En medio de crecientes preocupaciones por la seguridad, una denuncia interna alerta sobre presuntas y persistentes fallas técnicas en los dispositivos electrónicos de monitoreo, utilizados por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) para vigilar a personas privadas de la libertad con beneficio de prisión domiciliaria en Colombia.
Estas anomalías, documentadas por el medio El Tiempo, han encendido alarma debido a la posibilidad de que favorezcan la fuga de individuos clasificados como peligrosos, y ponen bajo escrutinio un contrato estatal de más de 113 mil millones de pesos, cuya ejecución ha sido objeto de cuestionamientos y modificaciones recurrentes.
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Deficiencias en el monitoreo abren riesgo de fuga de reclusos peligrosos
De acuerdo con la denuncia consignada y ahora en manos de la Procuraduría, durante el desarrollo del contrato de vigilancia electrónica con la Unión Temporal Efectiva, los dispositivos de monitoreo y los aparatos complementarios encargados de mantener la comunicación con los internos —brazaletes y terminales conectados al Centro de Reclusión Virtual (Cervi)— han reportado desconexiones que pueden extenderse por días, semanas e incluso meses.
El documento indica que, durante todo el proyecto, hubo un promedio de 400 unidades sin comunicación permanente, tanto en monitoreo como en dispositivos complementarios.
Esta interrupción deja sin seguimiento electrónico a centenares de personas bajo vigilancia judicial, lo que representa un riesgo grave considerando la magnitud del contrato celebrado con la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) y repercute negativamente en el erario público.
La falla técnica afecta la precisión posicional de los reclusos supervisados electrónicamente.
La denuncia sostiene que la desviación actual en la ubicación de los dispositivos “supera el 45%”, muy lejos del margen de error de 5 metros reconocido en la ficha técnica. Esta imprecisión compromete la capacidad del Inpec para determinar si el interno cumple realmente la reclusión en su domicilio, generando escenarios favorables para la evasión y dificultando el control de los custodios.
Casos documentados y alcance contractual bajo sospecha
Entre los casos señalados se encuentra el de Matías Álvarez Tabares, alias Keiler, identificado como sicario y vinculado al asesinato del narcotraficante Edison Rodolfo Rojas, alias Pichi Gordo, en Medellín el 7 de marzo de 2024.
Según una minuta del 19 de marzo de 2025 elaborada por un funcionario del Inpec y obtenida por El Tiempo, no se registraron alertas anómalas en el monitoreo de Álvarez Tabares; pese a ello, se le revocó el beneficio de prisión domiciliaria tras nuevos cargos de narcotráfico y fue remitido a un centro carcelario.
Otro caso es el de Jesús David Sánchez Calderón, quien ha sido sorprendido en repetidas ocasiones violando el perímetro de su vivienda pese a estar bajo monitoreo.
Se identificó además que las fechas en que se consignaron las fallas técnicas coinciden con recientes capturas en Bogotá de delincuentes sorprendidos aún portando los brazaletes electrónicos del Inpec.
Las investigaciones periodísticas del medio mencionado señalan que la Unión Temporal Efectiva, seleccionada mediante licitación pública el 27 de diciembre de 2023 y conformada por Sinergye Tecnologia Da Informaçao Ltda de Brasil (50%), Prepacol S.A.S (45%) y Dinatel Group S.A.S (5%), ha sido objeto de modificaciones contractuales al menos 10 veces desde la adjudicación.
La denuncia menciona retrasos superiores a 300 días en la entrega de la Mesa de Servicios comprometida, además del uso de técnicos no certificados y deficiencias en el aplicativo Chronos, herramienta clave para la operatividad del sistema.
El contrato, por una suma de 113 mil millones de pesos, tiene vigencia hasta julio, y desde el inicio se han señalado cambios en condiciones inamovibles que habrían favorecido al contratista tras la adjudicación, lo que impulsa la revisión de sus términos y del proceso de control.
Respuestas institucionales y acciones en curso
Consultado por El Tiempo, Juan Pablo Arenas, representante legal de la Unión Temporal Efectiva, se negó a pronunciarse alegando cláusulas de confidencialidad y el carácter de seguridad nacional del asunto.
Por su parte, voceros del Inpec aseguraron que “los brazaletes siempre han emitido señal y comunicación con la plataforma” y que el monitoreo es permanente, atribuyendo los problemas reportados a intentos de manipulación deliberada por parte de algunos internos para apagar los dispositivos.
Además, señalaron que la interventoría designada es responsable de la supervisión, de exigir al contratista los correctivos pertinentes y de adelantar las investigaciones necesarias para garantizar el cumplimiento del contrato.
La denuncia ha sido trasladada a la Procuraduría y se espera que la Fiscalía también investigue los hechos para esclarecer la magnitud de las deficiencias e identificar eventuales responsabilidades.
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