Puede o no Álvaro Uribe ser fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia: esto dice la ley tras la propuesta que causó revuelo

La posibilidad de que el expresidente pueda integrar una fórmula como vicepresidente en las elecciones presidenciales ‘resucitó’ la controversia sobre los límites legales que impone la Constitución de 1991 al regreso de los expresidentes al poder, al tiempo que evidenció lo que serían las primeras grietas al interior de La Gran Consulta por Colombia

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Álvaro Uribe fue presidente de
Álvaro Uribe fue presidente de la República entre 2002 y 2010 y se convirtió en el primer mandatario reelegido tras la promulgación de la Constitución de 1991, que sufrió una reforma para tal fin - crédito Colprensa

La posibilidad de que el expresidente Álvaro Uribe Vélez sea fórmula vicepresidencial en las próximas elecciones presidenciales, como lo habría insinuado el miércoles 25 de febrero la senadora y candidata del Centro Democrático Paloma Valencia, generó una intensa discusión en las redes sociales y ameritó una dura respuesta de la también aspirante Victoria Eugenia Dávila: que buscó ponerle coto a lo expresado por la congresista y esta posibilidad.

Hoy me levanté, después de todo este recorrido con el presidente Uribe, pensando que mi mejor vicepresidente sería él”, dijo Valencia, lo que causó una dura respuesta de la candidata independiente, que recordó cómo el mismo Uribe, con un mensaje en la red social X el 18 de julio de 2025, descartó de plano esa posibilidad. “no pondrá al país en esa ‘discusión institucional’. Eso es querer a Colombia de verdad y no prestarse para la politiquería”, sostuvo Dávila.

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En una declaración informal, Paloma Valencia revela su elección ideal para la vicepresidencia - crédito @PalomaValenciaL/X

Como era de esperarse, esta idea puso en el centro de la discusión las restricciones establecidas por la Constitución de 1991 como la estrategia de los líderes políticos para sortearlas. Un debate similar al que dio pie el exsenador, exembajador y candidato presidencial Roy Barreras, cuando anunció que su deseo sería que el actual mandatario, Gustavo Petro, fuera su compañero de fórmula en una eventual candidatura en la primera vuelta, el 31 de mayo.

La interpretación jurídica que sacaría de la ecuación al expresidente Álvaro Uribe

Desde la promulgación de la actual Carta Magna, Colombia reinstauró el cargo de vicepresidente, al eliminar la figura del designado a la Presidencia que rigió durante buena parte del siglo XX. Sin embargo, ningún exmandatario ha ocupado o aspirado formalmente a la vicepresidencia desde entonces, en una situación que tiene explicación directa en las reformas constitucionales implementadas en la última década frente a esta iniciativa que no ha prosperado.

En concreto, el Acto Legislativo 02 de 2015 modificó el artículo 197 de la Constitución y prohibió la reelección presidencial en todas sus formas. La disposición establece que ningún ciudadano que haya ejercido la presidencia puede volver a ser elegido para ese cargo bajo ninguna circunstancia y como el vicepresidente está llamado a suceder al mandatario en caso de falta temporal o absoluta, se evitó la posibilidad de habilitar -vía indirecta- la reelección.

Vicky Dávila aseguró que el
Vicky Dávila aseguró que el expresidente Uribe siempre es un hombre de palabra y por eso no tiene dudas de que el exmandatario no se prestará para la "politqequería" - crédito @VickyDavilaH/X

A su vez, según expresó el 16 de febrero el abogado Rodrigo Uprimny, experto constitucionalista, en el portal de la ONG Dejusticia, la incompatibilidad es evidente: el artículo 204 de la Constitución indica que para ser vicepresidente se requieren las mismas calidades que para presidente. Entre esas calidades negativas figura la de no haber ejercido previamente la presidencia, razón por la cual la hipótesis de una postulación de Uribe carece de sustento legal.

Uprimny recordó en su escrito cómo Barreras y Tomás Uribe, hijo del exmandatario, han argumentado que la prohibición de reelección impide exclusivamente volver a ser presidente, pero no contempla expresamente la incompatibilidad con la vicepresidencia. Reseñó cómo para ambos la ausencia de una cláusula específica permitiría considerar elegible como vicepresidente a un expresidente, dado que las inhabilidades deben interpretarse estrictamente.

Sin embargo, el jurista rechazó este razonamiento en su análisis publicado en Dejusticia, al reafirmar que la exigencia constitucional para el vicepresidente de cumplir todos los requisitos del jefe de Estado implica necesariamente la exclusión de cualquier expresidente. “Mientras exista la prohibición de la reelección presidencial, no pueden ser electos como vicepresidentes los expresidentes como Uribe, y menos aún, un presidente en ejercicio como Petro”, explicó.

Con este mensaje en X,
Con este mensaje en X, el expresidente Álvaro Uribe ya había rechazado, en julio de 2025, ser fórmula vicepresidencial en esta contienda - crédito @alvarouribevel/X

Álvaro Uribe ya había rechazado la posibilidad de ser fórmula vicepresidencial

Como se expresó, el propio Uribe zanjó la discusión con una declaración pública, en la que dejó sin piso cualquier insinuación al respecto. “No puedo considerar ser candidato a la vicepresidencia. No seré yo quien le cree al país una discusión institucional, justamente ahora que buscan acabar con las instituciones. Publico esta decisión, a pesar de estar afrontando un proceso judicial injusto que refleja la politización en algunas instituciones”, indicó el expresidente.

En consecuencia, la ley y la interpretación jurídica más sólida señalan que la postulación de Álvaro Uribe como fórmula vicepresidencial es inviable bajo el régimen constitucional actual, que se modificó -justamente- por iniciativa del último presidente que tuvo la posibilidad de reelegirse: Juan Manuel Santos, que tras imponerse en los comicios de junio de 2014 impulsó el cerrar la puerta para sus sucesores; en un acto que le ha reprochado el propio Petro.

“Santos me dejó con la posibilidad de llegar solo una sola vez a la presidencia”, expresó Petro el 1 de abril de 2025, con lo que expresó su rechazo a la prohibición expresa por mandato constitucional.

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