
En medio de la consternación en Atlántico por la desaparición y posterior hallazgo de los cuerpos de dos adolescentes en el municipio de Malambo, el país conoció un caso similar ocurrido el 28 de febrero en Barranquilla.
De hecho, ante el temor de que pudiera tratarse de un modus operandi de alguna banda delictiva para raptar menores en la capital del Atlántico, las autoridades desplegaron operativos simultáneo para encontrar a las hermanas Hernández Noriega y a las jovencitas María de los Ángeles Sánchez Garrido y Emily Sofía Borrero Tapias, de 13 y 14 años.
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La Fiscalía General de la Nación y la Policía Metropolitana de Barranquilla consideraron inicialmente la posibilidad de un secuestro o la acción de una estructura criminal. Sin embargo, la investigación reveló que las adolescentes habían acordado asistir juntas a una fiesta, sin informar a sus familias.
Durante días, los equipos del Gaula rastrearon el paradero de las menores, utilizando cámaras de seguridad, testimonios y registros de aplicaciones de transporte.

El seguimiento permitió reconstruir los movimientos de las jóvenes desde la noche del 28 de febrero, cuando ambas salieron de sus casas con excusas distintas en el norte de Barranquilla.
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Según determinó la investigación de las autoridades, las dos menores no fueron víctimas de ningún delito, sino que extendieron una salida nocturna sin informar a sus familias, lo que provocó una intensa búsqueda policial y social marcada por el reciente contexto de violencia en la región.
La secuencia comenzó cuando María de los Ángeles, de 13 años, se encontraba en un centro comercial con su madre. La joven afirmó bajar a recibir un pedido, pero en realidad abordó un vehículo solicitado por medio de una aplicación y se dirigió a una urbanización donde la esperaba su amiga Emily, de 14. La otra menor, por su parte, había acudido a un servicio juvenil en una iglesia cristiana antes de sumarse a la reunión.
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La fiesta, a la que asistieron varios jóvenes, entre ellos un cantante vallenato, se celebraba en el conjunto residencial Alondra. El ruido y la presencia de menores desencadenaron una intervención policial poco antes de la medianoche, luego de una riña registrada en el apartamento.

Las adolescentes, al ser requeridas por los agentes, aseguraron tener 17 años. Tras esto, huyeron del lugar y fueron vistas después en una panadería cercana, repitiéndose la presencia policial.
Decididas a evitar el control de las autoridades, el grupo se desplazó en varias camionetas hacia Isla Barú, en Cartagena. Allí, finalmente, el Gaula localizó a las adolescentes tras rastrear sus movimientos con información judicial y tecnológica.
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El reencuentro de las dos adolescentes con sus familias puso fin a la ansiedad que se había apoderado de Barranquilla tras su desaparición. Las autoridades confirmaron que ambas se encontraban ilesas y que nunca estuvieron en manos de delincuentes, un desenlace que contrastó con el temor generalizado desatado por el reciente asesinato de dos hermanas en el municipio vecino de Malambo.
Autoridades investigan el asesinato de dos jóvenes tras 11 días de desaparición en Atlántico
El hallazgo de los cuerpos de Sheerydan Sofía y Keyla Nicolle Hernández Noriega, dos adolescentes de 14 y 17 años, en una zona boscosa de Malambo, Atlántico, expuso una serie de amenazas y exigencias de dinero dirigidas a su familia en los días previos, así como el reclamo por el proceder de las autoridades locales en el manejo de la desaparición.
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Según relató la familia, los extorsionistas exigieron hasta $20.000.000 por cada joven, mientras advertían que atentarían contra sus vidas si no se cumplía el pago.
La búsqueda de las hermanas se extendió durante once días. El reporte de desaparición se realizó tras su salida de casa la noche del 17 de febrero, cuando indicaron que se dirigirían al carnaval de Barranquilla.
Durante este periodo, la familia experimentó una escalada de amenazas: primero los delincuentes pidieron $5.000.000 por cada una, luego $15.000.000 y, finalmente, $20.000.000 por cada menor.
Wendy Hernández, hermana de las víctimas, detalló: “Primero pidieron $5.000.000 por cada una, después subieron a $15.000.000 y luego a $20.000.000. Decían: ‘se las voy a matar, tienen 15 minutos, tienen 5 minutos’”.
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A medida que avanzaba la búsqueda, los supuestos captores incrementaron la presión sobre la familia. La última comunicación con los extorsionistas ocurrió el domingo anterior al hallazgo de los cuerpos, cuando reiteraron la amenaza directa de muerte si no entregaban el dinero.
Las adolescentes no solían ausentarse sin previo aviso, según el testimonio familiar. La madre intentó contactarlas en varias oportunidades sin éxito, lo que generó nerviosismo en el hogar.
Durante esos días, la familia recibió también videos que fueron enviados a la madre de las adolescentes. A pesar de presentar estas pruebas ante las autoridades, señalaron que funcionarios del Gaula, unidad antiextorsión y secuestro de la Policía Nacional, las desestimaron y sugirieron la hipótesis de un autosecuestro.
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