La investigación por el asesinato de Sheerydan Sofía Hernández Noriega, de 14 años, y Keyla Nicolle Hernández Noriega, de 17, en el municipio de Malambo, Atlántico, sumó un nuevo capítulo.
El abogado Rogelio Roldán, defensor del menor de 17 años señalado como coautor del crimen, denunció presuntas irregularidades en el desarrollo de las audiencias judiciales. Según Roldán, el proceso seguido contra su representado —acusado de homicidio, secuestro expresivo y porte ilegal de armas— estaría vulnerando principios fundamentales del sistema penal para adolescentes en Colombia.
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En entrevista con Infobae Colombia, Roldán enfatizó que la privación de la libertad en menores debe ser una medida excepcional. Citó el artículo 181 de la Ley 1098, el cual establece que la detención preventiva solo puede ordenarse como último recurso y bajo circunstancias estrictamente justificadas.
“La medida de aseguramiento en el sistema penal para adolescentes tiene una connotación excepcional… solo debe aplicarse cuando no haya otro medio”, puntualizó el abogado a este medio.
El contexto judicial del caso
Durante la audiencia del 6 de marzo de 2026, el equipo de defensa, integrado por Rogelio Roldán y Juan Benavides de la firma Legalpro, solicitó que al adolescente se le aplicara un modelo de justicia restaurativa, que implicaría una medida no privativa de la libertad.
El joven, conocido por el alias de “el Mono”, se declaró inocente durante la imputación de cargos. Sin embargo, la Fiscalía insiste en la necesidad de una medida restrictiva, argumentando la gravedad de los delitos y la posible fuga del procesado.
Roldán explicó que, en casos como este, deben aplicarse los principios de protección, interés superior del menor y diferenciación. Subrayó que el menor procesado debe recibir un doble trato: como imputado y también como víctima, debido a la corresponsabilidad que el Estado, la familia y la sociedad comparten en el desarrollo de los adolescentes. “El Estado es el principal garante de los derechos de los niños, niñas y adolescentes”, afirmó el defensor en Infobae Colombia.
El abogado sostuvo que, además de la presunción de inocencia, su cliente tiene derecho al libre desarrollo, a la duda, a guardar silencio y a un juicio justo. Señaló que “toda la información que se va a llevar a juicio por parte del ente persecutor debe gozar de todas las garantías, de todas las formalidades que exige el debido proceso probatorio”.
Revelaciones sobre irregularidades
De acuerdo con Roldán, durante la solicitud de medida de aseguramiento se presentaron varias irregularidades tanto por parte de la Fiscalía como del juzgado encargado del caso. Aseguró que no se cumplieron las prerrogativas legales ni las garantías procesales establecidas en la legislación colombiana para adolescentes.
No obstante, indicó que los detalles específicos de estas supuestas anomalías tienen carácter reservado y no pueden ser divulgados públicamente, aunque subrayó la importancia de que la opinión pública conozca el marco legal al que deben estar sujetos estos procesos.
El defensor reiteró que el adolescente debe ser tratado como inocente mientras no exista condena judicial y también como víctima de un Estado que, según su postura, no ha garantizado plenamente los derechos a los menores en situación de vulnerabilidad. En sus palabras, “cuando un niño está siendo procesado es que el Estado falló y por eso se habla de corresponsabilidad, en donde el Estado tiene que entrar a reparar y resarcir esos daños”.
Mientras avanza el proceso judicial, la defensa del menor insiste en la necesidad de que se respeten todas las garantías procesales y los derechos fundamentales reconocidos por la legislación colombiana e internacional.
El caso que conmociona a Malambo y al Atlántico
El doble homicidio de las hermanas Hernández Noriega mantiene en vilo a la comunidad de Malambo desde que, el 2 de marzo, se hallaron sus cuerpos tras 13 días de búsqueda. Las adolescentes habían salido de su casa, ubicada en el barrio La Sierrita de Barranquilla, el 17 de febrero, motivadas por el cierre del Carnaval.
Según la madre de las víctimas, María Noriega, esa noche recibieron mensajes de jóvenes que habían conocido días antes. “Les mandaron un carro. Cuando les preguntamos para dónde iban, dijeron que ya venían”, relató.
La investigación apunta a que las jóvenes acudieron a una reunión en la que participaron integrantes de estructuras criminales como Los Costeños. Las autoridades manejan la hipótesis de que Keyla Nicolle fue asesinada primero y que Sheerydan Sofía permaneció retenida varios días antes de que también la asesinaran. Los cuerpos fueron enterrados en una zona montañosa de Malambo.
El caso involucra a Juan David, alias “Tata”, capturado en una clínica del norte de Barranquilla, y a “el Mono”, el adolescente hoy procesado. Según los reportes, este último se había fugado en 2025 de un centro de detención para menores y habría sido reclutado por el Frente 33 de las disidencias de las Farc. Su regreso reciente al Atlántico reavivó las sospechas sobre la posible conformación de una célula del grupo en la región.
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