UNP aclaró que renuncia de su director, Augusto Rodríguez, no se relaciona con el caso de Juliana Guerrero: “Obedece a la transición entre gobiernos”

La Unidad Nacional de Protección (UNP) negó que la salida de Augusto Rodríguez estuviera vinculada al caso de Juliana Guerrero y sostuvo que el retiro de sus medidas respondió a un procedimiento ordinario aplicable a quienes dejan un cargo público al final del gobierno de Gustavo Petro.

La entidad afirmó que Rodríguez informó al presidente Petro que el esquema de la exfuncionaria del Ministerio del Interior sería levantado una vez terminara su vínculo con esa cartera. Para conservar la protección, agregó, Guerrero debía acreditar de nuevo su condición de lideresa social estudiantil y activista política, que era la base anterior de su cobertura.

A propósito, ubicó el episodio en el cierre de la administración y remarcó que “hoy termina este Gobierno”, por lo que ministros, directores y otros servidores públicos protegidos deben pasar por el mismo proceso. Según la UNP, no se trató de una excepción ni de una decisión singular.

“Este no es un procedimiento excepcional. Es el protocolo que debe surtir toda persona protegida como funcionaria pública al dejar su cargo, con el fin de realizar la transición entre poblaciones objeto de protección y adelantar el correspondiente estudio de nivel de riesgo”, expuso.

La respuesta oficial también incluyó una desmentida directa sobre una eventual intervención del jefe de Estado. La UNP aseguró que no existió “orden presidencial alguna” para favorecer a Guerrero ni actuación orientada a manipular la asignación de medidas de protección.

La UNP sostiene que el retiro del esquema siguió el protocolo previsto para exfuncionarios

En su pronunciamiento, la UNP explicó que toda persona amparada por su condición de funcionaria pública debe surtir una transición al dejar el cargo. Ese paso implica cambiar de población objeto de protección y realizar el correspondiente estudio de nivel de riesgo.

Bajo ese criterio, la continuidad de las medidas no depende de la sola finalización del empleo público. La entidad señaló que, en el caso de Juliana Guerrero, era necesario volver a demostrar la calidad por la que antes recibía protección fuera de su paso por el Ministerio del Interior.

Augusto Rodríguez, director de la UNP, fue presentado por la propia entidad como el funcionario que comunicó esa situación al presidente. El organismo insistió en que la decisión no estuvo atada a su renuncia y calificó de “absolutamente falso” ese vínculo.

La UNP acusó a Semana de omitir el contexto del procedimiento

La respuesta oficial apuntó contra Semana, a la que acusó de no explicar un trámite que, según la UNP, rige para todos los funcionarios públicos protegidos. El organismo sostuvo que la publicación omitió de manera deliberada el contexto normativo del caso.

En su análisis, la revista reprodujo afirmaciones del dirigente sindical Wilson Devia sin verificar los hechos con la institución competente. En ese mismo pasaje, la UNP añadió que el medio no tuvo en cuenta los antecedentes judiciales de Devia.

“Con esta publicación, la revista Semana demuestra que, en su afán por atacar a la UNP y al Gobierno nacional, omitió deliberadamente explicar un procedimiento que aplica a todos los funcionarios públicos protegidos. Más aún cuando hoy termina este Gobierno y ministros, directores y demás servidores públicos deberán surtir exactamente el mismo proceso”.

En esa línea, el organismo afirmó que atribuir responsabilidad al presidente Petro por el cumplimiento de procedimientos legales carece de sustento. También rechazó como infundada la idea de que hubiera existido una instrucción presidencial para beneficiar a una persona en particular.

El organismo defendió su gestión con una apelación a la legalidad y la ausencia de privilegios

La UNP afirmó que su actuación durante estos cuatro años estuvo guiada por la transparencia, el respeto por la ley, la aplicación estricta de los procedimientos y la objetividad en los estudios de riesgo. Bajo esa premisa, sostuvo que no hubo excepciones ni tratos preferenciales.

En el mismo pronunciamiento, la entidad extendió esa defensa a la gestión del presidente Petro y a la de Rodríguez. La formulación oficial cerró con una definición tajante: “sin excepciones ni privilegios para nadie”.