Anif lanzó alerta por reorganización de las EPS: millones de afiliados podrían concentrarse en entidades con problemas

El sistema de salud colombiano atraviesa un momento de fuerte tensión financiera y operativa, y en medio de ese panorama surgió una nueva advertencia sobre los cambios que el Gobierno está impulsando en la organización de las Entidades Promotoras de Salud (EPS). Un análisis de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) puso la lupa sobre el Decreto 0182 de 2026, una norma que redefine la forma en que estas entidades pueden operar en el territorio.

Para el centro de estudios, el problema no es menor. Aunque la medida fue presentada por el Ejecutivo como un mecanismo para ordenar el sistema y mejorar su eficiencia, el informe advirtió que sus efectos podrían ir en dirección contraria. En lugar de aliviar las tensiones del modelo, la reorganización podría terminar concentrando a millones de usuarios en aseguradoras que ya enfrentan dificultades financieras y operativas.

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El contexto en el que aparece esta discusión tampoco es tranquilizador. Según el documento, el deterioro patrimonial de las EPS fue acelerado en los últimos años. En 2021, el patrimonio agregado del sistema registraba pérdidas cercanas a $0,3 billones. Cuatro años después, para noviembre de 2025, ese hueco se había ampliado hasta $15,8 billones, una cifra que además no incluye los reportes de la Nueva EPS.

Ese deterioro financiero viene acompañado de un aumento sostenido en las inconformidades de los usuarios. Las cifras muestran un salto considerable en el volumen de quejas, mientras en 2017 se registraban cerca de 10 reclamos por cada 10.000 afiliados, al cierre de 2025 el indicador llegó a 43 en el régimen contributivo y a 23,7 en el subsidiado.

En ese escenario aparece el Decreto 0182 de 2026, que introduce un modelo de ordenación territorial para el funcionamiento de las EPS. La norma establece cuántas aseguradoras pueden operar en cada municipio o departamento, con la intención de generar economías de escala y fortalecer la sostenibilidad del sistema.

No obstante, el análisis de Anif cuestionó el supuesto central de la medida. De acuerdo con el informe, no existe evidencia clara de que concentrar más afiliados en menos entidades produzca mejores resultados en la atención o en la estabilidad financiera. Por el contrario, los datos sugieren que en varios territorios con altos niveles de afiliación también se presentan mayores tasas de quejas, lo que apunta a problemas estructurales en la prestación del servicio.

Uno de los efectos más relevantes de la reorganización sería el traslado obligatorio de millones de afiliados hacia las EPS que conserven autorización para operar en cada territorio. Ese movimiento masivo de usuarios es, precisamente, uno de los aspectos que más inquieta a los analistas. El caso de la Nueva EPS aparece como uno de los ejemplos más sensibles. Según las estimaciones de Anif, esta entidad podría recibir alrededor de 2,7 millones de nuevos afiliados como resultado de la reorganización, especialmente en departamentos como Nariño y Caquetá. En algunas de estas regiones, el número de usuarios podría incluso duplicarse en poco tiempo.

La preocupación radica en que la Nueva EPS ya enfrenta presiones significativas en materia de atención y reclamaciones. Al inicio de 2026, la entidad registraba una de las tasas más altas de quejas del sistema, 441 por cada 10.000 afiliados, un indicador que además ha mostrado una tendencia creciente en los últimos años. El informe también advirtió sobre posibles impactos en el derecho de los usuarios a elegir su asegurador. En municipios con menos de 20.000 habitantes, el decreto permitiría que opere una sola EPS. En la práctica, esto podría reducir las alternativas disponibles para los ciudadanos que viven en esas zonas.

Si bien la norma contempla que los afiliados puedan solicitar un traslado después de 60 días, Anif considera que esa posibilidad podría ser limitada en la práctica. La disponibilidad de cupos, la presencia de redes de atención y las restricciones territoriales podrían convertir la libre elección en un derecho condicionado.

En otras palabras, la reorganización podría terminar restringiendo las opciones de los usuarios en lugar de ampliarlas. Y en un sistema donde la capacidad de elegir asegurador ha sido uno de los pilares del modelo, ese cambio podría tener efectos relevantes sobre la experiencia de los pacientes.

Más allá de los ajustes administrativos que plantea el decreto, el informe concluyó que la medida no aborda los problemas de fondo que enfrenta el sistema de salud. Para Anif, las fallas estructurales —desde la financiación hasta la calidad de la atención— seguirán presentes si no se implementan reformas más profundas.