El Departamento del Tesoro de Estados Unidos decidió renovar la licencia que permite la operación de Monómeros Colombo Venezolanos S.A., una de las principales empresas petroquímicas de Venezuela albergada en Colombia, estableciendo que todos sus ingresos deberán transferirse a un fondo gestionado por el Gobierno de Estados Unidos.
Esta medida, vigente hasta el 31 de marzo de 2028, refuerza el control estadounidense sobre los activos venezolanos en el exterior y establece mecanismos estrictos para el flujo de los recursos derivados de la actividad petroquímica.
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La autorización, solicitada formalmente por Monómeros el 4 de febrero de 2026, concede a personas estadounidenses e instituciones financieras la facultad de participar en transacciones relacionadas con la empresa, incluyendo el manejo de dividendos y otras operaciones financieras.
El documento emitido el miércoles 4 de marzo de 2026 detalla que el alcance de la licencia se extiende también a todas las subsidiarias en las que Monómeros tiene al menos el 50% de la propiedad. Entre estas se encuentran Compass Rose Shipping Ltd., Monómeros International Ltda., Sociedad Portuaria Monómeros Colombo Venezolanos S.A., Ecofertil S.A. y Fertilizer International Supply Corp. S.A. Panamá.
La directriz principal establecida por el Departamento del Tesoro es que, salvo por pagos vinculados a impuestos locales, permisos o tarifas, “cualquier pago debe depositarse en los Fondos de Depósito de Gobiernos Extranjeros (la cuenta del Departamento del Tesoro para Venezuela administrada por Estados Unidos), o realizarse a través de otro método que cumpla con las regulaciones aplicables”.
Este mecanismo corresponde al esquema implementado desde los acuerdos alcanzados en materia de hidrocarburos tras los hechos ocurridos el 3 de enero de 2026, que apuntan a mantener bajo tutela internacional la gestión de los recursos venezolanos provenientes del exterior.
Monómeros, sus filiales y el peso en el mercado colombiano
Monómeros Colombo Venezolanos S.A., filial de Pequiven ubicada en Barranquilla, Atlántico, posee una capacidad productiva anual de 1,3 millones de toneladas de diversos insumos para la agricultura, como fertilizantes y otros productos químicos destinados al agro industrial.
El proceso que desembocó en la actual orden de autorización tiene antecedentes recientes. En marzo de 2025, la Superintendencia de Sociedades colombiana dispuso el inicio de la reorganización de Monómeros, y en febrero de 2026 otorgó un plazo de cuatro meses a la empresa para presentar un plan formal de pagos dirigido a sus acreedores. Los estados financieros correspondientes a septiembre de 2025, a los que tuvo acceso Banca y Negocios, muestran activos por USD 345,3 millones y pasivos por USD 220,6 millones, con un resultado neto negativo de USD 3,8 millones.
La licencia específica emitida para el ciclo 2026-2028 mantiene disposiciones restringidas en relación con otras entidades sancionadas. El texto destaca: “A menos que esté específicamente autorizado, la licencia no permite la transferencia de ninguna otra propiedad sancionada, el débito de cuentas sancionadas, ni la recepción o transferencia de fondos de otras entidades o individuos sancionados”.
Llama la atención que, pese a la disolución en 2022 del llamado gobierno interino venezolano iniciado en 2019, el documento oficial norteamericano continúe refiriéndose al procurador venezolano como “procurador general especial”, una denominación surgida en ese contexto político, reiterando una fórmula que ya aparecía en la licencia previa. Tampoco fue retirada la mención a la filial Fertilizer International Supply Corp. S.A. Panamá, entidad que, según la información de Banca y Negocios, fue suprimida en 2024, aunque sigue figurando en los permisos oficiales actuales.
Con la renovación de la licencia, Estados Unidos consolida su gestión sobre uno de los principales activos venezolanos en el extranjero y asegura que las utilidades generadas por la actividad petroquímica sigan bajo supervisión internacional, dentro de un contexto de persistente tensión política y financiera con el gobierno de Nicolás Maduro.
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