Ministerio de Defensa anunció millonaria recompensa para quienes aporten a la captura de responsables por delitos electorales

Durante las primeras horas de la jornada electoral del domingo 8 de marzo de 2026, las autoridades comenzaron el despliegue de estrategias para prevenir todo tipo de delitos electorales, en garantía del pleno desarrollo de la jornada democrática en todo el territorio nacional.

Para este efecto, voceros del Ministerio de Defensa, cuya operación estará enfocada completamente en la seguridad electoral en los territorio, anunciaron una millonaria recompensa a los ciudadanos que cooperen con la captura de señalados por delitos electorales.

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En especial, luego de los reportes sobre el marcado incremento de capturas e incautaciones de dinero en efecto, relacionadas con casos de compra y venta de votos para la jornada de elecciones legislativas y de consultas interpartidistas para la Presidencia de 2026.

Estos delitos serían más visibles en el horario de las votaciones del 8 de marzo y en áreas cercanas a los puestos de votación, a partir de las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m.

“Denunciar la compra de votos es proteger la libertad, la legalidad y la democracia. Ofrecemos hasta 50 millones de pesos de recompensa por información que permita capturar a quienes intenten vulnerar el proceso electoral”, informaron en las cuentas oficiales de la cartera.

Incluso, invitaron a la ciudadanía a la línea 157 Anticorrupción. Las denuncias, recordaron, cuenta con total reserva garantizada.

Cuáles son los delitos electorales más recurrentes en Colombia

La Misión de Observación Electoral (MOE) es la entidade de vigilancia electoral más respetada en el país.

Cada tres años, expertos de esta entidad realizan un manual que desmenuza con rigor los principales delitos, prohibiciones y faltas disciplinarias que amenazan la transparencia de las elecciones en Colombia.

En primer lugar están los delitos contra los mecanismos de participación democrática –tipificados en el Código Penal colombiano, Ley 599 de 2000– y que comprenden conductas tan diversas como la compra de votos, la alteración de resultados y la financiación prohibida de campañas.

Entre los 18 tipos de conductas delictivas descritos sobresalen:

• Perturbación de certamen democrático: conductas que, mediante engaños, mentiras o violencia, impiden la votación, el escrutinio o el cabildo abierto. Las penas llegan hasta nueve años de cárcel y multas entre 50 y 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV). Si hay uso de violencia o el autor es servidor público, la sanción es más severa.
• Fraude al sufragante: obtener un voto usando engaños, falsas promesas o amenazas de pérdida de beneficios estatales.
• Fraude en la inscripción de cédulas: cuando se inscribe una cédula o se induce a otro a hacerlo en un municipio donde la persona no reside o no nació. No solo votantes, también organizaciones políticas participan en estas maniobras para modificar la representación local.
• Elección ilícita de candidatos: ser elegido pese a estar inhabilitado por decisión judicial, fiscal o disciplinaria, acarrea cárcel y multa amplia.
• Corrupción al sufragante y tráfico de votos: ambos delitos sancionan la compra o venta de votos, en especie o dinero. Llama la atención que tanto quien paga como quien vende el voto incurren en responsabilidad penal.
• Voto fraudulento y favorecimiento de voto fraudulento: sancionan tanto a quien suplanta a otro votante, vota varias veces o sin derecho, como a los jurados o autoridades que lo permiten.
• Financiación prohibida, violación de topes y omisión de información: la recepción de fondos de fuentes ilícitas (narcotráfico, grupos armados, gobiernos extranjeros, anónimos) y el gasto que excede los topes legales son delitos con penas que combinan cárcel, multas cuantiosas y pérdida del cargo.Algunos datos únicos refuerzan este diagnóstico: a partir de la Ley 1864 de 2017, la violación a los límites de gasto en campañas, la inobservancia en reportar aportes y la financiación con dineros prohibidos pasaron a ser delitos penales, susceptibles de sanción por juez y no solo por autoridad administrativa.

Faltas y prohibiciones para servidores públicos

En cuanto a las limitaciones que rigen sobre los funcionarios estatales durante los procesos electorales. hay dos principios fundamentales: los servidores públicos no pueden intervenir en política y deben abstenerse de usar el cargo para favorecer intereses partidistas.

Entre las faltas disciplinarias gravísimas, cuya sanción puede ser la destitución e inhabilidad general, se citan:

• Hacer proselitismo, favorecer o perjudicar una opción política.
• Integrar órganos de dirección de partidos políticos (con excepción de congresistas, concejales y diputados).
• Presionar a subalternos en favor de candidaturas.
• Utilizar bienes y recursos públicos para actividades políticas o reuniones proselitistas.

Dentro de las prohibiciones adicionales se destacan restricciones para aceptar donaciones, contratar parientes e incidir en procesos de contratación pública en los meses previos a elecciones.

Sobre las violaciones a normas electorales: sanción, aunque no haya delito, la MOE también detalló conductas sancionables en materia de publicidad política, financiación y publicación de encuestas. Las campañas solo pueden pautar propaganda electoral en medios de comunicación 60 días antes del día de la elección y deben cumplir reglas estrictas en el uso de símbolos, espacios públicos y financiamiento.