La inclusión laboral de personas con discapacidad en Colombia contará con un nuevo respaldo legal a partir del 25 de junio de 2026, fecha en que entrará en vigor la Ley 2466 de 2025. Esta legislación establece tanto obligaciones como incentivos para que las empresas integren a personas con discapacidad en sus equipos de trabajo, promoviendo un entorno laboral más equitativo y diverso.
De acuerdo con la normativa, las compañías que cuenten con más de 100 empleados deberán incorporar en su nómina al menos dos trabajadores con discapacidad por cada 100 colaboradores. La medida no solo impone una cuota mínima, sino que también busca promover la adopción de prácticas inclusivas a través de estímulos económicos y prioridad en la contratación pública.
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Beneficios fiscales y prioridad en contratos para empresas inclusivas
La Ley 2466 de 2025 introduce deducciones tributarias significativas para las organizaciones que contraten personas con discapacidad. El marco legal establece que los empleadores podrán deducir de su impuesto de renta un 200% del valor de los salarios y prestaciones sociales pagados a estos trabajadores durante el periodo gravable correspondiente. Este beneficio representa un incentivo directo para que el sector privado avance en la implementación de políticas de inclusión laboral sostenibles.
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Además, las empresas que cumplan con la cuota de inclusión podrán acceder a una reducción del 50% en la cuota obligatoria de aprendices y recibirán prioridad en los procesos de contratación pública. Estos estímulos institucionales se complementan con el reconocimiento en programas de responsabilidad social y la certificación en estándares de sostenibilidad empresarial.
En diciembre de 2025, el Gobierno firmó la Alianza por el Empleo Inclusivo y comenzó la socialización de estos beneficios fiscales para empleadores. Durante la apertura de la ‘Jornada de Inclusión Laboral con Beneficios Tributarios’, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, destacó la importancia de transformar el panorama laboral del país:
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“En nuestro país, de cada 100 jóvenes 46 tienen empleo, de los adultos mayores, apenas 29. En las personas con discapacidad, la cifra es dura: solo 20 de cada 100 consiguen trabajo. Esa es la realidad que tenemos que transformar”.
Incentivos adicionales para contratación de poblaciones vulnerables
La nueva ley contempla beneficios tributarios para distintos grupos poblacionales con barreras de acceso al empleo. Los empleadores que contraten jóvenes menores de 28 años en su primer trabajo podrán realizar una deducción del 120% de los salarios en el impuesto a la renta. Para quienes empleen adultos mayores sin pensión, el descuento será del 120%.
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En el caso de la contratación de mujeres víctimas de violencia de género o personas con discapacidad, la deducción aumenta al 200% del valor de salarios y prestaciones sociales. La normativa también establece una progresividad en los aportes parafiscales cuando se contraten personas pospenadas, con mayores reducciones si el 60% de las vinculaciones corresponde a mujeres o personas transgénero, según precisó Sanguino Páez.
Impacto económico y ventajas competitivas
Un estudio realizado por Accenture junto a Disability:IN y la Asociación Americana de Personas con Discapacidad, citado en el marco de la socialización de la ley, concluyó que las empresas que implementan prácticas de inclusión laboral para personas con discapacidad registran 1,6 veces más ingresos, el doble de beneficios económicos y hasta 2,6 veces más ingresos netos frente a organizaciones menos inclusivas.
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La inclusión no solo responde a una exigencia legal, sino que se proyecta como una estrategia competitiva que fortalece la innovación, mejora el clima laboral y consolida una cultura organizacional basada en el respeto y la diversidad.
Retos y barreras en la implementación
A pesar de los incentivos y beneficios, existen desafíos para la adopción de procesos inclusivos en algunas organizaciones. El desconocimiento sobre discapacidad, la falta de información sobre la normativa vigente y la persistencia de prejuicios aún limitan la implementación efectiva de estas políticas. Factores operativos, como la escasa experiencia en contratación inclusiva, también influyen.
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La Ley 2466 de 2025 marcará un avance hacia un mercado laboral colombiano más inclusivo, donde las empresas que adopten modelos de contratación diversos no solo cumplen con la ley, sino que acceden a beneficios fiscales, prioridad en contratos públicos y la posibilidad de mejorar su desempeño económico y reputacional.
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