El presidente Gustavo Petro volvió a pronunciarse sobre la controversia por la publicación del informe de cultivos ilícitos y defendió la decisión de su gobierno de no autorizar su divulgación mientras no se revisen los criterios técnicos utilizados por Naciones Unidas.
A través de su cuenta en X, el mandatario afirmó: “Mientras la ONU no corrija su método de medir la productividad potencial usando los instrumentos científicos de la estadística no hay informes. El Gobierno no aceptó el método burdo que usó y he pedido que corrija como la ciencia indica”.
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El jefe de Estado sostuvo que la discrepancia radica en la forma como se calcula la productividad potencial de la hoja de coca, al considerar inadecuado extrapolar datos de las zonas con mayores rendimientos al conjunto del territorio sembrado.
Además, anunció que el próximo mes sostendrá encuentros directos en Viena con instancias del sistema internacional de fiscalización de drogas. “En Viena el mes entrante me reuniré directamente con la comisión de Naciones Unidas para las drogas y con la Jife”, escribió, en referencia a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes.
Petro también destacó las herramientas técnicas con las que cuenta el país para realizar sus propias mediciones.
“Disponemos de los mapas satélites de extensión de cultivos de hoja de coca, Unodc realiza la verificación de erradicación voluntaria y solo hay que hacer las pruebas de productividad en todas las zonas de cultivos y no extrapolando la zona de la mayor productividad a las demás”, señaló, aludiendo al trabajo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
En su mensaje, el mandatario también defendió los avances en sustitución y erradicación voluntaria. “En el sur de Nariño ya se inscribieron miles de familias para 21.000 hectáreas de erradicación voluntaria, y están en pleno proceso verificado”, aseguró.
Finalmente, afirmó que las cifras más recientes mostrarían una tendencia a la baja. “El último trimestre del año 2025 ya mostró un descenso en el número de hectáreas de cultivos de hoja de coca”, concluyó.
La ONU exigió a Colombia que publique de inmediato el informe sobre cultivos ilícitos de 2024, ante el aumento sostenido de las hectáreas de coca y la expansión de actividades delictivas, un hecho sin precedentes que genera tensiones en la lucha antidrogas regional y pone bajo escrutinio la gestión del gobierno de Gustavo Petro, según lo documentó el medio El Tiempo.
Por primera vez en veinte años, la publicación del reporte anual del Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) permanece suspendida, una situación que refleja la magnitud de la controversia.
De acuerdo con El Tiempo, datos filtrados revelan que en 2024 se habría registrado un crecimiento del 3 % en la extensión de coca, pasando de 253.000 a 262.000 hectáreas, y una producción potencial superior a las 3.000 toneladas de clorhidrato de cocaína.
El gobierno pidió a la Organización de las Naciones Unidas que sume nuevos parámetros técnicos antes de divulgar los resultados, incluyendo costos por hectáreas abandonadas, plantas no procesadas y decomisos recientes.
Esta dilación se produce tras la descertificación condicionada de Colombia por parte de Estados Unidos, un hecho que marca la insatisfacción de ese país con la política antinarcóticos colombiana. Hasta ahora, la tradicional actualización anual de datos que elabora la Unodc había constituido una práctica de referencia para la región.
La Jife exige transparencia y cooperación regional
La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), brazo técnico de Naciones Unidas, remarcó la urgencia de que Colombia retome la divulgación ágil de información, destacando la importancia de un monitoreo comparativo estable con los otros dos países productores de hoja de coca, Bolivia y Perú.
El documento oficial instó a que “los Gobiernos de Bolivia, Colombia y el Perú sigan realizando estudios anuales, con el apoyo de la Unodc, sobre el estado del cultivo ilícito en sus territorios y que publiquen los resultados de esos estudios sin demora, de modo que se pueda llevar a cabo un monitoreo comparativo adecuado y se apoye la formulación de políticas públicas basadas en la evidencia”, según citó el medio El Tiempo.
Al mismo tiempo, la Jife reseñó los avances en materia de sustitución voluntaria de cultivos.
De acuerdo con el informe, más de 97.000 familias en Colombia participaron en proyectos productivos, desarrollo agrícola, procesos de formalización de tierras y acciones de integración a la economía legal entre 2024 y 2025, con el diseño técnico y seguimiento de la Unodc.
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