Las principales empresas transportadoras de gas natural en Colombia, Promigas, TGI (filial del Grupo Energía Bogotá), Promioriente, Transmetano y Transoccidente, respondieron a la orden del Gobierno nacional de devolver más de $150.000 millones a los usuarios por supuestos sobrecostos en el transporte, tras el ajuste tarifario implementado desde 2023.
Las compañías aseguraron que no existe fundamento para la devolución, argumentando que cumplieron la regulación vigente y no trasladaron cobros indebidos a los consumidores.
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La Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) y el Ministerio de Minas y Energía determinaron que el incremento de la tasa de descuento regulatoria (Wacc) aplicado en 2023 generó un aumento en los costos de transporte, el cual se trasladó directamente a hogares y comercios del país. La decisión oficial implica que más de $150.000 millones deberán compensarse a los usuarios, según lo anunciado oficialmente por el Gobierno.
De acuerdo con el comunicado divulgado por el Ministerio de Minas y Energía, la revisión de la metodología tarifaria reveló que el Wacc pasó de 10,94% a 11,88% tras la Resolución Creg 102 002.
El ajuste permitió a empresas como TGI y Promigas incrementar los cargos en el componente de transporte, lo que se reflejó en los recibos de los usuarios finales.
“Mediante la Resolución Creg 102 002, el Wacc pasó de 10,94% a 11,88%, lo que permitió a empresas transportadoras como TGI —filial del Grupo de Energía de Bogotá— y Promigas —vinculada al Grupo Aval— incrementar los costos en la componente de transporte. Dichos aumentos fueron trasladados a los usuarios finales del sistema", indicó el comunicado oficial.
Ante esta determinación, las transportadoras de gas publicaron un comunicado conjunto en el que rechazan categóricamente los señalamientos sobre supuestos cobros indebidos.
“Promigas, TGI filial del Grupo Energía Bogotá, Promioriente, Transmetano y Transoccidente han aplicado de manera estricta, transparente y rigurosa la regulación expedida por la Creg, incluyendo la metodología tarifaria y la aplicación de la tasa de descuento vigente de la manera correcta para la actividad de transporte de gas natural”, expusieron las empresas.
Las compañías enfatizaron que, según su interpretación de la regulación, no han generado ni trasladado sobrecostos a los usuarios y, por tanto, “no habría lugar a devoluciones”. Además, citaron un laudo arbitral del 11 de febrero de 2026, según el cual la transportadora Transmetano actuó conforme a la normativa al aplicar la tasa de descuento.
“En laudo arbitral de fecha 11 de febrero de 2026, que decidió las diferencias entre Transmetano y EPM sobre la tasa de descuento aplicable a la actividad de transporte, se concluye que la transportadora ha obrado conforme a la regulación y que, por lo tanto, ha aplicado la tasa correcta”, señala el documento de las transportadoras.
Hasta el momento, las empresas aseguran que no han recibido ninguna notificación administrativa oficial que las obligue a proceder con la devolución.
“A la fecha, las Compañías Transportadoras no han sido notificadas de ninguna decisión administrativa que ordene la devolución de recursos en los términos señalados en el comunicado. Una vez se conozcan oficialmente los actos administrativos correspondientes, se procederá a analizar su contenido y alcance con el rigor técnico y jurídico que corresponde y, de ser necesario, acudiremos a las instancias judiciales competentes para garantizar el respeto del ordenamiento jurídico, la seguridad jurídica y las competencias institucionales previstas en la legislación colombiana”, añadieron.
El Ministerio de Minas y Energía informó que la Creg será la encargada de definir el procedimiento y los plazos para que los reembolsos lleguen a los usuarios. Se espera que la compensación se efectúe mediante la factura, permitiendo a los consumidores recuperar los valores pagados en exceso de forma automática y sin trámites adicionales.
La medida busca aliviar la carga económica de los hogares y comercios que, de acuerdo con el Gobierno, asumieron un sobrecosto por el cambio tarifario. El proceso de devolución aplicará a los montos cobrados desde el ajuste de la tasa de descuento en 2023 hasta la entrada en vigor de la nueva disposición.
Las transportadoras reiteraron su compromiso con la legalidad y el respeto a la regulación vigente, indicando que evaluarán cualquier decisión formal bajo criterios técnicos y jurídicos y reservándose el derecho de acudir a instancias judiciales si la devolución se formaliza.
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