Los jurados de votación en el puesto Puerto Lozadas, en Meta, se refugiaron bajo las mesas debido a las detonaciones que causaron temor - crédito @Registraduria/X
La jornada electoral del 8 de marzo de 2026, en la que se disputan las curules de un nuevo Congreso y de las tres consultas interpartidistas, enfrenta dificultades en una zona del departamento del Meta.
La Registraduría Nacional del Estado Civil informó sobre un episodio de hostigamiento en un puesto de votación rural del municipio de La Macarena, por medio de sus redes sociales, situación que impidió el avance del preconteo de sufragios, después de las 4:00 p. m. cuando se cerraron todas las mesas de votación en el país.
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Mientras el proceso avanza en gran parte del país, la entidad electoral reportó el incidente de orden público en el puesto de votación Puerto Lozada, ubicado en zona rural de La Macarena. El hecho genera retrasos en la revisión inicial de los votos emitidos en ese lugar.
La Registraduría divulgó el reporte a través de la red social X; desde esa plataforma, indicó que la situación de seguridad no permite que los jurados de votación continúen con el procedimiento correspondiente al preconteo.
“Se presenta hostigamiento en el puesto de votación Puerto Lozada, ubicado en la zona rural del municipio de La Macarena, Meta. Debido a esta situación de orden público, no ha sido posible adelantar el proceso de preconteo de votos. Las autoridades competentes en el territorio se encuentran atendiendo la situación para garantizar la seguridad y continuar con el desarrollo del proceso electoral”, señaló la entidad en su publicación.
Las imágenes difundidas junto al mensaje muestran momentos de tensión en el interior del lugar donde se instalaron las mesas. En el material se observa a los jurados de votación acostados en el suelo y protegidos bajo las mesas utilizadas durante la jornada. De fondo se escuchan detonaciones que provocaron temor entre quienes permanecen en el sitio.
El episodio obligó a detener cualquier actividad relacionada con la verificación preliminar de los votos depositados en ese puesto, y es que la prioridad de las autoridades se centra en el control de la situación y en la protección de las personas que cumplen funciones electorales en la zona.
De acuerdo con la entidad que lidera Hernán Penagos, las autoridades competentes en el territorio atienden el caso con el objetivo de restablecer la seguridad y permitir que el proceso continúe. Hasta que esa condición se garantizó, el avance del preconteo en ese punto específico permaneció suspendido.
La Registraduría mantiene la vigilancia sobre lo ocurrido y continúa con el seguimiento del desarrollo de la jornada electoral en todo el país, mientras millones de ciudadanos participan en la elección legislativa y en las consultas de partidos.
Durante el operativo de seguridad durante las elecciones 2026 se presentaron capturas e incautación de dinero
Luego del cierre de las mesas de votación, la Policía Nacional entregó un balance de seguridad de la jornada electoral de este domingo. Las autoridades informaron sobre 88 capturas por presuntos delitos electorales y la incautación de $3.761 millones en efectivo en diferentes regiones del país.
El reporte se conoció desde el Puesto de Mando Unificado y forma parte del operativo ‘Seguridad Democracia 2026’, estrategia con la que la fuerza pública monitoreó en tiempo real el desarrollo de las elecciones para prevenir irregularidades como la compra de votos o la trashumancia electoral.
Entre los hechos reportados también aparece el traslado ilegal de al menos 2.400 personas desde Venezuela, situación que quedó bajo revisión de las autoridades. Además, se confirmó la captura de dos candidatos: Víctor Hugo Moreno, aspirante a la Cámara por el Centro Democrático, y Freddy Camilo Gómez Castro, candidato al Senado por el Partido de la U.
En cuanto al dinero incautado, los montos más altos se registraron en Bogotá con $631 millones, Montería con $434,7 millones, Soacha con $300,3 millones y Sincelejo con $275 millones. También hubo decomisos en lugares como La Pintada, Palmira, Buenaventura, Hatonuevo, Cartagena y Barrancabermeja, entre otros municipios.
Las autoridades señalaron que estos recursos quedaron bajo análisis judicial, debido a que su origen o destino podría estar relacionado con prácticas de corrupción electoral. Mientras tanto, los organismos de control continúan con la verificación de las capturas y los casos detectados durante la jornada electoral.
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