En Cartagena, mientras delegaciones internacionales discuten el rumbo de la reforma agraria, el Gobierno colombiano aprovechó el escenario para hacer un anuncio concreto, el país sumó nuevas hectáreas a la lista de suelos blindados para la producción de alimentos. La decisión vuelve a poner sobre la mesa una figura que generó respaldo en el sector campesino y fuertes cuestionamientos desde algunos sectores políticos.
Con la declaratoria en Falan, Tolima, el mapa de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (Appa) se amplía. Allí fueron incorporadas 11.703,07 hectáreas, una extensión que ahora queda bajo un régimen especial orientado a preservar su vocación agrícola.
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El efecto acumulado es significativo. Según el Ministerio de Agricultura, Colombia ya completa 140.147,07 hectáreas declaradas como Appa en distintos puntos del territorio nacional. La cifra consolida una política que busca frenar la pérdida de suelos fértiles en medio de presiones urbanísticas, extractivas y especulativas.
La cartera, encabezada por la ministra Martha Carvajalino, defendió este instrumento como una herramienta de política pública para garantizar la seguridad alimentaria. En palabras de la funcionaria: “Las Appa son un instrumento para que aquellos suelos que hoy están siendo trabajados para producir comida no estén al vaivén de la presión del cambio de uso del suelo. Muchos agricultores y campesinos han visto cómo el desarrollo urbano y la explotación del subsuelo desplazan la producción agropecuaria. Esta es una decisión de política pública para que los suelos de la vida se protejan como el patrimonio más importante que son”.
Más allá del anuncio puntual en Tolima, el grueso de las hectáreas protegidas se concentra en otras regiones. La Guajira lidera el listado con 79.782 hectáreas distribuidas en ocho municipios: San Juan del Cesar, El Molino, Villanueva, Urumita, La Jagua del Pilar, Distracción, Fonseca y Barrancas. En Antioquia, la declaratoria abarca 43.317 hectáreas en Concordia, Fredonia, Venecia, Jericó, Tarso, Salgar y Caramanta.
Cundinamarca también hace parte del esquema. En la provincia Sabana Centro, específicamente en Sopó y Nemocón, hay 5.344 hectáreas bajo esta categoría. Con la inclusión de Falan, Tolima se suma formalmente a la lista, completando el panorama nacional actual.
Las Appa tienen como propósito central proteger suelos con alta aptitud agrícola, evitando que cambien de uso hacia actividades distintas a la producción de alimentos. En términos prácticos, esto implica restricciones frente a proyectos que puedan alterar esa vocación, una medida que para el Gobierno resulta clave en el contexto de la reforma agraria y la transición hacia sistemas alimentarios más sostenibles.
No obstante, la figura no está exenta de controversia. Un grupo de congresistas radicó un proyecto de ley para eliminarlas, al considerar que podrían ser inconstitucionales y representar un riesgo para la autonomía territorial, la seguridad jurídica y los derechos de propiedad privada. El debate se trasladó al escenario legislativo, donde se enfrentan visiones distintas sobre el alcance de la intervención estatal en el uso del suelo.
Para el Ejecutivo, la discusión no se limita a un asunto normativo. En un país donde la expansión urbana y ciertas actividades extractivas redujeron áreas productivas, la protección de suelos fértiles se plantea como una apuesta estratégica. La intención es asegurar que la tierra destinada hoy a producir alimentos mantenga esa función en el largo plazo.
La Segunda Conferencia Internacional de la Reforma Agraria sirvió, así, como vitrina para reafirmar esa línea de acción. Mientras se cruzan argumentos jurídicos y políticos, el número de hectáreas declaradas continúa creciendo. El resultado es un mapa agrícola cada vez más delimitado por decisiones administrativas que buscan blindar la producción de comida, en medio de un debate que promete seguir abierto.
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