La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) anunció que mantendrá el subsidio mensual para los excombatientes de las Farc que no cuenten con ingresos formales, ajustando los requisitos de acceso debido a la crisis fiscal y la necesidad de focalizar recursos públicos, según informó la entidad en un comunicado.
La medida no implica la eliminación de los apoyos económicos, sino una concentración en los beneficiarios que dependen de este sostén para avanzar en su proceso de reincorporación social y laboral.
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La ARN precisó que el ajuste impactará solamente a quienes superen el umbral de un salario mínimo en ingresos formales. En la actualidad, el 80% de los excombatientes activos en el proceso de reincorporación no registra ingresos formales, por lo que conservará los beneficios hasta al menos 2026.
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Esta proporción significa que la mayoría de los firmantes del Acuerdo de Paz podrá mantener el acompañamiento económico sin alteraciones.
La nueva normativa modifica las resoluciones 2319 de 2024 y 1797 de 2023, restringiendo la asignación mensual —equivalente al 90% del salario mínimo legal vigente— y el auxilio de alimentación solamente para quienes no reciban ingresos formales o ganen menos de un salario mínimo.
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Además, la ARN detalló que el subsidio de alimentación asciende a $427.723 mensuales, con un adicional de $86.994 por cada hijo menor de 12 años.
De los 2.600 firmantes que actualmente cuentan con ingresos formales por debajo de cinco salarios mínimos, 1.900 reciben ingresos iguales o superiores a tres salarios mínimos legales vigentes, explicó la agencia.
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La entidad argumentó que no resulta equitativo destinar recursos públicos adicionales a quienes ya perciben sumas elevadas para los estándares del programa, en un contexto de restricciones presupuestarias agravadas por el reciente aumento del salario mínimo en 23%.
La ARN destacó que el subsidio mensual no estaba contemplado en el Acuerdo Final de Paz de 2016, que solo estipuló una renta básica por 24 meses tras la firma. El beneficio actual surgió posteriormente como respuesta a los avances limitados en la implementación del Acuerdo y a la persistente vulnerabilidad económica de los excombatientes.
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En el comunicado de la ARN se enfatizó: “El ajuste que actualmente realiza la ARN no constituye un incumplimiento del Acuerdo de Paz, sino una medida de racionalización y focalización del beneficio creado mediante reglamentación posterior”. El organismo ratificó que quienes se encuentren formalmente empleados podrán volver a solicitar el beneficio en caso de perder su fuente de ingresos, conforme a los procedimientos vigentes.
Alejandra Miller, directora de la ARN, explicó que el criterio de exclusión se estableció con fines de equidad. “Una persona de cinco salarios mínimos hoy es una persona que gana hasta $10 millones. No tiene ningún sentido que a una persona que se gana entre $6 y $10 millones, el Estado además le dé $2 millones más. Es también una cuestión de equidad”, declaró Miller a El Espectador.
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El partido Comunes —integrante del Consejo Nacional de Reincorporación— criticó la decisión, advirtiendo que podría desincentivar la formalización laboral entre los excombatientes, ya que registrar ingresos formales bajos conllevaría la exclusión del subsidio.
La ARN rechazó esa hipótesis. Para la agencia, el subsidio es inferior al salario mínimo y la experiencia laboral formal resulta más valiosa en el tránsito a la vida civil que la continuidad indefinida del apoyo económico.
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La entidad asegura que se mantendrán intactos los acompañamientos y derechos adicionales propios del Programa de Reincorporación Integral para quienes adquieran empleos formales, sin afectar su proceso de inserción.
Frente a la posible pérdida de empleo por parte de algún beneficiario excluido por la nueva normativa, la ARN precisó que podrá presentar nuevamente la solicitud para recuperar el subsidio, garantizando flexibilidad en el acceso bajo criterios de vulnerabilidad económica.
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Con estos ajustes, la política estatal de reincorporación continua priorizando la equidad y una distribución responsable de los recursos públicos, en medio de un escenario fiscal restrictivo y con el compromiso declarado de mantener la cobertura sobre la población excombatiente que aún depende de apoyos estatales para consolidar su reintegración a la vida civil.
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