La representante a la Cámara Katherine Miranda, perteneciente al Partido Verde, lanzó una dura acusación contra la Nueva EPS, al denunciar una alarmante concentración de remisiones de pacientes oncológicos a la Clínica Internacional de Alta Tecnología (Clinaltec) en Ibagué, sin justificación aparente.
Según la legisladora, este fenómeno provocó inquietud por la distribución desigual de los recursos y la posible existencia de prácticas irregulares que favorecen a esta clínica, en detrimento de la eficiencia y accesibilidad del sistema de salud.
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En sus declaraciones, Katherine Miranda destacó que entre 2023 y enero de 2026, se realizaron 3.374 remisiones de exámenes PET-CT a esta clínica, con un costo superior a los $17.600 millones.
“Estas cifras no son solo alarmantes por el volumen de dinero involucrado, sino porque evidencian una concentración de pacientes en un solo lugar cuando en otras regiones del país existe la capacidad para ofrecer estos servicios”, explicó la congresista.
Según Miranda, el aumento en las remisiones de pacientes es sorprendentemente rápido y alarmante; en 2023, solo 176 pacientes fueron enviados a Ibagué, pero en 2024 la cifra saltó a 723. En 2025, la cantidad se disparó a 1.846, lo que implica un incremento del 949% en comparación con el año anterior.
“En enero de 2026, la Nueva EPS envió 221 pacientes, más que todo el año 2023”, escribió en la red social X, al destacar el carácter excepcional del fenómeno.
Este aumento, que Miranda califica de “concentración acelerada”, no solo genera dudas sobre la transparencia en los procedimientos de remisión, sino que plantea interrogantes sobre la logística de los traslados.
Según los datos recopilados por la congresista, pacientes provenientes de diversas regiones del país, como Cúcuta, Arauca y Risaralda, tuvieron que recorrer distancias de hasta 900 kilómetros para acceder a este servicio.
En muchos casos, los traslados se realizan en condiciones difíciles y con costos adicionales, ya que, de las 3.374 remisiones, solo 617 incluyeron viáticos, dejando a más de 1.400 pacientes a cargo de los costos del transporte, de acuerdo con la denuncia de Miranda.
“La pregunta que surge es clara: ¿por qué enviar a los pacientes tan lejos cuando existen IPS habilitadas en otras regiones?”, se cuestionó Miranda. En ciudades como Bogotá, Antioquia, Atlántico y Valle del Cauca, hay centros médicos con la infraestructura necesaria para realizar estos estudios, lo que hace que las largas distancias y los elevados costos sean aún más inexplicables.
La congresista no dudó en señalar que esta situación no es un problema de eficiencia o optimización de los recursos, sino “direccionamiento”. Y añadió que, en el caso de Ibagué, hay un elemento adicional que exige una explicación aún más detallada: “En el Tolima es ampliamente conocida la relación histórica de la familia Jaramillo con el dueño de Clinaltec”.
Este vínculo del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, según Miranda, pone en cuestión la transparencia de los procesos y las decisiones tomadas, ya que las remisiones a una sola clínica pueden favorecer a intereses particulares, y no el bienestar de los pacientes.
Miranda hizo un llamado directo al jefe de cartera para que aclare las razones detrás de estas remisiones masivas a una sola IPS y la concentración de recursos en una sola clínica.
“Exigimos trazabilidad completa de las decisiones, la publicación de los criterios técnicos utilizados y una actuación inmediata de los organismos de control”, reclamó la congresista, que advirtió que, si no se da una explicación clara, el país podría estar frente a un nuevo escándalo de corrupción en el sistema de salud.
Además, en un video difundido en la misma red social donde compartió toda esta denuncia, la congresista fue aún más contundente: “Estamos ante hechos que podrían configurarse como un cartel del cáncer o de enfermedades de alto costo. La concentración de más de 17.600 millones de pesos en una sola clínica, mientras existen otras opciones cercanas, es una señal de alerta”.
“Cuando las cifras crecen de manera tan desmesurada, cuando los pacientes son trasladados cientos de kilómetros sin necesidad, cuando la facturación se multiplica por 18 veces en un periodo tan corto, el país tiene derecho a saber quién está tomando estas decisiones y bajo qué criterios”, señaló la congresista de Alianza Verde.
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