El caso de Kelly Ann Knight volvió a tomar fuerza internacional seis años después de su muerte en Medellín. Sus padres, Raymond Allen Knight y Lee Goodpaster Knight, presentaron una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) contra el Estado colombiano.
El núcleo de su reclamo es la ausencia de una explicación concluyente sobre la muerte de la extranjera, en un contexto de denuncias previas por violencia de género y una investigación que, aseguran, sigue estancada.
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El lunes 2 de marzo, la Cidh recibió la petición que busca una investigación rigurosa y la revisión del expediente desde una perspectiva de género. La familia sostiene que Colombia no protegió a Kelly Ann Knight, a pesar de que existían antecedentes documentados de violencia y varias denuncias formales.
Knight había denunciado apenas cinco meses antes de morir que sufría violencia doméstica por parte de su esposo en Colombia. Según la denuncia, entre febrero de 2018 y julio de 2019 vivió un patrón sostenido de maltrato físico, psicológico y económico, sin recibir protección ni atención efectiva por parte de las autoridades colombianas.
La investigación contra el supuesto feminicida nunca avanzó más allá de la etapa preliminar, pese a haberse abierto hace más de seis años y a que la autopsia constató lesiones consistentes con ataques previos a la muerte.
La noche previa a su muerte, el 18 de julio de 2019, Kelly se alojaba en un hotel de Doradal, Antioquia, junto a su esposo. El personal del hotel –según consta en la denuncia– oyó gritos y llamó a la policía. Nadie acudió. Posteriormente, el esposo habría agredido y arrastrado por el asfalto a Kelly, extremo documentado en las conversaciones con una amiga.
Al día siguiente, la encontraron muerta en su apartamento de Medellín. Las circunstancias continúan sin aclarar. Aunque desde 2019 existe una investigación por feminicidio, la causa está paralizada: no se formularon cargos ni se efectuaron arrestos.
El documento de IHR Legal resalta, en particular, que “no ha existido una investigación penal autónoma en curso sobre el ataque violento que Kelly sufrió el día anterior a su muerte, claramente confirmado por la autopsia realizada por Medicina Legal”, que documentó “numerosas lesiones que Kelly presentaba y que son consistentes con hechos ocurridos cuando aún se encontraba con vida”.
La denuncia detalla errores graves en la actuación de las autoridades: deficiente preservación de la escena del crimen, problemas en la recolección y custodia de pruebas materiales, y análisis retrasados o incompletos sobre elementos esenciales.
Ignacio Javier Álvarez Martínez, ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Cidh y director ejecutivo de IHR Legal, resumió el sentido de la denuncia: “El caso de Kelly es un ejemplo clásico de violencia contra las mujeres que pone de relieve fallas estructurales en la respuesta del Estado […] El legado de su muerte trasciende su situación individual y demuestra la urgente necesidad de respuestas estatales tempranas, eficaces y con enfoque de género”.
La presentación formal ante la CIDH sostiene que Colombia ha incumplido “sus obligaciones internacionales de prevenir la violencia contra las mujeres, de investigar con debida diligencia una muerte ocurrida en un contexto de violencia de género y de garantizar el derecho de acceso a la justicia para los familiares de la víctima”.
El perfil de Kelly Ann Knight y un duelo marcado por la impunidad
Kelly Ann Knight nació en Starkville, Mississippi. Era licenciada en Español y Psicología por la Universidad de Wake Forest y tenía maestrías en Enseñanza de Inglés como Segunda Lengua y Tributación, esta última en la Universidad de Alabama. Su vínculo con Colombia surgió por una afinidad con el idioma y la cultura, luego de vivir en España.
Los padres descartan el carácter aislado del caso: Knight había denunciado y documentado los episodios violentos sufridos. El reclamo ante las autoridades, y ahora ante la CIDH, no apunta a una condena particular, sino a la exigencia de respuestas institucionales eficaces: “Lo único que pedimos es que revisen punto por punto cada elemento y cierren cada vacío”, expresó su padre a El Espectador.
En palabras de su madre tras seis años de trámites infructuosos: “¿Cómo puede un fiscal investigar sin intentar saber quién era la víctima?”. Denuncia errores y omisiones elementales en los documentos del caso, así como la falta absoluta de entrevistas a la familia por parte de la Fiscalía.
La demanda se convierte así en una interrogante dirigida al Estado colombiano sobre la capacidad y voluntad institucional para garantizar justicia y protección en un país donde, según las cifras y testigos, la violencia contra las mujeres permanece como una tragedia sin resolver.
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