Estudiantes de la Universidad Popular del Cesar expresaron su indignación por la participación de Juliana Guerrero en la elección de nuevo rector

La polémica elección del nuevo rector de la Universidad Popular del Cesar (UPC), el lunes 9 de marzo de 2026, vivió una particularidad tras la participación de Juliana Andrea Guerrero Jiménez, funcionaria del Gobierno de Gustavo Petro investigada por presuntas irregularidades en sus títulos académicos.

Guerrero reapareció públicamente como delegada del Gobierno en el Consejo Superior Universitario y presenció la designación de Guillermo Andrés Echevarría Gil como rector para el periodo 2026-2030.

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Al respecto, el representante de los estudiantes ante el Consejo Superior, Juan López Nacimiento, cuestionó en entrevista con Caracol Radio la transparencia del proceso y denunció intereses políticos en la elección.

López afirmó que la situación no es exclusiva de la UPC, sino parte de una tendencia nacional en la que actores políticos buscan influir en universidades públicas. “En todo el país se han visto intenciones por parte de actores políticos, particularmente del Gobierno, en tomar las universidades”, afirmó en la entrevista.

Críticas estudiantiles al proceso de elección del rector

Según López, la elección de Echevarría Gil se realizó en una sesión de solo ocho minutos, tras la llegada de un documento con advertencias legales sobre los aspirantes.

“Alcancé a subir a las 8:10 a. m.; me informan que ya habían designado”, relató el representante estudiantil. En la grabación de la sesión se habría observado la falta de revisión de los requisitos para el cargo y una votación que finalizó con cinco votos a favor y ninguno en contra.

López criticó al medio citado la diferencia de criterios frente a otros casos nacionales: “Sorprende además en gran medida por parte del Ministerio de Educación y por el mismo Gobierno Nacional que en otras universidades como la Universidad del Atlántico han hecho incluso suspensión del rector aduciendo que no se hicieron esa serie de análisis y acá el mismo Ministerio, el mismo Gobierno no hace ese análisis y, por el contrario, de forma exprés toma esa decisión”.

Sectores estudiantiles y académicos pidieron mayor transparencia, mientras que la rapidez de la sesión y el resultado habría despertado dudas sobre la influencia política en la UPC, especialmente tras versiones que vinculan a Echevarría Gil con el representante a la Cámara Alfredo “Ape” Cuello.

El proceso judicial de Juliana Guerrero

La presencia de Guerrero en la votación fue especialmente controvertida debido a que enfrenta un proceso penal por presunto uso de títulos falsos expedidos por la Fundación Universitaria San José, que incluso anuló oficialmente su título profesional tras detectar irregularidades en la expedición.

Según la Fiscalía, Guerrero habría obtenido en apenas dos semanas el título de contadora pública, sin presentar las pruebas Saber Pro, requisito esencial para graduarse en Colombia.

Las investigaciones también determinaron que no existen registros de asistencia ni cumplimiento de requisitos académicos en el Sena Regional Cesar, institución en la que presuntamente habría realizado estudios previos.

La Fundación Universitaria San José anuló su título profesional al constatar las inconsistencias. Durante la diligencia judicial programada para el 10 de marzo de 2026, Guerrero solicitó un nuevo aplazamiento porque “por la notoriedad pública del caso” no ha podido contratar un abogado de confianza.

En comunicación dirigida a la fiscal del caso, expresó su “plena disposición de comparecer a las audiencias correspondientes y colaborar con la administración de justicia” una vez tenga representación legal.

Entre tanto, mientras se realizaba la elección, se encontraba pendiente la audiencia de imputación de cargos por parte de la Fiscalía General de la Nación, que buscaba procesarla por fraude procesal, falsedad ideológica en documento público y uso de documento falso.

Finalmente, la fiscalía desistió de solicitar medida de aseguramiento, y el juzgado deberá fijar una nueva fecha para la audiencia de imputación de cargos. El proceso penal sigue en suspenso, mientras Guerrero continúa ejerciendo funciones como delegada del Gobierno en la dirección de la UPC.

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