Aunque el presidente Gustavo Petro dedicó casi una semana a los supuestos riegos que existirían en las elecciones del 8 de marzo, supuestamente, por fallas en el sistema electoral, además de la supuesta manipulación del proveedor del software, Thomas Greg, en la mañana del lunes 2 de marzo, el Ministerio de Defensa negó cualquier amenaza.
De hecho, en medio de una rueda de prensa, el ministro Pedro Arnulfo Sánchez aseguró que, aunque se mantienen en alerta constante por cualquier amenaza que puedan enfrentar los comicios, negó la existencia de pruebas que apunten a una manipulación del código fuente, desmarcándose así de los señalamientos emitidos por el presidente Gustavo Petro.
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Al abordar los temores sobre eventuales alteraciones del sistema, el titular de Defensa destacó que, pese a los riesgos identificados en el entorno digital, no hay evidencia alguna de que se haya manipulado el software.
“Es necesario reconocer que las amenazas existen, pero que haya evidencias de manipulación no tenemos ninguna evidencia”, señaló el ministro Pedro Sánchez.
Asimismo, el jefe de cartera aseguró que se han desplegado mesas de trabajo junto a la Registraduría y equipos de expertos en seguridad digital. En estos espacios colaboran el Comando Cibernético de las Fuerzas Militares, el Cecil del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional. El objetivo: aunar capacidades técnicas para fortalecer la protección del sistema electoral ante posibles ataques o vulneraciones.
Según precisó Pedro Sánchez, el programa utilizado para el conteo y la transmisión de datos electorales dispone de anillos internos de protección y seguridad.
Además, la Registraduría ha facilitado el acceso al código fuente y la estructura del software a los partidos políticos, procurando transparencia en los procesos.
“No desconocemos que haya amenazas, pero la clave es interactuar permanentemente para neutralizar cualquier riesgo, acorde con nuestras competencias”, insistió el ministro.
En este sentido, Sánchez invitó a la ciudadanía a utilizar la línea 157 para reportar de manera anónima cualquier información relevante sobre delitos electorales o riesgos al sistema.
Según el funcionario, estas denuncias contribuyen tanto a la protección del proceso electoral como a la vigilancia de los recursos públicos y a la detección de posibles hechos de corrupción.
A una semana de las elecciones legislativas y consultas interpartidistas en Colombia, Gustavo Petro reiteró en sus redes sociales denuncias sobre supuesto fraude electoral, señalando a la empresa Thomas Greg & Sons como responsable de gestionar la mayor parte de los procesos desde 2007.
El presidente advirtió de “un riesgo persistente de fraude electoral” al mantenerse la gestión privada del sistema de escrutinio, pese a una sentencia judicial de 2018 que exigía la adquisición de un software estatal y auditable.
De acuerdo con el mandatario, los contratos adjudicados a Thomas Greg & Sons superan los 4,4 billones de pesos, con “sobrecostos del 300%”, mientras que el último proceso de licitación estuvo marcado por una supuesta ausencia de competencia, ya que solo una de las 17 firmas invitadas presentó la documentación completa.
Además, Petro puntualizó que la empresa también controlaría la expedición de pasaportes y que las licitaciones presentan “un oferente único”, replicando la dinámica observada en procesos previos en la cancillería.
En un mensaje publicado el 1 de marzo de 2026, Petro citó las sentencias 2014-00117 y 2014-00109-00 del Consejo de Estado, según las cuales se verificó en anteriores comicios el sabotaje de 1.412 mesas, la exclusión de 236.523 votos y el robo de tres curules, hecho que atribuyó a Thomas Greg & Sons.
El presidente remarcó que solamente se ha cumplido un 15% del fallo judicial, ya que la empresa privada mantiene el control de preconteo, digitación y logística electoral, y solo Indra gestiona la sumatoria final nacional.
El jefe del Ejecutivo calificó de “monopolio privado tecnológico” la presunta actuación de Thomas Greg & Sons, resaltando que la Constitución prohíbe los monopolios.
“Es un monopolio privado tecnológico de las elecciones. Los monopolios están prohibidos por la Constitución”, indicó Petro en su publicación
Argumentó que la falta de auditoría independiente es un riesgo central, dado que el código fuente solo se muestra pero no se revisa por un tercero experto y la empresa contratada para auditar “no da informe público y no la conoce nadie en el mundo”, según denunció el presidente.
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