Las denuncias sobre condiciones laborales y seguridad operacional en el Sitp han generado controversia en Bogotá, luego de que conductores reportaron presuntas irregularidades en la operación de Consorcio Express, concesionaria de una parte del sistema de transporte público de la capital.
De acuerdo con Semana, la empresa rechazó de forma tajante los señalamientos y defendió el cumplimiento de los protocolos y estándares fijados por las autoridades del sistema.
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Conductores del Sitp han planteado denuncias sobre carencias en salubridad, mantenimiento de la flota y seguridad operacional, así como por supuestos fallos en el uso de alcohosensores y alegatos de despidos de empleados en condiciones vulnerables.
La respuesta pública de Consorcio Express, recogida por Semana, sostiene que cumple con los protocolos técnicos y legales exigidos, niega las irregularidades y asegura que los vídeos e imágenes difundidos en redes sociales no corresponden a su flota ni reflejan el estado real del servicio.
Entre los temas planteados por los trabajadores sobresale el estado de algunos vehículos, que, según sus declaraciones recogidas por Semana, habría comprometido aspectos operacionales y sanitarios. La circulación de imágenes y videos en redes sociales ha sido desmentida por la empresa, que argumenta que carecen de contexto técnico y no pertenecen a sus operaciones.
Consorcio Express remarcó, al responder al medio mencionado, que cada uno de sus procedimientos de mantenimiento es supervisado bajo protocolos estrictos de seguridad y prevención. Declaró que estas acciones garantizan el cumplimiento de los criterios requeridos y permiten identificar y corregir cualquier incidente en la operación.
La concesionaria también detalló que actúa conforme a los requisitos normativos y contractuales impuestos en Bogotá. Subrayó que dispone de acuerdos sindicales vigentes y recalcó el rigor técnico en la gestión interna, haciendo énfasis en la transparencia y la colaboración con las autoridades competentes si se llega a requerir información adicional.
Protocolos y defensa de Consorcio Express
La empresa reiteró, a través de Semana, que los procedimientos internos siguen las regulaciones fijadas para el sector y que cuenta con sistemas efectivos de identificación y atención oportuna ante cualquier irregularidad. Insistió en que la rendición de cuentas forma parte permanente de su gestión, manteniendo la disposición a dialogar con autoridades y partes interesadas sobre el servicio público.
Pruebas de alcoholemia y normatividad interna
Respecto a los señalamientos sobre el uso de alcohosensores, la concesionaria indicó que las pruebas se llevan a cabo exclusivamente con dispositivos tipo copa homologados, en línea con los protocolos de tránsito exigidos.
Respondió, según Semana, que “no es cierto que se reutilicen los elementos utilizados en dichas pruebas” y señaló que estos procesos priorizan la integridad del personal y cumplen la normatividad vigente del sector.
Política laboral y respuesta a las acusaciones
En materia de relaciones laborales, la empresa negó las afirmaciones sobre despidos en situaciones de vulnerabilidad, afirmando que “tampoco es cierta la afirmación según la cual la compañía adelanta despidos de trabajadores hospitalizados, en condición de debilidad manifiesta o prácticas de persecución laboral”.
Explicó al medio mencionado que cualquier decisión laboral sigue la legislación laboral colombiana y los procedimientos internos documentados y subrayó la existencia de acuerdos formales con sindicatos.
La compañía llamó a que la información sobre la operación del sistema sea tratada con responsabilidad y recordó que mantiene su apertura para atender solicitudes oficiales.
Finalmente, desde su perspectiva, Consorcio Express hizo explícito su compromiso de preservar la seguridad tanto de empleados como de usuarios, reiterando su propósito de mantener la calidad requerida por el sistema de transporte público en Bogotá.
La denuncia busca reformas estructurales y acciones inmediatas
El objetivo declarado de los conductores y su representación legal es generar cambios estructurales que garanticen la salud, la seguridad y la estabilidad laboral no solo de los empleados del Sitp, sino también de los millones de usuarios que dependen diariamente del sistema integrado de transporte en la capital colombiana.
Uno de los puntos más graves documentados por el equipo liderado por el abogado David Cote enfatizó: “El objetivo no es solo denunciar, sino generar cambios estructurales que protejan la salud, la estabilidad laboral y la seguridad de los conductores y de los ciudadanos que usan el Sitp”. El equipo jurídico ha asegurado que persistirá con las acciones judiciales y amplió su advertencia respecto de la continuidad de la investigación: “La investigación continúa y no se descartan nuevas revelaciones en las próximas semanas”.
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