Gobierno Petro defendió las nuevas reglas que hay para los trabajadores y aclaró que “no se está usurpando la función del Congreso”

El Gobierno de Gustavo Petro expidió el Decreto 0234 del 6 de marzo de 2026, que introdujo cambios fundamentales en el sistema de negociación colectiva del país. La norma establece mesas únicas por sector o rama, permite extender los convenios a empresas no participantes y exige que todos los trabajadores beneficiados por acuerdos sindicales, aunque no sean afiliados, realicen aportes al sindicato respectivo.

La nueva reglamentación establece la negociación colectiva sectorial como mecanismo central. Esto implica que las organizaciones sindicales puedan negociar acuerdos que después se apliquen a empresas de todo el sector, incluyendo a aquellas que no participaron de manera directa en las negociaciones. Además, todos los empleados beneficiados por estos convenios, siendo o no afiliados, deberán aportar económicamente al sindicato.

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“Con dignidad cumplimos. En desarrollo de los artículos 39, 55 y 56 de la Constitución Política de 1991, que garantizan la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva, expedimos el Decreto 0234 de 2026, que reglamenta la negociación colectiva por niveles en Colombia y materializa estos mandatos constitucionales”, expresó el funcionario.

El ministro indicó además que con la nueva norma se cumplen los convenios internacionales ratificados por Colombia y se protege la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas.

Críticas al decreto laboral

Por supuesto, la medida desató una controversia abierta entre el ministro Sanguino y miembros de la oposición como el representante a la Cámara Andrés Forero, del Centro Democrático, así como del presidente de la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco), Jaime Cabal, que tienen posturas divergentes sobre las implicaciones legales y sociales.

Forero manifestó un rechazo tajante. Dijo que “otra vez el Gobierno usurpa funciones del Congreso y decreta artículos hundidos de la laboral. Las negociaciones colectivas ya no serán entre empresa y sindicato, sino por rama de actividad”. Lamentó que “acaban los sindicatos de base y obligan a trabajadores no sindicalizados a pagar cuota”.

El congresista considera que la regulación desplaza la negociación de lo empresarial a lo sectorial, limitando la autonomía tanto de empleadores como de sindicatos de base. Según Forero, se trata de una acción unilateral que revive propuestas ya descartadas en otros escenarios legislativos.

La postura de Forero también expone la preocupación por la obligatoriedad de las aportaciones sindicales, incluso para quienes no están afiliados, lo que, según él, vulnera derechos individuales.

Rechazo empresarial y advertencia de Fenalco

Desde el sector empresarial, el presidente de Fenalco, Jaime Cabal, criticó con fuerza la expedición del decreto. Señaló que se busca “revivir, por vía administrativa, o sea, por la puerta de atrás lo que el Congreso negó en la reforma laboral”.

Cabal advirtió que la posibilidad de suscribir acuerdos sectoriales podría “obligar a empresas que no participaron en la negociación a respetar los acuerdos alcanzados”. Esto, remarcó, “es un nuevo golpe para las mipymes que quedarían obligadas a cargas salariales cuantiosas. Pero además, se pretende que los trabajadores no afiliados al sindicato que negoció en el sector deban pagar aportes a esa organización”.

Considera el dirigente que la medida vulnera el derecho a la no asociación, principio contemplado dentro de la libertad sindical y la Constitución. Los empresarios, según Cabal, temen impactos negativos en la sostenibilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas.

Respuesta del ministro Antonio Sanguino a las críticas

Ante las objeciones, Antonio Sanguino respondió por medio de X: “Faltas a la verdad, estimado congresista Forero. Conviene recordarle que una de las funciones propias del Gobierno es reglamentar las leyes vigentes, como el artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo. Por lo tanto, no se está usurpando ninguna función del Congreso”.

El ministro explicó que el decreto regula derechos que ya existen en el sistema jurídico colombiano y aseguran que “la negociación a nivel de empresa se mantiene intacta. Lo que hace esta medida es abrir la posibilidad de negociar en otros niveles, como el sectorial o por rama de actividad, ampliando los mecanismos de diálogo social”.

Democratizar la participación de los trabajadores

Añadió que el objetivo principal es democratizar la participación de los trabajadores, permitiendo que puedan negociar tanto por empresa como por rama. “Esto no solo fortalece el diálogo laboral, sino que puede reducir la conflictividad laboral y disminuir los altos costos que hoy asumen las empresas en litigios y asesorías jurídicas”, insistió.

Respecto a la polémica surgida por la aportación sindical obligatoria, Sanguino remarcó que “quien decide acogerse a los beneficios aporta la cuota correspondiente, como lo establece la ley. Y quien no quiera hacerlo, puede renunciar a esos beneficios y no pagar ninguna cuota sindical”.

Por último, el funcionario hizo un llamado a un debate respetuoso y responsable, al resaltar la necesidad de priorizar el bien común sobre los intereses particulares o sectoriales en la discusión sobre el futuro de las relaciones laborales en Colombia.