
Las nuevas restricciones al asilo en el Reino Unido han transformado el panorama para miles de solicitantes, especialmente aquellos provenientes de América Latina.
El Ministerio del Interior británico implementó una medida, que entró en vigor este lunes 2 de marzo. Esta reforma endurece los criterios de protección y alarga los plazos para conseguir la residencia definitiva.
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La reforma establece que la condición de refugiado será ahora temporal, con revisiones obligatorias cada 30 meses. Además, quienes lleguen de países catalogados como “seguros” enfrentan la obligación de regresar a sus lugares de origen.
El plazo para solicitar la residencia permanente se multiplica por cuatro: de 5 a 20 años, marcando una diferencia drástica respecto al modelo anterior.
Desde el gobierno, la ministra del Interior, Shabana Mahmood, defendió el cambio argumentando que el sistema anterior incentivaba la llegada irregular, posicionando al Reino Unido como un destino preferido en Europa. “Nuestro sistema de asilo no debe crear factores de atracción que alimenten y financien a los traficantes de personas”, enfatizó la ministra a medios locales.

En paralelo a las medidas británicas, la Unión Europea adoptó una directriz que afecta directamente a países como Colombia, ahora incluido en la lista de “países seguros”. Este nuevo estatus implica que las solicitudes de ciudadanos colombianos pueden ser rechazadas casi automáticamente, a menos que demuestren situaciones extraordinarias de violencia o persecución.
La decisión europea llega tras una serie de fallos judiciales y análisis que apuntan a la baja tasa de aprobación de solicitudes: solo el 5% de los pedidos de asilo de colombianos en España fueron favorables.
Para la UE, estas cifras justifican la nueva clasificación. Sin embargo, expertos y organizaciones de derechos humanos consideran que la medida responde más a un “cálculo matemático” basado en el volumen de peticiones que a una evaluación real de las condiciones en los países de origen.
Las cifras revelan la magnitud del fenómeno migratorio: en el último año, 110.051 personas solicitaron asilo en el Reino Unido, siendo Pakistán, Eritrea, Irán, Afganistán y Bangladés las nacionalidades más representadas. Desde Latinoamérica, Colombia destaca como el segundo país con más solicitudes en la Unión Europea, solo superado por Venezuela.

El aumento de solicitudes colombianas coincide con la exención de visado Schengen desde 2015, facilitando la entrada al territorio europeo. Muchos colombianos vieron en el asilo una vía para regularizar su situación y acceder a la ciudadanía.
Para Vincent Vallies, de la Oficina Internacional de Derechos Humanos, “la decisión no responde a un análisis genuino de la situación de cada país”, y advierte que los porcentajes de aprobaciones varían ampliamente entre los países miembros de la UE.
El endurecimiento de los procedimientos no es exclusivo del Reino Unido. En España, una reforma en la normativa de extranjería anuló el tiempo de estancia para la residencia permanente si la solicitud de asilo era denegada, lo que llevó a una caída del 40% en las solicitudes colombianas en un año. En el Reino Unido, la restauración del visado para colombianos respondió al abuso de solicitudes fraudulentas, según denunció el entonces embajador Roy Barreras.
El gobierno británico busca además reducir el costo que representa el alojamiento y manutención de solicitantes en hoteles y enfrentar la congestión del sistema. Solo en el último año, más de 40.000 personas cruzaron el canal de la Mancha buscando refugio, mientras las cifras de quienes llegaban en avión, especialmente desde América Latina, también crecieron.

Aunque las nacionalidades latinoamericanas no encabezan las estadísticas, quienes solicitan asilo suelen argumentar que huyen de conflictos, amenazas o persecuciones. El perfil de los solicitantes ha cambiado en los últimos años, con la llegada de ciudadanos de El Salvador, Nicaragua y Venezuela, además de los colombianos.
Los solicitantes deben permanecer en hoteles, con apoyo económico limitado, hasta que se resuelva su situación. Si el proceso se prolonga más de un año, pueden trabajar y estudiar inglés. Sin embargo, el limbo legal y la espera de hasta 20 años para obtener la residencia permanente generan preocupación entre los migrantes y quienes los asisten.
Para organizaciones de apoyo, las reformas pueden incrementar la irregularidad migratoria. Gaia Romeo, de la Universidad de las Naciones Unidas, advierte que “las personas que no reciben asilo no regresan; permanecen en Europa en situación irregular”. El endurecimiento de los requisitos no solo no agiliza los procesos, sino que podría multiplicar los casos pendientes y la población vulnerable.
La Unión Europea busca con estas normas mayor claridad y eficiencia en la gestión migratoria, pero para muchos expertos, declarar “país seguro” a naciones con altos índices de violencia y conflicto interno resulta contradictorio. Según datos citados por organizaciones de derechos humanos, en Colombia persisten asesinatos de líderes sociales y la presencia de grupos armados en más de la mitad del territorio.
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