Estas son las decisiones migratorias de Donald Trump que hoy afectan a los colombianos

La política migratoria del presidente Donald Trump volvió a endurecerse durante su actual administración en Estados Unidos. Desde su regreso a la Casa Blanca, el Gobierno norteamericano implementó una serie de decisiones que modificaron distintos trámites para extranjeros, entre ellos los ciudadanos colombianos que desean viajar, trabajar o establecerse legalmente en ese país.

Las medidas abarcan cambios en los costos de visas, requisitos adicionales en solicitudes de asilo, nuevas revisiones en procesos consulares y modificaciones en los procedimientos de deportación.

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En términos prácticos, esto significa que muchos trámites migratorios ahora tienen más requisitos o resultan más costosos que en años anteriores.

Uno de los ajustes que llamó la atención es la creación de un incentivo económico para que las personas que están en situación migratoria irregular salgan voluntariamente del país. El Departamento de Seguridad Nacional habilitó la aplicación móvil CBP Home para gestionar ese proceso. Quienes utilicen ese mecanismo para organizar su salida pueden recibir hasta 2.600 dólares.

Al mismo tiempo, viajar a Estados Unidos como turista se volvió más costoso. Desde octubre de 2025, la visa de turismo y negocios B1/B2 incorporó una nueva tarifa denominada “tasa de integridad”, que equivale a 250 dólares adicionales. Con ese recargo, el costo total del trámite llega aproximadamente a 435 dólares, una cifra cercana a 1,6 millones de pesos colombianos.

Las solicitudes de asilo también empezaron a tener un costo periódico. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración estableció un cobro anual de 100 dólares para quienes presentan este tipo de petición. El pago debe repetirse cada año mientras el expediente siga en estudio y no exista una decisión final.

En los aeropuertos de Estados Unidos también se introdujeron nuevas reglas. La Administración de Seguridad en el Transporte fijó una multa de 45 dólares para los pasajeros de vuelos nacionales que no presenten una identificación aceptada a nivel federal. En el caso de ciudadanos colombianos, el pasaporte vigente permite evitar esa sanción.

Los permisos de trabajo para extranjeros también registraron incrementos en su costo. La primera solicitud del documento que autoriza a laborar en el país tiene un valor de 550 dólares, mientras que cada renovación cuesta 275 dólares.

Otro cambio importante afecta a quienes buscan residencia permanente. Desde el 21 de enero de 2026 el Departamento de Estado suspendió temporalmente la emisión de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, entre ellos Colombia. Las entrevistas consulares continúan realizándose, pero el documento no se imprime mientras las autoridades revisan los perfiles de los solicitantes.

En paralelo, los procesos para obtener visas incluyen ahora una revisión más amplia de la actividad digital de los solicitantes. Los funcionarios consulares pueden examinar publicaciones e interacciones en redes sociales y, si consideran que el contenido no es compatible con el tipo de visa solicitado, el trámite puede ser negado.

En los puntos de ingreso y salida del país también se exige la entrega obligatoria de datos biométricos, como huellas dactilares y fotografías faciales.

En materia de control migratorio, el gobierno amplió el uso de la llamada deportación expedita. Este mecanismo permite expulsar a ciertas personas detenidas dentro del país sin que el caso pase por un juez de inmigración. Además, quienes son arrestados en procesos de deportación perdieron la posibilidad de solicitar una fianza para quedar en libertad mientras se resuelve su situación.

Otra directriz permite detener a refugiados o asilados que lleven más de un año en Estados Unidos si no han iniciado el trámite para obtener la residencia permanente.

También se modificó el examen para adquirir la ciudadanía estadounidense. El banco de estudio pasó a tener 128 preguntas. Durante la entrevista se realizan 20 y la persona debe responder correctamente al menos 12 para aprobar.

Al mismo tiempo, algunos permisos de trabajo que antes podían tener vigencias de hasta cinco años ahora tienen una duración máxima de 18 meses.

En los trámites migratorios también se retomó con mayor rigor la llamada regla de “carga pública”. Bajo este criterio, si un funcionario considera que una persona podría depender de ayudas estatales en el futuro, la solicitud de visa o de residencia puede ser rechazada.

Las visas laborales para profesionales extranjeros también enfrentan cambios. Las empresas que desean patrocinar visas H-1B deben pagar tarifas más altas, lo que redujo la cantidad de compañías que utilizan este mecanismo para contratar talento internacional.

Otras decisiones incluyen restricciones al programa conocido como lotería de visas, mayores exigencias para aprobar solicitudes de asilo y la posibilidad de deportar migrantes hacia terceros países cuando existen obstáculos para enviarlos directamente a su país de origen.

En conjunto, estas decisiones modificaron varios de los caminos que utilizaban los colombianos para ingresar o permanecer en Estados Unidos, con más controles, más costos y procesos más estrictos en cada etapa del trámite migratorio.