial antes de presentar la demanda.
Según el tribunal, la naturaleza de la acción impide que el caso sea objeto de conciliación. Además, precisó que el artículo 92 de la Ley 2220 de 2022 —invocado por la Cancillería— no resulta aplicable, debido a que la Procuraduría no actúa como parte del contrato cuya nulidad pretende, sino como órgano de control que busca salvaguardar la legalidad del acuerdo.
La decisión deja en firme la admisión de la demanda y permite que el proceso avance hacia el análisis de fondo sobre la legalidad del convenio internacional.
El contrato con Casa da Moeda, S.A., que involucra recursos significativos del Estado y la producción de documentos oficiales como pasaportes y visas, ha generado debate dentro de los organismos de control por su alcance jurídico y administrativo.
Ahora, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca deberá estudiar los argumentos presentados por la Procuraduría y las entidades involucradas para determinar si el convenio con la empresa portuguesa se ajusta o no a las normas que regulan la contratación estatal con entidades extranjeras de derecho público.
La decisión final podría marcar un precedente sobre el control de este tipo de acuerdos internacionales en Colombia.
La presunta realidad sobre la producción de los nuevos pasaportes colombianos
Aunque el presidente Gustavo Petro anunció que los documentos se producirían en el país, documentos oficiales obtenidos por El Colombiano indican que el primer lote de 193.000 libretas llegará a Colombia antes del 1 de abril, completamente fabricado en Portugal.
Entre el 4 de abril y el 9 de mayo se espera la llegada de 432.000 pasaportes adicionales, también elaborados fuera del país.
Dos días antes de la presentación oficial del documento, aterrizó en Bogotá un primer envío de 2.000 libretas producidas por la Imprenta Nacional Casa de la Moneda de Portugal.
La instalación de equipos para personalización y seguridad en Colombia apenas inicia, con maquinaria transportada desde el puerto de Leixões, Portugal, hacia Cartagena a mediados de febrero y en proceso de nacionalización.
La ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio, explicó que el traslado incluye cuatro líneas de producción completas, con salas de personalización y almacenamiento seguro, y advirtió que suspender los convenios con Portugal podría generar retrasos significativos debido a los tiempos que exige la contratación pública.
El abogado Nicolás Dupont, quien lidera una acción popular contra los convenios, cuestiona la transparencia del acuerdo por excluir al sector privado y no presentar estudios técnicos comprobados sobre la capacidad de producción. Por su parte, la Procuraduría también mantiene vigilancia sobre la legalidad de la alianza interadministrativa.
La directora de la Imprenta Nacional, Viviana León, confirmó que la producción inicial se realiza completamente en Portugal y que Colombia únicamente se encargará de la personalización de los documentos.
Según León, la transferencia tecnológica permitirá que el país fabrique íntegramente los pasaportes en un plazo de hasta diez años.
Sin embargo, intentos de medios de comunicación por constatar el funcionamiento de las nuevas máquinas han sido infructuosos, reforzando las críticas sobre la opacidad del proceso.
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