
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones confirmó la inversión de cuatro millones de dólares en una película sobre el almirante José Prudencio Padilla, impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.
La polémica se acentuó por el contexto de crisis presupuestal y sanitaria, y el hecho de que el actor Cuba Gooding Jr. personificará al célebre marino a pesar de las denuncias en su contra por acoso sexual. Además, por la participación de Petro que tendrá una breve aparición en el cortometraje.
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Aunque no hay ninguna ley en la Constitución Política de 1991 que sancione al mandatario, puede ser investigado en dos casos. Según el abogado constitucionalista Juan Manuel Charry, el escrutinio jurídico sobre la presencia del jefe de Estado en esta producción cinematográfica depende de la existencia de alguna manera de presión desde la Presidencia para quedar incluido en la película, y el eventual uso de fondos o instrumentos públicos.
“Podría verla si hubiera utilizado su fuero presidencial para obligar a que se le incluyera”, dijo en entrevista con La FM, aclarando que una situación de ese tipo sí merecería un cuestionamiento formal.

El experto señaló que la evaluación cambia si la participación es secundaria y ajena a intereses oficiales. Charry afirmó que, en ese contexto, la intervención “casi que a título de extra, no representaría una infracción”. El jurista remarcó que solo se configuraría una irregularidad si existieran pruebas de influencia del Ejecutivo o de financiamiento estatal específico para esa aparición.
Dadas las circunstancias, sostuvo que “no tiene mayor trascendencia” si la intervención fue breve y no hubo utilización indebida de bienes estatales.
Charry aprovechó para señalar que Gustavo Petro suele adoptar conductas diferenciadas respecto a sus antecesores, tanto en comportamiento como en la gestión de la imagen pública. A su juicio, el mandatario busca abrir espacio para nuevos temas de conversación y romper con las formas tradicionales de liderazgo. Según sus palabras, “este presidente ha hecho muchas cosas que otros presidentes no hacían”, lo que le ha valido generar debates ajenos a la costumbre política.
Voces críticas desde el Congreso y el espectro político
La reacción de dirigentes políticos no se hizo esperar. La senadora Paloma Valencia, aspirante presidencial por el partido Centro Democrático, expresó su desacuerdo compartiendo en redes sociales: “Petro es un presidente que se cree poeta, pero ahora también se cree actor. Lo que me duele no son sus pasatiempos, lo que me duele es que 15.000 millones de los colombianos se dilapiden en una película para que él se estrene como artista”.
Valencia añadió que la crisis fiscal, el incremento de la deuda y el déficit de recursos en sectores como el de la salud agravan la situación: “De verdad, presidente, deje las actuaciones para otro día y gobierne”.

El representante a la Cámara Andrés Forero también expresó su descontento. En su cuenta de X, afirmó: “El sistema de salud se cae a pedazos mientras @petrogustavo anda perdiendo el tiempo como relleno en una película que halaga su propio ego”. En otra intervención, remarcó: “La faceta de Petro como actor es la que menos me disgusta; lástima que sea financiada con los impuestos y la plata del pueblo, mientras miles de compatriotas mueren a diario por la inseguridad y la falta de atención médica”.

Desde el Partido Verde, la senadora Angelica Lozano criticó la magnitud del contrato, recordando que supera por amplio margen los $8.104 millones autorizados para la producción de otros proyectos cinematográficos en el año en curso. “¿Financiación pública del arte o capricho presidencial?”, agregó, acompañando sus palabras con imágenes de las convocatorias para proyectos audiovisuales, que cuentan con un presupuesto de solo $3.620 millones. Este contraste profundizó la discusión sobre la equidad y racionalidad en el reparto de fondos para el sector cultural.
Por su parte, Enrique Gomez, presidente de Salvación Nacional y jefe de debate de Abelardo de la Espriella, calificó la iniciativa en sus plataformas digitales como “el descaro criminal de Gustavo Petro, su despreciable vanidad está por encima de la salud, de la vida de los colombianos”. En su publicación difundió, además, un comunicado del Ministerio de las TIC con los detalles sobre costos, empresas involucradas en la coproducción público-privada y los objetivos culturales del proyecto, lo que profundizó la molestia de figuras políticas opositoras.
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