Jaime Arizabaleta pidió la presencia de la Procuraduría para los escrutinios: “Tengo una amenaza real de que me roben la curul”

El representante a la Cámara electo por el Valle del Cauca Jaime Ignacio Arizabaleta Fajardo, del partido Centro Democrático, envió una carta a la Procuraduría General de la Nación, solicitando la intervención de delegados del organismo de control en el proceso de escrutinio electoral que se adelanta en los municipios de Buenaventura, Cali y Jamundí. Afirmó que su presencia es requerida para garantizar la transparencia del trámite de verificación de los votos registrados en las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026.

“Obrando en interés general y en defensa de la transparencia del proceso electoral, me permito formular la presente petición respetuosa, pero urgente, en protección de los derechos de miles de votantes y partidarios que democráticamente se expresaron en las urnas el 8 de marzo pasado”, indicó el político en el documento, enviado al procurador general, Gregorio Eljach Pacheco.

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Según explicó, surgieron alertas y reportes ciudadanos el día de los comicios, que advierten sobre un “riesgo cierto, grave e inminente de afectación a la transparencia del escrutinio” en Buenaventura, Cali y Jamundí. Esos riesgos que señaló la población podrían afectar varios aspectos relacionados con el proceso de escrutinio y los resultados de las elecciones:

• La publicidad del escrutinio.
• La cadena de custodia de los documentos electorales.
• El tratamiento de reclamaciones y la consolidación de los resultados.

La posición de Arizabaleta en el Congreso también estaría en juego: "Tengo una amenaza real de que me roben la curul“, aseguró el legislador electo en su cuenta de X.

En consecuencia, el representante electo hizo énfasis en la necesidad de contar con la presencia de funcionarios de la Procuraduría en los lugares que mencionó, para que hagan una labor de vigilancia en las “fases críticas del escrutinio”, que incluyen desde la instalación de las comisiones escrutadoras, apertura y verificación de pliegos, hasta el eventual recuento de votos y la consolidación final de resultados. En caso de detectarse hechos que puedan constituir faltas disciplinarias o delitos electorales, Arizabaleta solicitó a la Procuraduría que tome las “medidas de su competencia” y alerte a las autoridades competentes.

De igual manera, pidió al Ministerio Público que inste a las dependencias “regionales y provinciales” a que respondan de manera articulada frente a cualquier incidente o denuncia que se presente. También solicitó la identificación y notificación por escrito de los funcionarios asignados. “Que se informe por escrito el nombre, cargo y dependencia de los funcionarios o delegados designados para cumplir esta labor preventiva en Buenaventura, Cali y Jamundí”, detalla.

Recordó que el organismo de control ha implementado anteriormente mecanismos de vigilancia preventiva y de reacción en materia electoral, lo que refuerza, a juicio del representante electo, la pertinencia de tomar medidas en Buenaventura, Cali y Jamundí, debido a su “especial sensibilidad electoral”.

Además, fundamentó su petición en el artículo 277 de la Constitución Política de Colombia, que establece que la Procuraduría General de la Nación tiene la función de “vigilar el cumplimiento de la Constitución y la ley, defender los intereses de la sociedad y el ejercicio diligente de las funciones administrativas”.

Finalmente, aclaró que el propósito de su petición no es interferir en la labor que adelantan las autoridades electorales; aseguró que busca fortalecer las garantías de transparencia del proceso electoral, sobre el cual se tiene la información consolidada del preconteo. Hace falta que se den a conocer los resultados de los escrutinios, que ahora generan alerta.

“La presente petición no busca interferir con la autonomía funcional de las autoridades electorales, sino fortalecer las garantías de transparencia, legalidad, imparcialidad, publicidad mediante la confianza pública en una etapa decisiva del proceso democrático, presencia preventiva del órgano constitucional llamado a defender el orden jurídico y los intereses de la sociedad”, precisó.