Angélica Lozano arremetió contra Gustavo Petro por menores reclutados por el Clan del Golfo: “El horror no terminó”

La senadora Angélica Lozano denunció que el Gobierno actual ha concedido privilegios al Clan del Golfo mientras la organización criminal no cumple con la entrega de menores reclutados forzosamente.

Lozano advirtió que, tras seis meses de negociaciones, el grupo armado no ha devuelto a ningún niño, pese a que esta era la única obligación concreta que adquirió en la mesa de diálogo.

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De acuerdo con las declaraciones, compartidas a través de su cuenta oficial en la red social X, la mesa de negociación entre el gobierno colombiano y el Clan del Golfo inició en septiembre.

Según la legisladora, el Estado asumió cuatro compromisos principales, mientras que la estructura criminal solo aceptó una exigencia: devolver a los menores de 18 años que fueron reclutados a la fuerza.

Entre las acciones adoptadas por el Estado, la senadora destacó la suspensión de las órdenes de extradición en contra de los principales cabecillas del Clan del Golfo.

En palabras de Lozano, “primero, le levantaron las órdenes de extradición a estos narcotraficantes”. Además, el gobierno habría ordenado el retiro de las órdenes de captura, lo que implica, según Lozano, que si las autoridades interceptan a los líderes de la organización, “no pueden detenerlos, los tienen que soltar”.

La congresista también denunció que el Estado destinó “diez mil millones de pesos en escoltas y camionetas de seguridad” para los líderes del Clan del Golfo, y que se les entregaron “zonas de ubicación en Córdoba y en Chocó”, decisión tomada sin consultar a autoridades locales.

Lozano afirmó: “les entregan unas zonas de ubicación en Córdoba y en Chocó, sin preguntarle ni siquiera a los alcaldes y gobernadores si están de acuerdo de concentrar allí al grupo criminal del Clan del Golfo”.

La única condición fijada por el gobierno consistía en la entrega de los menores reclutados. Lozano enfatizó que, hasta la fecha, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) certificó que no han recibido a ningún niño. “Seis meses después, cero. No han devuelto a un solo niño, como nos lo certificó el Icbf, quien debería recibirlos”, señaló la legisladora.

En su mensaje, Angélica Lozano cuestionó la estrategia oficial y sostuvo: “la impunidad es el combustible de la violencia y la inseguridad en Colombia”.

La legisladora concluyó planteando dudas sobre la eficacia de los incentivos otorgados al Clan del Golfo, en un contexto donde la principal exigencia estatal permanece incumplida.

En otro pronunciamiento en X, la senadora advirtió con cifras que el reclutamiento de menores en Colombia persiste pese a los compromisos asumidos por grupos armados y las negociaciones con el gobierno. Lozano recordó que “ayer las extintas Farc reconocieron 18.600 menores reclutados”, una cifra que, según sus palabras, implica “18.600 vidas marcadas por la guerra”.

La legisladora expuso que el Clan del Golfo prometió devolver a los niños y adolescentes reclutados forzosamente como parte del proceso de diálogo con el Estado.

Según Lozano, esta obligación no se ha cumplido: “el Icbf certifica que no ha recibido ni uno solo”.

Por último, la senadora del Partido Alianza Verde subrayó que “el horror no terminó”, haciendo referencia a que la práctica del reclutamiento forzado continúa en el país. Lozano dirigió su denuncia al presidente Gustavo Petro, afirmando que “el reclutamiento sigue”.

El Clan del Golfo aumenta su pie de fuerza un 140% y alcanza casi 10.000 integrantes, según informe

Un reciente informe de la Fundación Ideas para la Paz indicó que el Clan del Golfo incrementó su estructura operativa un 140% entre 2022 y 2025.

Actualmente, la organización cuenta con 9.840 integrantes, de los cuales 3.328 portan armas. Además, el documento señaló que la nómina mensual del grupo alcanza un valor de 1,5 millones de dólares.

Estos datos, difundidos por Blu Radio, evidencian el crecimiento y la capacidad financiera del Clan del Golfo, consolidando su posición como una de las estructuras criminales más robustas en el país.