Gremio de médicos advierte que decreto del Gobierno sobre traslado de EPS podría dejar a millones de pacientes con tratamientos interrumpidos

Varios colegios médicos del país expresaron preocupación por los efectos que podría tener el Decreto 0182 de 2026 del Ministerio de Salud, una norma que redefine la manera en que operará el aseguramiento en salud con un modelo basado en territorios.

Según los gremios firmantes del pronunciamiento, la medida podría provocar cambios masivos de afiliación que pondrían en riesgo la continuidad de tratamientos de millones de pacientes.

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El comunicado fue firmado por representantes de los colegios médicos de Antioquia, Santander, Cauca y Cundinamarca y Bogotá. En el documento advierten que la reorganización del sistema se plantea mientras el sector atraviesa una crisis que ya afecta el funcionamiento de hospitales, clínicas y otros prestadores.

El decreto propone que los aseguradores de salud operen con una distribución territorial y con un número mínimo de afiliados por región. De acuerdo con los médicos, la idea busca concentrar usuarios en determinados operadores para mejorar la organización del sistema. Sin embargo, sostienen que aplicar esa redistribución en el contexto actual podría generar dificultades en el acceso a servicios.

Para entender el problema, los gremios explican que si el Gobierno reorganiza a los afiliados entre aseguradoras para cumplir con el nuevo esquema territorial, millones de personas podrían ser trasladadas de entidad. Cada cambio implica mover historias clínicas, procesos administrativos, redes de atención y tratamientos que ya estaban en curso.

Los médicos señalan que el mayor impacto recaería en la Nueva EPS, que hoy es la entidad con más afiliados en el país. Según el pronunciamiento, esa aseguradora podría recibir entre 2,6 y 3 millones de usuarios adicionales distribuidos en cerca de 520 municipios. Con ese traslado, la entidad quedaría con alrededor de 14 millones de afiliados.

El gremio sostiene que la situación de esa EPS es uno de los factores que genera preocupación. Indican que, desde abril de 2024, cuando quedó bajo manejo del Gobierno Nacional, se ha registrado un deterioro en indicadores relacionados con calidad del servicio y estabilidad financiera.

Para respaldar esa afirmación mencionan reportes de peticiones, quejas y reclamos, así como acciones de tutela relacionadas con el acceso a servicios de salud. Esas cifras han sido divulgadas por entidades de control y organismos del Estado como la Superintendencia de Salud, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría.

El documento también menciona una situación que ya es visible para los usuarios del sistema: el cierre de servicios por parte de clínicas y hospitales que reclaman deudas acumuladas. Según los médicos, ese problema se extiende a operadores logísticos y farmacias, lo que afecta la entrega de medicamentos y la prestación de tratamientos.

En ese escenario, los firmantes del comunicado consideran que trasladar más afiliados a una entidad que ya enfrenta dificultades podría generar mayores interrupciones en la atención. Esto, señalan, tendría consecuencias directas para personas con enfermedades crónicas, cáncer, padecimientos huérfanos y otros tratamientos que requieren seguimiento permanente.

El pronunciamiento incluye otro elemento que, según los gremios, debe tenerse en cuenta: el contexto de violencia en algunas regiones del país. Como ejemplo, mencionan el departamento del Cauca, donde el conflicto armado complica la prestación de servicios y el desplazamiento de pacientes.

Por esa razón, los colegios médicos pidieron a la Corte Constitucional, a los organismos de vigilancia y control, al Ministerio de Salud y a la Presidencia de la República revisar los efectos de la medida.

La solicitud busca que el proceso se detenga hasta que exista un sistema que garantice condiciones seguras para un eventual traslado masivo de afiliados. Según los firmantes, tomar decisiones sin resolver los problemas actuales del sector podría afectar la atención de miles de pacientes en todo el país.

El pronunciamiento concluye con un llamado a los diferentes actores del sistema de salud para discutir soluciones que permitan proteger el derecho a la atención médica, en especial para las personas que dependen de tratamientos continuos para preservar su salud y su vida.